Del ministro Ernesto Murro me he ocupado desde estas páginas y siempre lo he hecho favorablemente. Es un hombre absolutamente propenso al diálogo, de cabecita abierta, que además sabe escuchar.

Del ministro Ernesto Murro me he ocupado desde estas páginas y siempre lo he hecho favorablemente. Es un hombre absolutamente propenso al diálogo, de cabecita abierta, que además sabe escuchar.

Luce objetivo, aunque tengamos que disentir con decisiones u opiniones que pueda adoptar; es la vida.

Pero el título de la nota responde a varios intríngulis que tiene entre sus manos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que deberá dilucidar.

Nos consta que al ministro lo ocupa el tema de la productividad. El pasado domingo 21, El País publicaba que el Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad se reunió en Madrid y apostó por “aumentar la productividad como requisito imprescindible para mejorar la equidad y el bienestar de los países de Iberoamérica”.

Aquí, en los lineamientos que el Poder Ejecutivo trazó para los consejos de salarios, la productividad prácticamente no es considerada. Es decir, da la impresión que no está inserta como una verdadera prioridad. Lo dijo el premio nobel Paul Krugman: “la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo”.

“Los sistemas humanos se mueven en la dirección de los temas que tratan y sobre los que preguntan, TODOS LOS DÍAS”; sobre la productividad habría que hablar todos los días.

Hay que fundar un INSTITUTO DE LA PRODUCTIVIDAD, que instruya en términos generales pero que instruya sobre todo a los negociadores en los Consejos de Salarios.

Sucede en el mundo… ¿por qué no aquí? En el sector que represento, los promotores privados de la construcción, sustancialmente en vivienda, el tema se aborda pero no termina de consolidarse y la eficiencia de la mano de obra deja que desear (la productividad también tiene que ser inherente al empresario, al director de obra, al Estado).

La ley de negociación colectiva es otro tema inherente al MTSS. El ministro Murro pidió una tregua al empresariado, que había presentado una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para intentar consensuar a las partes, pero el tema no avanza. Las cámaras empresariales objetan disposiciones de la citada ley, pero la misma no se ha modificado y no es la idea, que el asunto quede en agua de borrajas. A fines del año pasado, el ministro Murro hizo llegar algunas modificaciones que si bien son positivas, no cubren las expectativas de los empresarios. Y el Pit-Cnt, en lo posible, quiere dejar todo como está.

Además se ha objetado el tema vinculado a las ocupaciones. Para el gobierno y el sindicalismo, la ocupación es una extensión del derecho de huelga. Y eso no tiene ningún basamento jurídico. La Constitución lo que hace es reconocer a los trabajadores la legitimidad en su omisión de trabajar.

El decreto 165 del año 2006 (que refiere a la ocupación), avasalla la Carta Magna: le permite a los trabajadores actuar por la vía de los hechos, ocupar y obstaculizar al empresario en la posesión de sus bienes, intentando amordazar la voluntad del mismo para que se avenga a los reclamos de los trabajadores en conflicto. A mayor abundamiento: ¿qué norma habilita entender que también es huelga el despojo de la posesión de los bienes ajenos o impedir a otros trabajadores (los que no adhieren a la huelga), el desarrollo de su actividad laboral?

Se violan derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, entre otros.

Eliminar sin más trámite, lo inherente a este tema en el decreto 165, sería de orden.

Finalmente, el tercer flanco obedece a los lineamientos que el Poder Ejecutivo expuso el pasado año y con dicho marco se cerraron varios convenios en el 2015, con la novedad en el nuevo año que el Instituto Cuesta Duarte quiere una revisión, habida cuenta de la inflación que no cede.

Nadie propugna ni quiere la caída del salario real; en todo caso, hay que desvelarse para que eso no suceda. Pero de allí a pretender un aumento del mismo con el contexto en el que estamos, es jugar con fuego. Porque aquí el problema que entra a tallar será el mantenimiento del empleo y no estoy siendo nada original afirmando dicho pensamiento.

En la construcción privada, muchos promotores tienen terreno comprado pero no están dispuestos a iniciar obra alguna (ni vivienda de interés social ni promoción privada tradicional) hasta ver cómo se dilucida el convenio del sector que vence a fines de setiembre.

Propender al equilibrio, al sentido común y a la confianza recíproca entre los actores es un caro anhelo y el Ministerio de Trabajo deberá ser garante de esas buenas intenciones.

¿Tendremos la madurez para ello?