Nuestro país tiene distintos estereotipos que están enquistados en la idiosincrasia nacional. Por ejemplo, somos de vociferar eslóganes sin sustento alguno; u opinamos ligeramente de todo sin un estudio minucioso de la situación. Abundan ejemplos.

Nuestro país tiene distintos estereotipos que están enquistados en la idiosincrasia nacional. Por ejemplo, somos de vociferar eslóganes sin sustento alguno; u opinamos ligeramente de todo sin un estudio minucioso de la situación. Abundan ejemplos.

Vamos al grano; algunos actores de la política (sustancialmente izquierda no socialdemócrata), más algún integrante de Fucvam, insisten con que las exoneraciones fiscales otorgadas por la ley de vivienda de interés social a los promotores privados, deberían eliminarse ya que el Estado ha perdido mucho dinero. Brecha escribió que eran 600 millones de dólares. Dicha cifra no se ajusta a la realidad ni cercanamente, pero además vamos a refutar dicho concepto, por otro que es su antítesis.

El promotor privado de la construcción, sustancialmente refiriéndome a la vivienda, es el que con su dinero invierte en la ciudad y financia, diseña y construye lo que edifica, sobre todo edificios en propiedad horizontal.

Tradicionalmente ha construido donde más le redituaba: en la costa y sus adyacencias.

Allá por el año 2010, antes de asumir el presidente Mujica, comenzó a notarse que la oferta en la costa era bastante abrumadora y la demanda no actuaba en consecuencia. Eso motivó que la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu), pergeñara alguna alternativa para comenzar a construir en zonas donde prácticamente el promotor nunca había ido. Verbigracia, los barrios centrales de Montevideo, donde no se construía porque sencillamente no era redituable.

Lo cierto es que el gobierno de la época actuó diligentemente, se trabajó de consuno los privados con la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y la ley salió votada por todos los partidos políticos. Nadie dijo que esta ley iba a favorecer (por lo menos en ese momento), a los extractos sociales más pobres de la población. Viene a cuento porque hoy esa objeción está planteada. Y lo cierto es que hay que poner pensamiento (sabemos que la gremial de promotores ha hecho alguna propuesta), para que eso pueda revertirse o paliarse.

Pero el meollo de este relato viene a cuento porque antes de la ley, no había construcción en los citados barrios centrales de la ciudad. Ni en el Cordón, ni en la Aguada, ni en el Reducto, ni en La Blanqueada. No se generaba nada, ni inversión ni trabajo.

Entonces cuando no había nada ni atisbo de que hubiese, no puede decirse ligeramente que el Estado resigna dinero de sus arcas fiscales. El Estado no resignó nada porque nada había y muy por el contrario, ahora dicho Estado gana dinero. Gana porque el promotor que construye vivienda de interés social paga el aporte unificado de la construcción, que por cierto es oneroso. Gana porque sí pagan todos los impuestos las empresas constructoras, los subcontratistas, barracas, profesionales, todos vinculados a la citadas viviendas. El asesor financiero de Appcu, Cr. Alfredo Kaplán, lo traduce en números: entre IRAE e Impuesto al Patrimonio para 10.000 viviendas de interés social, se estima que por estos conceptos se recaudan más de 40 millones de dólares en el período de construcción de las citadas viviendas, ingreso que antes de la ley el Estado no lo contaba.

Entonces no solamente el Estado NO pierde dinero (por las exenciones fiscales), sino que lo gana. Pero gana además en aspectos complementarios y no menores: hay trabajo y consecuentemente gente empleada. Se estima que la construcción de vivienda de interés social en la actualidad está generando alrededor de 10.000 puestos de trabajo (en momentos además de contracción en la industria de la construcción) y se estima que por cada obrero directo en obra, hay uno indirecto.

Gana porque la ciudad se moderniza, se aprovecha la infraestructura existente, amplía la oferta de unidades para alquilar, evita que se satu- re la vivienda sobre la costa como ha ocurrido en otros años. La presentación de las 13.000 viviendas en la ANV implica una inversión de US$ 1.300.000.000 (mil trescientos millones de dólares por parte de los promotores privados). Y dicha inversión se traduce en más de 433 millones de dólares en retribuciones salariales y más de 250 millones de dólares en leyes sociales.

Que la ley es perfectible, por supuesto. Que la misma no colmó las aspiraciones del espectro social más bajo, también, pero de allí a proferir tanta versión falaz hay un abismo.

Tal vez el sesgo ideológico anticapitalista marcado a fuego en algunos grupos, les distorsiona la realidad y los hace proferir sandeces contra una virtuosa ley. ¿Por qué lo hacen? ¿Será por ignorancia de todo lo que encierra la ley, o habrá otros motivos que no se precisan y lamentablemente oscurecen una actividad y un negocio claros con beneficios múltiples?