La decisión del presidente Donald Trump de deportar hasta 800.000 jóvenes inmigrantes de un plumazo si el Congreso no encuentra una solución a su situación migratoria en seis meses, pasará a la historia como una de las acciones más crueles de cualquier presidente de los Estados Unidos. Será recordada como algo parecido al envío de los japoneses-estadounidenses a campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

La orden de Trump sobre los “soñadores” -o los jóvenes inmigrantes que fueron traídos al país de niños por sus padres indocumentados- es moralmente repugnante por varios motivos.

La decisión del presidente Donald Trump de deportar hasta 800.000 jóvenes inmigrantes de un plumazo si el Congreso no encuentra una solución a su situación migratoria en seis meses, pasará a la historia como una de las acciones más crueles de cualquier presidente de los Estados Unidos. Será recordada como algo parecido al envío de los japoneses-estadounidenses a campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

La orden de Trump sobre los “soñadores” -o los jóvenes inmigrantes que fueron traídos al país de niños por sus padres indocumentados- es moralmente repugnante por varios motivos.

En primer lugar, contempla deportar a cientos de miles de jóvenes que no son culpables de la decisión de sus padres de mudarse a Estados Unidos sin documentos migratorios, y que para todos los fines prácticos son los estadounidenses.

El 97 por ciento de ellos estudian o trabajan, el 45 por ciento está en la escuela secundaria o la universidad, y algunos de ellos -como el surcoreano Jin Park- estudian biología molecular en Harvard.

Tomás Pindola, un “soñador” de origen argentino de 26 años que fue traído a este país a los 10 años, es profesor de química en la Academia MAST de Miami, en las escuelas secundarias más prestigiosas de la ciudad. Aunque su vida no estaría en peligro si fuera deportado, otros que nacieron en Honduras, Venezuela o en otros países con altas tasas de homicidio, podrían terminar muertos, le dijo a la agencia de noticias France Press.

Al menos un “soñador”, Alonso Guillén, de 31 años, murió en Houston la semana pasada mientras trataba de rescatar a las víctimas del huracán Harvey. Guillén, que nació en México, viajó a más de 100 millas desde Lufkin, Texas, a Houston para ayudar a evacuar a las víctimas del huracán, informó el Houston Chronicle. Su barco se estrelló contra un puente mientras él y dos amigos trataban de rescatar a personas atrapadas en un edificio de apartamentos. Su cuerpo fue encontrado flotando en el agua el domingo.

Muchos de los “soñadores” son más patriotas que Trump: pagan sus impuestos (algo que todavía no sabemos hasta qué punto hace el señor presidente), sirven en el ejército de los Estados Unidos (lo que Trump nunca ha hecho) y no han hecho declaraciones públicas racistas (como lo hizo Trump cuando dijo que la mayoría de los inmigrantes indocumentados mexicanos son “criminales” y “violadores”).

Lo que hizo que la decisión de Trump sea aún más nauseabunda, fue el hecho de que vino poco después de que el presidente se negara durante dos días a condenar a los grupos neonazis en Charlottesville, y de su más reciente decisión de perdonar al sheriff Joe Arpaio. El sheriff fue condenado por desacato al ignorar la orden de un juez de que dejara de arrestar a inmigrantes indocumentados sin seguir los procedimientos legales.

Trump y sus amigos de Fox News sostienen que los soñadores deben ser deportados porque Estados Unidos es un país de leyes. Sin embargo, Trump perdonó a Arpaio, un criminal convicto, pero no perdonó a los 800.000 jóvenes respetuosos de la ley que estaban tratando de vivir el sueño americano.

Uno de los efectos secundarios más peligrosos de la decisión de Trump es que enviará un mensaje tácito de que no conviene confiar en el gobierno de Estados Unidos. Estos jóvenes confiaron en el gobierno de Estados Unidos cuando se inscribieron en DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) el programa gubernamental por el que se postergaba su deportación. Dieron sus nombres y direcciones bajo la promesa de que toda “la información proporcionada en esta solicitud está protegida de su divulgación” a autoridades migratorias.

¿Usará ahora el gobierno de Trump estos nombres y direcciones para deportar a estos jóvenes? ¿Qué tipo de precedente sentará esto para las promesas futuras del gobierno?

Si la Casa Blanca pidiera a los 11 millones de indocumentados denunciar amenazas terroristas a la policía bajo la promesa de que no se tomarían medidas migratorias contra ellos, ¿alguien podría culparlos de no hacerlo?

Estamos presenciando una tragedia humana delante de nuestros ojos. Sólo podemos esperar que el Congreso actúe para revertir uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de este país.