Álvaro Ahunchain
Álvaro Ahunchain

Presos del ocio

Desde que la senadora Verónica Alonso y el diputado Pablo Iturralde anunciaron su proyecto de ley de empleo obligatorio para las personas privadas de libertad, se alzan voces de distintos juristas que entienden que nadie puede ser compelido a trabajar contra su voluntad, sin contravenir convenios internacionales.

Desde que la senadora Verónica Alonso y el diputado Pablo Iturralde anunciaron su proyecto de ley de empleo obligatorio para las personas privadas de libertad, se alzan voces de distintos juristas que entienden que nadie puede ser compelido a trabajar contra su voluntad, sin contravenir convenios internacionales.

Para superar ese escollo, la senadora apunta a una batería de propuestas que incluye beneficios fiscales a las empresas que ocupen a los reclusos, y estímulos concretos para facilitar su opción laboral. Positivas experiencias como las del polo industrial de Santiago Vázquez y la cárcel de Punta de Rieles avalan tal iniciativa.

Llama la atención el celo excesivo de quienes se oponen a la idea con motes como “trabajo forzado” o “mano de obra esclava”, cuando es en la situación actual de ocio, hacinamiento y violencia, que se incumple groseramente el ar- tículo 26 de la Constitución: “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.

Hay un añejo lugarcomunismo intelectual que interpreta la actividad delictiva como única salida a la injusticia social o rebeldía contra el statu quo. Su expresión más acabada es aquella canción de Daniel Viglietti en homenaje al “Chueco” Maciel, un Robin Hood que repartía lo robado en los asentamientos y fue ultimado por la policía en 1971.

Pero la realidad delincuencial de hoy es muy diferente. No se origina ni en la pobreza ni en la indigencia, abatidas en la última década con generosas transferencias de recursos públicos. Se halla más bien en una cultura del delito que impregna determinados sectores, donde fracasa la política educativa y reinan los narcos. Un veneno que se derrama en todos los niveles sociales, a caballo de la viveza criolla y la corrupción populista de alta gama.

Imposible olvidar al extinto Fernández Huidobro cuando dijo, ocupando un cargo ministerial, que la culpa de la inseguridad pública la tenían las agencias de publicidad (sic), porque de tanto estimular el consumo, incitaban a los muchachos a robar para poder comprarse championes de marca…

Con tan desatinado prejuicio ideológico impartido desde el poder, no es extraño que se multiplique la gente con vocación “expropiadora”. Es la contracara de la cultura de trabajo, reivindicada con acierto por el presidente Vázquez al asumir en 2015, pero que no logra cuajar en un país donde hasta el ministro de esa área minimiza la gravedad de que una empresa estatal haya pagado retribuciones en negro.

A nivel de la opinión pública, hay distintas respuestas a qué hacer con la creciente población carcelaria, que hoy supera las 11.000 personas, muy por encima de la media internacional. Algunos desean que sufran las peores condiciones de reclusión, en un ánimo de vendetta que sería (ya es) contraproducente. Otros, en el extremo opuesto, reivindican sus supuestos “derechos” con una ingenuidad digna de mejor causa: defienden que hagan lo que quieran, que no estudien ni trabajen si eso les molesta, como si la sociedad no tuviera la potestad de exigirles un proceder compensatorio del daño que le causaron.

Tal vez no sea ni tan ambicioso ni tan autoritario crear las condiciones para que deban dedicar ocho horas al trabajo y ocho al estudio, cada día. Sería bueno para el país y lo mejor para ellos mismos.

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