El hecho generó un breve escándalo, que se disipó enseguida cuando las autoridades del Banco de Seguros del Estado pidieron disculpas y se comprometieron a que no volvería a ocurrir.

A principios de noviembre, una convocatoria de aspirantes a cargos públicos siguió un curioso procedimiento: las personas de raza negra eran agrupadas y etiquetadas con autoadhesivos rojos. La noticia mereció comentarios en las redes, difusión en los medios masivos y una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Los funcionarios justificaron su accionar en la necesidad de ordenarse para cumplir con la ley N° 19.122, que establece un cupo de 8% de los puestos de trabajo para afrodescendientes. Leyendo esa ley nos encontramos con la sorpresa de que en otro de sus artículos, se establece lo mismo para los cursos de capacitación que brinda Inefop, con la significativa diferencia de que en ese caso se habla de un cupo "no inferior" al referido porcentaje. O sea que para capacitar a las personas de raza negra la ley no establece un límite, pero para darles trabajo sí. Con la pretensión de promover la equidad lo que se hace es consolidar la discriminación, porque se garantiza un 92% de puestos de trabajo para blancos, independientemente de los talentos y virtudes de los aspirantes, cualquiera sea su color de piel.

Es lo que tiene el mágico mundo de las llamadas "cuotas": en lugar de tomar al toro por las astas en el combate al origen de la discriminación, se lavan culpas agarrándola por la cola.

Lo que necesitan las minorías étnicas y sexuales no es una ley que les asegure una proporción marginal de fuentes de trabajo. Deben recibir una protección legal eficiente y rápida, y una educación que los convierta en ciudadanos libres y capacitados para obtener las oportunidades por sus méritos y no como una concesión caritativa.

Cuando se empezó a hablar de estos mecanismos discrecionales se los denominó "discriminación positiva", pero enseguida se comprendió que se trataba de una contradictio in terminis. Los militantes de la corrección política, que siempre optan por respuestas superficiales a problemas complejos, se dieron cuenta e incurrieron en su otra práctica habitual: rebuscar el lenguaje para hacerle decir lo mismo pero de una manera más amable. De ahí surgió el concepto "acción afirmativa" que, claro, suena mucho mejor, aunque signifique lo mismo.

Pero ni una ni otra denominación ocultan lo obvio: la voluntad bien intencionada pero infantil de pintar la pared sin haber erradicado la humedad.

El antropólogo Nicolás Guigou contaba que en recientes investigaciones por el interior profundo, recibió testimonios de maestras que explicitaban un diferente grado de exigencia con los niños, según su color de piel. Más o menos decían que "al que es negro, le alcanza con aprender a leer y escribir". Puede parecer increíble, pero es así. Cuando ese niño crece, lo que hace el mismo sistema es asegurarle un premio consuelo por cuota racial en un empleo público. ¿Esto es igualdad de oportunidades? No. En un país libre, con un Poder Judicial independiente y una legislación de avanzada, el color de la piel y la orientación sexual no son deméritos a corregir artificialmente.

El problema es la pobreza. Y el Estado está para ayudar a los ciudadanos a salir de ella con las únicas armas verdaderas: educación de calidad y trabajo digno.