Álvaro Ahunchain
Álvaro Ahunchain

Destruir el futuro

Uno de los raros privilegios que me dio la vida fue presenciar, como periodista, el emotivo discurso que dio Líber Seregni desde el balcón de su apartamento, la noche de 1984 en que fue liberado de prisión.

Uno de los raros privilegios que me dio la vida fue presenciar, como periodista, el emotivo discurso que dio Líber Seregni desde el balcón de su apartamento, la noche de 1984 en que fue liberado de prisión.

Puedo decir con orgullo que estuve ahí cuando el general dijo, amplificado por un pequeño megáfono, “fuimos, somos y seremos una fuerza constructora. Obreros en la construcción de la patria de futuro que soñamos”. Por eso es muy difícil comprender cómo pudo ocurrir que, tres décadas después, veamos a la fuerza política por la que él tanto luchó, insistiendo en propuestas destructoras del futuro.
Paso a detallarlas.

De cara a la rendición de cuentas, algunos sectores del FA insisten en la presión para eliminar la exoneración a las empresas que realicen donaciones a universidades privadas. He llegado a escuchar a un diputado oficialista enojarse porque la Universidad Católica recauda el cupo máximo que autoriza la ley, como si tener éxito en lo que le está permitido fuera de por sí una conducta irregular. En el mismo momento en que el Claeh alcanza, por fin, el estatus de Universidad, esta institución creada y desarrollada entre otros por el fundador del FA, Juan Pablo Terra, queda en la mira de estos catones, que impulsan privarla de recursos relevantes para su consolidación y mayor inclusión estudiantil.

Otra.

Los correos electrónicos entre escritores están al rojo vivo, porque nos hemos enterado que vuelve a la carga el lobby de Creative Commons, la fundación creada por Google para ahorrarle la molestia de pagar derechos de autor por los textos que comparte. La idea demencial de desconocer este derecho básico, único pago que recibe el creador por su obra, ya había sido aventada por una trabajosa negociación que el año pasado reunió a escritores, editores, impulsores de la propuesta y hasta el Pit-Cnt. Pero ahora parece que como el MEC no participó de aquel acuerdo, una persona que lo asesora, más sensible a la multinacional que a nuestros trabajadores de la cultura, quiere echarlo por tierra y liberar las fotocopias y reproducciones ilegales. El objetivo parece loable: que los libros estén al alcance de más gente. Pero para eso está el Estado, que debe comprarlos como corresponde, en lugar de pretender que escritores y editores los produzcan en forma honoraria. Como bien ha dicho la autora Cecilia Curbelo en estos días, es como si se pusiera por delante que todos los uruguayos tienen derecho a la salud, como excusa para obligar a los médicos a trabajar gratis.

Otra.

La senadora Topolansky ha acusado a la editora Claudia Garín de idear una conspiración contra su sector político (junto a este diario, cuándo no). El motivo: las gravísimas denuncias de María Urruzola en el libro sobre Fernández Huidobro. Hacía mucho tiempo que un parlamentario no la emprendía de manera tan burda contra un gestor cultural, pero hay gente que sigue sin entender que el buen nombre se defiende en la justicia y no enchastrando ni amenazando al prójimo, desde el poder.

Otra.

La senadora Constanza Moreira ha propuesto, sin pudor alguno, que habría que castigar a los médicos que manifiestan objeción de conciencia para la interrupción de embarazos. Con singular ingenio, sugiere trancarles sus ascensos o el acceso a cargos docentes. Le agrego una idea a la senadora: que restituya las categorías de ciudadanos A, B y C, tan efectivas en otros tiempos…

Pobre Seregni. Cuánta destrucción de la democracia y el republicanismo se propone en su nombre.

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