Alberto Benegas Lynch
Alberto Benegas Lynch

Qué es la discriminación

Vivimos épocas de confusión en distintos planos y uno de los factores que la impulsan consiste en el uso ambiguo de ciertas palabras clave. Según el diccionario de la Real Academia Española, discriminar significa separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra.

Vivimos épocas de confusión en distintos planos y uno de los factores que la impulsan consiste en el uso ambiguo de ciertas palabras clave. Según el diccionario de la Real Academia Española, discriminar significa separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra.

De esta definición aparecen dos aplicaciones que abarcan dos andariveles que aluden a ámbitos bien distintos. Por un lado, la discriminación en la esfera privada, es decir, los de la vida cotidiana: discriminamos qué libros leeremos, qué amigos preferimos, qué carreras universitarias nos atraen, qué comidas nos alimentarán, a qué producciones cinematográficas asistiremos, con quién nos asociamos, qué personal contrataremos, cuál será nuestro abogado etc. En este sentido, no hay acción humana sin discriminación. Estas son entonces discriminaciones necesarias para desenvolvernos en la vida. Si no mostramos preferencia o elección entre las diversas posibilidades con las que nos enfrentamos, desaparece la posibilidad de sobrevivir. Por otra parte, en una sociedad abierta, el aparato de la fuerza que denominamos gobierno no puede discriminar sin violar la igualdad ante la ley, entendida ésta como anclada en la justicia, en otros términos, el “dar a cada uno lo suyo”.

Sin embargo, como queda dicho, se confunden conceptos de tal manera que resulta que allí donde a los individuos se les debe abrir de par en par las puertas para la legítima discriminación se conculcan sus derechos al no permitir que procedan como mejor les parezca, resulta que el gobierno está de hecho discriminando en el peor sentido de la expresión.

Por todo esto es que resulta necesario insistir una vez más en que el precepto medular de una sociedad abierta es que la igualdad de derechos es ante la ley y no mediante ella, puesto que esto último significa la liquidación del derecho, es decir, la manipulación del aparato estatal para forzar seudo derechos que siempre significan la invasión de derechos de otros, quienes, consecuentemente, se ven obligados a financiar las pretensiones de aquellos que consideran que les pertenece el fruto del trabajo ajeno. Ilustro el tema con lo que escuché días pasados por la radio en Buenos Aires. El locutor expresó que una señora, dueña de una casa en la zona costera, instaló un aviso en el que anunciaba que ponía su vivienda en alquiler durante la temporada veraniega con la condición que el inquilino fuera vegetariano. Consignaba en el aviso de marras que los residuos de la carne atraían microbios que deseaba evitar. Encontramos aquí que todos los miembros del equipo que trabajan en el programa radial pusieron el grito en el cielo y la condenaron sin piedad. Manifestaron que esa actitud era “discriminatoria” y había que aplicarle las normas correspondientes y no permitir semejante propuesta de alquiler.

Hubo llamados de radioescuchas que se plegaron a las invectivas de los conductores (por lo menos los que se pasaron al aire). Una señora muy ofuscada levantó la voz y señaló que debía detenerse a quien hubiera sido capaz de una iniciativa de esa índole puesto que “actitudes como la discutida arruinan la concordia argentina”. Otro fulano, que dijo ser ingeniero con experiencia en operaciones inmobiliarias de envergadura, espetó que habría que confiscarle la propiedad a la autora de “semejante anuncio”. Y así siguieron otras reflexiones patéticas y dignas de una novela de terror, sin que nadie pusiera paños fríos.

Esta inversión de valores en cuanto a que se aprueba la discriminación necesariamente destructora de los derechos por parte de los gobiernos que teóricamente están encargados de velar por su protección, se opone a que se vea con malos ojos la discriminación de lo que cada uno hace con lo propio. Este es uno de los canales por los cuales sucumbe la sociedad libre puesto que significa la eliminación del respeto recíproco.

Una de las grandes ventajas de los mercados libres es que al consumidor no le resulta relevante si los que produjeron el producto que prefiere resulta ser alto, bajo, de tal o cual religión o color de piel.

Lo decisivo es que el producto resulte de buena calidad y a precio atractivo. Esto desde luego no excluye que quien contrata deba decidir sobre los criterios respectivos: para determinadas faenas puede preferir mujeres atractivas u hombres con fuerza física, lo cual es habitualmente considerado como una “inaceptable” actitud discriminatoria. Si quien contrata se encapricha en seleccionar personal en base a criterios ineficientes, asumirá la responsabilidad de su acción.

Otra ilustración de las consecuencias de la malsana discriminación consiste en la legislación promulgada para “el cupo femenino” en el Congreso. Esto constituye una afrenta para la mujer puesto que a través de la violencia del aparato gubernamental se impone una discriminación que atenta abiertamente contra la igualdad ante la ley y los votos que se hubieran obtenido. Lo mismo va para los “cupos universitarios” que en ciertos lugares obligan a las casas de estudios a que se acepten en determinadas proporciones personas de diversa procedencia. Igual que en el primer caso donde se contradice lo que hubiera dictaminado el proceso electoral, además, estas disposiciones deterioran los resultados, es decir los niveles de excelencia académica. Finalmente, en este contexto es pertinente subrayar la inadmisible discriminación gubernamental al otorgar privilegios y mercados cautivos a los mal llamados empresarios que en alianza con el poder político de turno explotan a la gente a través de calidades inferiores, precios más altos o las dos cosas al mismo tiempo, respecto de lo que hubiera ocurrido en competencia.

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