Esta vez le tocó a Mario Bergara, pero prácticamente no hay político ni comunicador a salvo de ese riesgo.

Esta vez le tocó a Mario Bergara, pero prácticamente no hay político ni comunicador a salvo de ese riesgo.

Un chiste malo, lanzado inofensivamente en medio de una disertación sobre economía, disparó un escandalete desproporcionado que tuvo su epicentro, cuándo no, en las impiadosas redes sociales. Enseguida el tema se tiñó de un torpe partidarismo: los que se rasgan las vestiduras cuando el exabrupto es de un opositor, a este le restaron importancia, y viceversa. La verdad es que a partir del momento en que el jerarca pide disculpas, no habría nada más que decir. Lo desagradable es volver a comprobar la fascinación de cierta gente por desollar al prójimo cuando se equivoca, una costumbre que ha devenido en deporte nacional.

Esa corrección política extremista, que acusa de fomentar la violencia de género a quien bromea con que la esposa es “un mal necesario”, suele ir de la mano de una pasmosa incapacidad de reaccionar ante las agresiones verdaderas que sufren, aquí y ahora, las mujeres de carne y hueso.

Porque en el mismo día en que los catones de la moral se ensañaban contra el funcionario, el sitio web de Subrayado informaba que a una señora con su pequeña hija, huyendo de un marido golpeador, le negaron refugio en el Mides. Ante la intermediación de una periodista de canal 10, la respuesta del personal del ministerio fue “Yo no me la puedo llevar a mi casa, ¿vos te la llevás a la tuya?”.

Gracias a la difusión pública del hecho, ahora se informa que encontraron un destino para ellas. Pero asombra y entristece la incapacidad del Estado en cumplir una función que le es esencial. En estos días también se supo que el INAU estaba advertido del maltrato que sufría la adolescente Camila, pero el “seguimiento” del Instituto no fue suficiente para evitar un desenlace atroz.

La ineficacia del Estado en impedir estas tragedias parece estar naturalizada. Las víctimas fatales de violencia doméstica que habían denunciado previamente su situación, no son casos aislados: son la constante. La policía pasa la pelota a los jueces y estos a la policía, pero las mujeres siguen cayendo.

En la campaña hacia la elección de mayo de 2015, el candidato Álvaro Garcé había propuesto convertir en refugios distintas propiedades de la intendencia. La respuesta del gobierno en ese momento fue que ya existían suficientes, que no era necesario. Días después, distintas organizaciones civiles desmintieron tanto optimismo. Y el fin de semana pasado, la referida señora y su hija quedaron bajo lluvia y granizo, por la misma causa.

Uno escucha las explicaciones de las autoridades y parece que estuviéramos en otro mundo. Echan mano a un vocabulario iniciático que nunca falta: “transversalización”, “abordajes inclusivos”, “todos y todas” y un interminable edificio de palabras que no parecen compadecerse con los resultados. Aportan ideas estrafalarias, como recomendar a los docentes que hablen de sus orientaciones sexuales en clase, para combatir la “heteronormatividad”. O promover entre los alumnos la belleza del “pelo crespo”, contra supuestos modelos estéticos de la raza blanca. También instituyen premios en dinero a los humoristas que no se burlen de sus suegras. Es toda una inconmensurable pérdida de tiempo, que corre paralela al descuido de la función básica de todo estado: promover la educación y garantizar la salud y seguridad, con especial énfasis en los ciudadanos más vulnerables.