Secularmente desde que se formaron hace más de 400 años los estados nacionales, el Derecho Internacional Público —la comunidad internacional— ha considerado que para reconocer como legítimo a un estado y a un gobierno, se requieren por lo menos dos requisitos. Uno es el pronunciamiento del gobierno de ese estado nacional de que respetará sus obligaciones internacionales. El otro reza que para el reconocimiento aludido el gobierno debe de ejercer indudablemente la autoridad —expresión cabal del ejercicio del gobierno— en relación a su pueblo y a su territorio.

Secularmente desde que se formaron hace más de 400 años los estados nacionales, el Derecho Internacional Público —la comunidad internacional— ha considerado que para reconocer como legítimo a un estado y a un gobierno, se requieren por lo menos dos requisitos. Uno es el pronunciamiento del gobierno de ese estado nacional de que respetará sus obligaciones internacionales. El otro reza que para el reconocimiento aludido el gobierno debe de ejercer indudablemente la autoridad —expresión cabal del ejercicio del gobierno— en relación a su pueblo y a su territorio.

La población nacional tiene la sensación de que el Estado no ejerce su autoridad adecuadamente y todos los días surgen hechos que revelan la descomposición social y a las fuerzas del orden superadas por la ola delictiva. Pasan muchas cosas que no se conocen. Otras como la lesión a un diplomático para robarle en la rambla, o el asesinato de un delincuente que se protegió tomando como escudo a una joven mujer en un ómnibus, inmersas en un alud de hechos que dejan lesionados y muertos, lleva a que se tenga miedo a andar por la calle. Y, en este marco la propuesta de un partido político de mantener al frente del Ministerio del Interior a Bonomi y Vázquez, como ministro y subsecretario respectivamente, no es un dato alentador. Más bien anuncia un padecimiento a continuar en el futuro inmediato si el oficialismo triunfa en las próximas elecciones. La psicosis está instalada en la población.

El tema de la seguridad pública, es cuestión urbana, de la ciudad, y hoy lo es también del medio rural. Ya no queda gente que no haya —hayamos— padecido del crimen, y si a alguien no le pasó nada, algo ocurrió a un familiar cercano, a un amigo o al vecino. En este punto las estadísticas que quienes administran al estado uruguayo manejan se equivocan, porque la gente normalmente no denuncia lo que le pasa. Sea porque no tiene confianza en los institutos policiales, sea porque no cree que hacer la denuncia tenga utilidad alguna, sea porque hacer la denuncia de agresiones padecidas le puede provocar la venganza de los delincuentes del barrio o el paraje, que todos saben quienes son y es preferible no denunciar, sea porque las leyes penales y el Poder Judicial, no representan para el pueblo garantía de aplicación dura y clara de La Ley, o por otros motivos. Hay muchos más delitos de los que el gobierno nacional maneja en sus consideraciones numéricas.
La administración nacional de una sociedad políticamente organizada, constituida en estado nacional, debe ejercer la autoridad pública en todo el territorio nacional y respecto de todos sus habitantes.

Ante una república pequeña en espacio y población, razonablemente controlable, si se sufra de la enfermedad que se menciona, es porque el gobierno tiene que tener actitud ante el crimen. Del ejercicio de la acción legítima del gobierno nacional en defensa de los ciudadanos honestos. Y, en el Frente Amplio ha habido secularmente una justificación del delito en base a argumentos sociales que lo explican. Pero, delincuencia existe en todas las sociedades incluidas las de mejor nivel de vida y la respuesta es allí la de ejercer la autoridad estatal sin vacilaciones. Mientras en ésto estamos, se ha legalizado la marihuana y hasta se habla en el partido de gobierno de reglamentar el uso de otras drogas como la cocaína. Parece por sentido común que tales lineamientos van en contra de un orden público previsible y pacífico.