El Banco Central del Uruguay acaba de sancionar al Banco República por la constatación de irregularidades en su gestión del año 2012 —entre las que se encuentra el famoso aval que se otorgó a la empresa Cosmo para participar en la subasta de los aviones de Pluna— en una suma equivalente a los 80.000 dólares. Según se informó, se trata de una de las multas más duras que el Central ha impuesto en los últimos años a instituciones financieras y bancarias.

El Banco Central del Uruguay acaba de sancionar al Banco República por la constatación de irregularidades en su gestión del año 2012 —entre las que se encuentra el famoso aval que se otorgó a la empresa Cosmo para participar en la subasta de los aviones de Pluna— en una suma equivalente a los 80.000 dólares. Según se informó, se trata de una de las multas más duras que el Central ha impuesto en los últimos años a instituciones financieras y bancarias.

Realmente una bicoca: arrasar con claras y severas disposiciones que rigen algo tan delicado como es la actividad bancaria y recibir como única sanción una multa de 80.000 dólares (y que conste que según parece había otras irregularidades en el paquete) puede ser mucha plata y una advertencia ejemplar en el caso de algún particular o una mediana empresa, pero parece una recompensa si se piensa en una institución que mueve millones de dólares y que, quizás, la violación de las normas le significó utilidades muy superiores a la sanción o perjudicó seriamente la imagen del país.

Si algo puede rescatarse, es que la decisión del BCU será un nuevo elemento —de carácter técnico y de origen insospechado— para las actuaciones que viene llevando a cabo la Justicia del Crimen Organizado en la burda teatralización de la crisis de Pluna en sus distintos capítulos.

Lo del aval (aquello que el incombustible presidente del BROU, Fernando Calloia, calificara como “la garantía perfecta”), ha sido y es especialmente grave, por lo que significó y por lo que puso en riesgo. Existe en el BCU un conjunto de disposiciones comprendidas bajo el título de “Protección del Sistema Financiero contra Actividades Ilícitas”, con especial mención al Lavado de Activos (narcotráfico) y Financiamiento del Terrorismo. Es decir, hay una minuciosa reglamentación para defender al país de actividades tan letales como el narcotráfico y el terrorismo, que se desparraman por el mundo como una gangrena y frente a las cuales se levantan muros jurídicos, celosamente cuidados, para contenerlos. Han sido adoptadas como protección de la seguridad nacional e incluso de otros países que pueden ser afectados por la falta de controles pertinentes, lo que llevaría a reclamos y a un franco deterioro de la imagen de seriedad uruguaya.

Allí se exige que las instituciones financieras (Banco República, por ejemplo), deben tener un cabal conocimiento de sus clientes. En tal sentido, su identificación, su domicilio, sus estatutos, su debida y acreditada representación, la descripción de sus actividades, la información económica financiera que se acompase con la operación a realizar, su estructura de propiedad, son todos elementos necesarios para que alguien (persona física o jurídica) , pueda operar. La pregunta es obvia: ¿cómo pueden haberse cumplido todos estos requisitos en el caso de un “cliente” que las autoridades, no ya del BROU sino incluso del Ministerio de Economía, reconocieron no tener idea de su existencia anterior y que, de no haber venido recomendado (López Mena), ni siquiera lo hubieran atendido? ¿Un “cliente” que apareció como salido de la galera de un gran mago pocas horas antes de la subasta, se le puso alfombra roja y se le abrieron todas las puertas?

La respuesta es, también, obvia: se violaron todas las previsiones bancocentralistas para la Protección del Sistema Financiero contra Actividades Ilícitas. Las defensas estructuradas por la máxima autoridad monetaria contra el narcotráfico y el terrorismo cayeron ante una simple llamada telefónica, al estilo de una moderna republiqueta marihuanera. Servicio completo por unos US$ 80.000.

Nuestro zar en la lucha contra el Lavado de Activos en el país, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, tan propenso al protagonismo y a las advertencias apocalípticas mantuvo riguroso silencio. ¿Acaso no correspondía una reacción, quizás hasta indignada, ante esta flagrante violación de las normas, que sientan un peligrosísimo antecedente y exponen al país ante la comunidad internacional? Nada de nada; sigue denunciando grandes conspiraciones mientras sus compañeros, en sus narices, hacen trizas las disposiciones por cuyo cumplimiento él debería velar.

Lo de Jorge Vázquez confirma una vez más lo que hemos afirmado en torno a Pluna. Está aún pendiente de decisión judicial el pedido de procesamiento del exministro de Economía, Fernando Lorenzo —que se adelantó a presentar su renuncia al cargo ante el dictamen fiscal— y del presidente del Banco República —que permanece atornillado— por el delito de Abuso de Funciones. Puede recaer responsabilidad penal sobre ellos —y no se sabe si serán los únicos— pero la responsabilidad política de todo lo actuado, la tiene todo el Frente Amplio, ya sea en la administración Vázquez o en la actual de Mujica. En mayor a menor grado, ministros, legisladores y jerarcas permitieron que ocurriera lo que ocurrió, y cuando no tuvieron una participación muy activa, guardaron silencio cómplice e impidieron con la fuerza de sus mayorías automáticas —no hubo ninguno que reclamara o aceptara transparentar los hechos— cualquier investigación parlamentaria para conocer responsabilidades.
La intervención de la Justicia es una bocanada de transparencia y una advertencia de respeto al Estado de Derecho.