LA DISCUSIÓN SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL

Expertos opinan acerca de los dichos de Vázquez sobre seguridad social.

MAYTE DE LEÓN

El jueves de la semana pasada, en una conferencia de prensa en México y en el tono de voz calmo que lo caracteriza, el presidente Tabaré Vázquez disparó una advertencia: "esto va inevitablemente a la quiebra". El mandatario hablaba del desenlace que le augura al sistema de seguridad social nacional si no se ponen en marcha una serie de reformas para preservarlo. Desde el país norteamericano Vázquez hizo hincapié en uno de los asuntos que hoy concentra la atención del gobierno en este terreno, la modificación del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. "No es ir contra nada sino tomar determinadas medidas que hagan sostenible en el tiempo la existencia de estos beneficios sociales", añadió el presidente. Hay un proyecto de ley para reformar la llamada "Caja Militar" que da vueltas por el Parlamento desde el año pasado, pero todavía no se logró aprobarlo.

Cómo solucionar el problema de los "cincuentones" es el otro tema que inquieta al gobierno. A fines de junio Vázquez informó que el Poder Ejecutivo había decidido confeccionar un proyecto de ley que habilitaría a las personas en esta situación —unas 40.000 como máximo— a elegir su permanencia en el régimen mixto o abandonar las AFAP y cobrar su jubilación solo a través del Banco de Previsión Social (BPS). "Cada uno de ustedes podrá tomar la determinación de pasar al BPS o quedarse en la AFAP correspondiente", explicó el presidente frente a los micrófonos y un grupo de afectados que se había acercado hasta la Torre Ejecutiva para manifestar ese día. Pero desde este anuncio el costo de la decisión ha estado en el centro del debate y aún no hay definición sobre qué pasará.

¿Cómo recibieron los últimos dichos de Vázquez diferentes expertos en el campo y qué creen que se debería cambiar? Al doctor en economía Álvaro Forteza, especializado en seguridad social, las declaraciones del Jefe de Estado lo "sorprendieron bastante" dado que no hay indicios de ningún "proyecto estructural" de reforma, dijo. Además, agregó que el planteo que hace ahora el presidente de velar por la sostenibilidad del sistema "va en la dirección opuesta" al proyecto de ley de los cincuentones, al que Forteza calificó como una "decisión intempestiva" que también sacó a relucir que dentro del oficialismo "no hay el más mínimo acuerdo en el tema" de la seguridad social.

Por otra parte, indicó que "es posible que haya necesidad de hacer ajustes" en el sistema, aunque añadió que considera que la información disponible no basta para afirmarlo porque no permite "hacer proyecciones de manera confiable". De todas formas, sí planteó que el diseño institucional del BPS "está mal", y como gran ejemplo de esto mencionó la falta de un órgano que lo supervise. "Es un problema serio que a esta altura hay que entrarle", dijo, porque hoy no hay "suficientes garantías de control".

Forteza también se refirió a las tablas de mortalidad vigentes (datan de dos décadas atrás, pero el Banco Central anunció este año su actualización), que no contemplan la esperanza de vida actual de la población, lo que golpea a la sostenibilidad del sistema y también a las finanzas del propio BPS.

Uruguay engrosa la lista de países que enfrentan el desafío de cómo gestionar —la buena noticia de— que sus habitantes vivan cada vez más (la esperanza de vida promedio es de 77,6 años, según la Organización Panamericana de la Salud). A su vez, los adultos mayores pesan dentro del total de la población. Un estudio del Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) coronó a Uruguay como el país más envejecido de América Latina: en 2015 el 19% de los uruguayos superaba los 60 años. Esto —sumado a una tasa de natalidad declinante— pone presión a la seguridad social, que debe atender un número creciente de pasividades mientras cae el número de aquellos en actividad que aportan al sistema.

Para el gerente general de AFAP Sura, Sebastián Peaguda, esta foto explica por qué hay que pensar hoy cómo se modificará el régimen existente. "Las causantes de una necesidad de una reforma son el desafío demográfico, que los adultos mayores estén viviendo mucho más tiempo que lo que el sistema fue diseñado para solventar, y con tasas de natalidad cada vez más bajas", dijo. Este combo "hace que un sistema de financiación pública se torne realmente casi imposible de sustentar", añadió.

El sistema previsional se nutre de tres fuentes: los aportes de trabajadores y empresarios; parte de la recaudación impositiva; y de Rentas Generales, que contribuye si con las dos anteriores no es suficiente. Este número ha ido creciendo en los últimos años — en 2015 fueron $11.000 millones, cifra siete veces superior a la de 2014, en 2016 rondó los $14.000 millones y el equipo económico estima que llegue a $18.000 millones este año—.

Peaguda expresó que cambiar algunos parámetros —como aplazar la edad de retiro, que se debería analizar, dijo— es una "medida de más corto plazo" y que en este campo lo clave es decidir cómo "definir que sea más fácil para las personas que están en el ciclo político tomar decisiones que son correctas para el financiamiento de largo plazo pero muy duras de tomar en el corto". Como ejemplo mencionó trazar una hoja de ruta que marque que en cinco años la edad de jubilación se moverá un año. Pequeños pasos que no ahuyenten a los que toman las decisiones por su potencial costo político.

Pero, más allá de esto, el foco debería estar en determinar qué tipo de sistema se quiere para el país, sostuvo Peaguda. Para el ejecutivo, el "problema no es quién administra la plata" sino idear maneras (a modo de incentivos) para incrementar el ahorro voluntario de cara al retiro de las personas que tienen la capacidad de hacerlo, y que el Estado se encargue de asegurar la pasividad de aquellos que no tienen esta posibilidad. "Esa es la clave en el mundo", aseguró.

En tanto, el economista Gabriel Oddone —en el marco de una entrevista con El País publicada dos semanas atrás, previo a los dichos de Vázquez en México— reflexionó que "gastaría energía" en atender a los cincuentones y a la Caja Militar "pero para completar la reforma como una solución global". De hecho, para el socio de CPA Ferrere ésta es la llave para "despojar" al tema previsional de "una mirada exclusivamente electoral": discutir la totalidad del fenómeno y no ciertas partes. Oddone planteó también que hoy es "el mejor momento para pensar (...) una nueva generación de reformas". Pero, dijo, percibe "una suerte de adormecimiento", por "autocomplacencia" o por tener la mira puesta en "ganar la batalla política de corto plazo". Esto "es muy legítimo", pero faltan dos años para las elecciones, recordó. "La pregunta es, ¿quién está pensando para el 2 de marzo?".

Para el expresidente del BPS (1995-1998), Juan Berchesi, los sistemas previsionales "deben revisarse periódicamente" y en esta línea se mostró de acuerdo con Vázquez. Sin embargo, Berchesi dijo que hubo "cambios aprobados por todo el Frente Amplio que destruyeron la viabilidad económico-financiera" del sistema previsional que se reformó en el año 1996, con la aparición del régimen mixto (es decir, BPS más AFAP).

Por este motivo, el exjerarca entiende que "antes de hablar de nuevas reformas es necesario volver a administrar el BPS en forma profesional y dejar de usarlo como instrumento de clientelismo político".

Quien llevara las riendas del BPS durante parte del segundo mandato del colorado Julio María Sanguinetti y luego presidiera República AFAP sostuvo que lamentaba que el tema previsional fuera "nuevamente rehén de la politización".

En tanto, el actual director por los trabajadores en el directorio del BPS, Ramón Ruiz, también dijo coincidir con Vázquez en la necesidad de reformar la seguridad social. Ruiz, representante de uno de los colectivos que peleó más por poner sobre la mesa el tema de los cincuentones, expresó que allí no terminan los asuntos a resolver sino que hay que continuar pensando cómo se hace "viable el sistema de seguridad social".

Por otra parte, Ruiz aseguró que los trabajadores están dispuestos a "discutir todos los temas", incluso la postergación de la edad de retiro (si no es de forma aislada, aclaró), pero que ven con más preocupación al fenómeno del empleo informal.