Proyecto para evitar “lista negra” de OCDE es inconstitucional para exclaves.

El régimen de zonas francas tal cual existe hoy en Uruguay podría tener algunas transformaciones. Esto como fruto de dos proyectos que, en diferentes etapas, están a estudio del Parlamento. Uno de ellos ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, mientras que el otro es la Rendición de Cuentas, que contiene varios artículos referidos a este régimen que contempla la delimitación de áreas dentro del territorio nacional donde se pueden llevar adelante actividades industriales, comerciales o de servicios. Desde la sanción a fines de los años 80 de la ley 15.921 que creó el marco normativo para la aparición de estos emprendimientos, la combinación de exenciones tributarias y otros beneficios ha sido el arma con la que se ha tratado de facilitar el desembarco de empresas extranjeras al país bajo esta modalidad.

Ahora, la gremial que nuclea a las empresas de esta naturaleza advierte sobre algunos de los cambios que se podrían introducir al régimen. El miércoles pasado la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió a una delegación de la Cámara de Zonas Francas (CZFU) para conocer su opinión sobre estas modificaciones.

En relación al proyecto que ya obtuvo media sanción del Senado la gremial hizo solo un comentario (ver aparte), pero sí tuvo más para decir acerca de los artículos de la Rendición de Cuentas (del 254 al 260) que introducen cambios al régimen de zona franca.

Estos artículos fueron "justificados" por el Ministerio de Economía (MEF) como "necesarios" para que el país no incumpla con los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobre todo en lo relativo a la estrategia BEPS e ingrese en una "lista negra". La estrategia BEPS tiene como objetivo el combate a la evasión fiscal.

El presidente de la CFZU, Orlando Dovat, señaló al artículo 16 bis del artículo 257, y dijo que su segundo y tercer párrafos "resultan ser claramente perjudiciales" para la gremial "por ser contrarios al orden jurídico y a preceptos constitucionales", según consta en la versión taquigráfi-ca. De hecho, se entregó a los legisladores un informe del abogado constitucionalista Martín Risso que afirma que este artículo, de aprobarse, sería inconstitucional.

Entre otros, el 16 bis establece que si no se constata la contribución a los objetivos que marca la ley 15.921 por parte del usuario de la zona franca —promover inversiones, expandir las exportaciones, incrementar la utilización de mano de obra nacional e incentivar la integración económica internacional—, el Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio tendrá que marcar un nuevo plazo de autorización de su contrato, que no podrá pasar del 30 de junio de 2021.

Para Dovat esto "lesiona los derechos del usuario de zonas francas dado que habilita la modificación de contratos vigentes aprobados por el régimen de la ley 15.921". Además, "de aprobarse este artículo tal como está redactado se estará afectando el plazo del contrato, que a su vez marca la vigencia de las exoneraciones tributarias del usuario".

"Asimismo, un inversor que se haya instalado en la zona franca, habiendo firmado un contrato a 15 años con actividad comercial o de servicios, ya no tendrá la certeza de que ese plazo se respete, pues todo dependerá de los criterios del Poder Ejecutivo, que ciertamente afectará el clima de certeza jurídica en el régimen franco y en el respeto a las reglas de juego, que si hoy se cambian para los contratos en marcha, nada garantiza que eso no vuelva a suceder", sumó el fundador de Zonamerica.

Para el empresario, este cambio "en tanto revoca tácitamente la autorización vigente y la sustituye por una nueva autorización en detrimento del usuario con contrato vigente, es contrario a derecho y susceptible de generar la responsabilidad del Estado".

El asesor de la CZFU, el abogado Leonardo Costa, dijo sobre esto, que "se está aplicando a un usuario con contrato vigente una norma que no existía, que lo obliga a cumplir con un objetivo que, en realidad, no es del usuario, sino de las zonas francas".

Por este motivo, la gremial pidió a los representantes que se "elimine o modifique" el inciso segundo de ese artículo, al igual que el inciso tercero. Este establece que los usuarios con "contratos en curso de ejecución que carecieren de plazo establecido o cuyo plazo excediere el aludido en el artículo anterior o se hubieran establecido a su respecto prórrogas automáticas" y en el plazo de un año desde la reglamentación de la ley no presenten determinada información ante el Área de Zonas Francas (como fi-ja el inciso primero de este artículo) verán sus contratos rescindidos desde el 30 de junio de 2021.

Esto, según Dovat, sería "absolutamente contrario al principio de la proporcionalidad de la sanción".

Los responsables de las zonas francas también criticaron la redacción del artículo 260 de la Rendición, porque "puede generar la interpretación de que estarían prohibidos los servicios desde zona franca a consumidores ubicados en terceros países, lo que además podría dejar fuera el e-commerce", señaló Dovat.

Daniel Carriquiry, integrante de la gremial, sostuvo que las zonas francas nacionales "no pueden verse impedidas" de "subirse al tren" del comercio electrónico. Si eso pasa se perderá "una oportunidad enorme de tener una actividad muy importante de e-commerce, que es a lo que el mundo está apuntando a través de la globalización".

La cámara fue consultada sobre si esto generaría que uruguayos pudieran comprar por esta vía. "Lo que pretendemos es que una empresa que se dedique al e-commerce tenga un stock dentro de la zona franca y luego de esa venta que realiza al exterior dé órdenes al usuario de zona franca para que envíe el producto a distintos países, y también a Uruguay. En ese caso, el producto entra a Uruguay pagando todos los recargos y derechos y haciendo todos los trámites aduaneros", señaló Carriquiry.

Sobre el proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado, Dovat dijo que la gremial solo es contraria al punto relativo al personal extranjero. "No recoge nuestra aspiración, oportunamente consensuada con el Ministerio de Economía". Hoy la ley dice que los usuarios de zonas francas deben emplear al menos 75% de personal uruguayo. El Poder Ejecutivo puede autorizar que este guarismo baje a 50%, pero este trámite es "cada día más complejo y lento", según Dovat. Además, cuando llega, la autorización es "por plazos muy cortos". Lo votado por el Senado "autoriza la disminución del personal nacional hasta en un 50%. Esto debemos destacarlo, pero se está dando un paso atrás respecto a lo que establece (...) la ley 15.921, que determina, partiendo de un 75% de personal nacional, que el Poder Ejecutivo podrá disminuir este porcentaje sin establecer límite alguno".

MODIFICACIONES RESISTIDAS