En los primeros nueve meses del 2014 el consumo de cigarrillos alcanzó los 89,8 millones de cajillas y representó un gasto de US$ 313,4 millones, tomando como referencia un paquete de 20 unidades a un precio promedio de $ 80. 

Estas cifras representan un piso y no toman en cuenta los cigarrillos que si bien ingresan legalmente al país no se facturan, como tampoco la mercadería de contrabando.

Según datos de la Dirección General Impositiva (DGI), la cantidad de paquetes comercializados entre enero y septiembre de 2014 fue la mayor desde 2009, cuando en el mismo período de ese año se habían colocado 94,2 millones de cajillas.

Entre 2010 y 2013 el total de cajillas comercializadas siempre se mantuvo por debajo de esa cantidad. En los primeros nueve meses de 2010 cayó a 81 millones, en 2011 repuntó a 87,9 millones y durante 2012 y 2013 se estabilizó en unos 85,5 millones de paquetes, un 5% por debajo de lo ocurrido el año pasado.

En 2014 se volvió a notar un crecimiento en la cantidad de unidades vendidas. De todas formas, la cifra sigue siendo muy inferior a los volúmenes que se comercializaban 10 años atrás, previo a que se incrementara la carga impositiva sobre estos productos, durante la presidencia de Tabaré Vázquez, en el marco de la política antitabaco desarrollada por el gobierno del Frente Amplio.

De acuerdo a los datos de la DGI, en los primeros nueve meses de 2004 la cantidad de cajillas comercializadas había alcanzado los 112,2 millones, un 20% más que 2014. Las cifras continuaron disminuyendo en 2005 (102,6 millones), 2006 (100,9 millones), 2007 (100,8 millones) y 2008 (98,8 millones).

Los números actuales también son muy inferiores a las cifras que tenía el mercado local a fin de los 90 y comienzos del 2000. En 1999 la cantidad de cigarrillos comercializados había alcanzado los 135,5 millones de cajillas, un 33,8 % más que en 2014. Las cifras también eran superiores en 2000 (129,1 millones), 2001 (128,8 millones), 2002 (117,2 millones) y 2003 (106,7 millones).

En la actualidad, los quiosqueros consideran que la política antitabaco implementada por el gobierno, que entre otras medidas incrementó la carga impostiva sobre los productos, ha incidido en las ventas y ha hecho que aumente el contrabando.

"El fumador no deja de fumar, busca la salida y compra lo que puede y ahí viene el aumento de los cigarrillos de contrabando", había dicho semanas atrás a El País, el presidente de la Asociación de Kioscos del Uruguay, Claudio Orrego.

El contrabando de cigarrillos en Uruguay representa entre el 20% y 30% del mercado nacional, según datos de la organización antitabaco World Lung Foundation, lo que ubica al país en el primer lugar en la venta ilegal entre los países de América del Sur, con un volumen estimado de 1.200 millones de cigarrillos al año.

Según la organización, eso representa una pérdida de recaudación de impuestos (Imesi e IVA) de alrededor de US$ 150 millones.

Por otra parte, una auditoría de mercado realizada por la consultora internacional Synovate en 2010 determinó que las principales marcas ilegales que se venden en el país son Milenio, Eco y 51, que era la tercera marca más consumida, representando el 10% de las ventas.

Un paquete de cigarrillos de contrabando se puede conseguir en comercios y ferias desde $ 30, poco más de la mitad de lo que debería pagar por el Impuesto Específico Interno (Imesi, actualmente $41,1). En tanto, un paquete de cigarrillos de marca legal y de 20 unidades se vende en promedio a unos $ 80.

Los cigarrillos están gravados con Imesi, que se fija como un valor ficto de la cajilla, a diferencia del IVA que lo grava con un porcentaje del precio. Los impuestos sobre los productos de tabaco no aumentaban desde febrero de 2010, cuando el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Vázquez resolvió ajustar el Imesi a los cigarrillos para responder a las tabacaleras que habían rebajado el precio en diciembre de 2009.

En esa oportunidad el Imesi a los cigarrillos pasó de $ 28 a $ 38 por cajilla de 20 unidades, con lo que el precio aumentó de entre $ 50 y $ 58 (dependiendo de la marca) a entre $ 60 y $ 68, ya que las tabacaleras trasladaron la suba impositiva al público.

El Imesi no volvió a ser tocado hasta el 22 de diciembre del año pasado. Eso llevó a que la carga impositiva sobre el tabaco disminuyera y por ende la DGI perdiera recaudación. La decisión del gobierno de José Mujica de no realizar ajustes entre 2011 y 2013 determinó que el fisco viera afectados sus ingresos en unos US$ 22,7 millones, según precisó un informe del organismo recaudador.

El leve incremento observado el año pasado en el comercio de cigarrillos respecto a lo que venía ocurriendo en los últimos cincos años no se repite en la venta de paquetes de tabaco para armar. Según los datos de la Dirección General Impositiva (DGI), a septiembre del año pasado se colocaron 12,9 millones de paquetes de 40 gramos.

Esta cifra es un 7% inferior a igual período de 2013 y un 19,3% menor a las ventas que habían en 2009 y que alcanzaron los 15,4 millones de paquetes. El mismo informe da cuenta que las cantidades comercializadas en el mercado formal entre enero y septiembre del año pasado también son muy inferiores a lo que ocurría en 2005 (14,2 millones de paquetes) y algo mayor a los datos del año 2000 (9,7 millones de paquetes). Los tabacos para armar son una alternativa elegida por parte de los fumadores, considerando que su precio de venta es más barato que el que tiene una cajilla de cigarrillos que se comercializa en el mercado formal.

Desde ayer está vigente la ley que obliga a los quioscos y otros establecimientos autorizados a vender cigarrillos, a retirar las cajillas de la vista del público y a mostrar solo una tabla con la marca y el precio de los productos.

El Ministerio de Salud Pública había dado plazo a los kioscos hasta el 31 de diciembre pasado para que adecuaran sus locales. Ahora, vencido ese plazo se comenzarán a aplicar multas que podrán ir desde US$ 1.000 hasta US$ 10.000 y podrá haber clausuras de locales en caso de reincidencia.

La nueva normativa representa un endurecimiento de la ley antitabaco y busca un ajuste sobre la ley vigente desde 2006, donde se prohibió la publicidad de tabaco, pero dejando exentos los locales de ventas.

Un informe publicado el año pasado por la Universidad de Waterloo de Canadá, el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET) y la Universidad de la República de Uruguay, determinó que las políticas aplicadas por el gobierno "están logrando avances significativos en la reducción de las tasas de tabaquismo y el aumento del respaldo por parte de los fumadores a políticas de control del tabaco aún mayores".

El informe indicó además que Uruguay necesita continuar aplicando "medidas contundentes para frenar el uso de empaquetado engañoso en los productos de tabaco y disminuir la asequibilidad de los cigarrillos".

El paquete de medidas antitabaco dispuesto por el gobierno comenzó en 2006 cuando un decreto del entonces presidente Tabaré Vázquez prohibió fumar en espacios públicos.

Pese a política antitabaco, el consumo crece 5% y llega a 89,8: de cajillas