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La polémica sobre si UTE debe bajar o no las tarifas

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Torre de UTE. Foto: Archivo El País
Archivo El País

Sus costos son superiores a los de la región y afectan la competitividad.

UTE registró ganancias de US$ 317 millones en el primer semestre del año, según el último balance del ente publicado días atrás. Al darse a conocer este saldo positivo, no tardaron en aparecer las diferentes visiones sobre el destino más conveniente de este excedente. Pero la interrogante que primó en la mayoría de los uruguayos fue: ¿por qué no se trasladó a una reducción de las tarifas eléctricas?

El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, explicó ante la comisión de Ganadería de Diputados desarrollada el pasado martes, que las tarifas no pueden bajar porque hay que recuperar costos de inversión en redes eléctricas y que tampoco es bueno que las tarifas estén bajando y subiendo según el vaivén del clima (que este año ha sido bueno para la generación con represas y eólica, cuyo costo es menor al de las centrales térmicas a combustible).

"Es importante que vayamos internalizando que en el mundo, y también en Uruguay los costos de la energía eléctrica ya no pasan tanto por la generación de energía, sino por las redes eléctricas. Lamentablemente el cobre es necesario, es caro, hay que instalar transformadores; cada vez hay que hacer más líneas, etcétera, y todo eso tiene un costo", señaló Casaravilla según la versión taquigráfica de la reunión.

Agregó que "si uno mira los grandes números de UTE, advertirá que el 85% de los costos tienen que ver con instalaciones fijas. Entonces, cuando uno reproduce una tarifa, debe recuperar los costos de inversiones que duran 30 años".

Esta explicación que difundió el viernes El País no convenció a Francis Raquet, director de Ventus, la empresa que brinda servicios para el desarrollo de energía renovable. "La inversión de las líneas está amortizada hace rato. En los parques eólicos la conexión eléctrica y toda la inversión fue hecha por privados", escribió en Twitter.

Por otro lado, Casaravilla indicó respecto a cuestiones climáticas que en un año seco el sistema tiene pocos excedentes y en uno húmedo (como este) el doble. En los casos en los que el resultado es óptimo, no se opta por reducir las tarifas pero sí hacer alguna promoción.

UTE lanzó recientemente un plan que consiste en que todo el consumo incremental de energía eléctrica respecto a lo que se gastó en el año 2016 se cobrará a mitad de precio. Esto ya se está aplicando a los clientes que tienen tarifa multihoraria y se aplicará a partir del 1º de octubre a los que consuman en clave de eficiencia energética. Esto estará vigente hasta septiembre de 2018.

"Al final del día, hay que recuperar los costos. Estas medidas no pueden ser permanentes, porque si la situación es variable, el instrumento debe ser variable. Cuando hay excedentes hacemos ofertas de oportunidad y cuando hay sequía, no", señaló el presidente de UTE.

Déficit.

Pero las ganancias de UTE tienen un destino más amplio que la propia empresa. Se está utilizando el excedente para reducir el déficit fiscal del país, que en el año móvil cerrado a julio se ubicó en 3,6% del Producto Bruto Interno (PIB). La decisión de volcarlo para este propósito —el Poder Ejecutivo le exige cierto monto de transferencias a las arcas del Estado— responde al hecho de que esta es una de las principales preocupaciones del actual gobierno, quien se fijo la meta de finalizar el año con un déficit de 3,3% del PIB.

Frente a esta alternativa, el economista Javier de Haedo dijo a El País que usar el dinero de las empresas públicas con estos fines no es "ideal", pero es mejor que tener un déficit fiscal más elevado. "Lo ideal es que fuera el propio presupuesto el que se arreglara con sus rubros de gastos e ingresos propios. Pero antes que entrar en un déficit más alto es preferible que salgan recursos de donde salgan", afirmó.

Aunque, por otro lado, no trasladarlo a las tarifas afecta la competitividad del país. "Desde el punto de vista óptimo de la asignación de recursos de la economía no es bueno tener el costo de la energía tan desalineado con otros países con los que competimos", ahondó.

El vicerrector de Gestión Económica y Desarrollo de la Universidad Católica e integrante del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable, Omar Paganini, concordó con este punto. "El país debería tener un nivel competitivo o por lo menos comparable de tarifas a nivel de la región. Hoy son las más altas de la región, lo cual afecta nuestra competitividad", sostuvo Paganini a El País.

Casaravilla profundizó en este aspecto en la comisión de Ganadería de Diputados: "pensamos que el excedente se vendería al mínimo costo, alrededor de US$ 10 megavatio/hora (Mw/hora); prácticamente, regalábamos la energía". Sin embargo, finalmente se colocó a un precio considerablemente mejor. En este momento, Uruguay le vende a Argentina entre US$ 80 y US$ 110 el Mw/hora.

"Esta semana estamos vendiendo un montón de energía asociada a la nueva reali-dad: después de muchos años, logramos comerciar con Argentina. Se tomó la decisión de la interconexión con Brasil, precisamente para tener esa posibilidad. No podemos pensar que esto será así siempre. Por tanto, nuestras tarifas tienen que recuperar los costos fijos", afirmó.

Rentabilidad.

Paganini aseguró que las "rentabilidades exageradas generadas por tarifas altas afectan la competitividad. Sería lo primero a solucionar y no debería verse afectado por una necesidad fiscal que debería resolverse en otro ámbito. En ese sentido, parece —por los números parciales que tenemos— que se podrían bajar un poco las tarifas", remató este analista.

En cuanto a los costos, Francis Raquet aseguró en Twitter que "la tarifa debería ser la suma del costo de generación, transmisión y distribución". Estos dos últimos valores "están igual" mientras que la generación bajó aproximadamente 60%, aseguró.

¿Cómo se definen los precios de los servicios públicos?

Según la constitución es el Poder Ejecutivo el que determina las tarifas en negociación con el ente en cuestión. En este combo, participa también la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), pero sus potestades son limitadas. Este organismo tiene el objetivo de que "cada uruguayo tenga acceso a todos los productos y servicios vinculados a la electricidad, combustible, gas y agua potable con la calidad, continuidad, seguridad y precio adecuado". Sin embargo, "lamentablemente sus atribuciones se han visto minimizadas", dijo a El País el economista y director del Centro de Economía del IEEM, Ignacio Munyo.

En 2011 se revisaron los objetivos de la Ursea para dejarlo en los hechos como un mero órgano de control de calidad y recepción de reclamos técnicos. En particular, se eliminó el literal del artículo 2 de la ley de su creación (17.598) que establecía que el ajuste de las tarifas debía responder a los costos económicos de las empresas públicas. Así hoy se limita a proponer al Poder Ejecutivo las tarifas técnicas de los servicios regulados, explicó Munyo.

"¿No será el momento de repensar a la Ursea y brindarle el potencial que necesite? ¿No será el momento de aumentar sus atribuciones?", cuestionó el economista. Para conseguirlo con éxito, habría que tener en cuenta tres aspectos. En primer lugar, la necesidad de fortalecer su independencia del gobierno de turno. También habría que asegurar que el nombramiento de sus autoridades tenga la jerarquía necesaria para imponerse a los directores de las empresas del Estado que son nombrados con venia del Senado. Finalmente, tendría que contar con los recursos materiales necesarios para cumplir con eficacia las funciones que le son asignadas, dijo.

En esta misma línea, Omar Paganini sostuvo que debe haber un regulador con capacidad técnica para "opinar sobre los números con más frialdad y decir qué tarifas son razonables y cuáles no".

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Torre de UTE. Foto: Archivo El País

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