Informe de CPA Ferrere propone mecanismos para lograrlo.

Cómo hacer para promover un esquema de fijación de precios del combustible que incentive la eficiencia y calidad? Tras el informe que publicó ayer El País en el que se especifica que existió un sobrecosto en el precio de los combustibles en 2016 de US$ 415 millones (de los que US$ 367 millones son en el gasoil), surgen interrogantes sobre posibles medidas para ayudar a determinar tarifas más adecuadas.

El estudio "El precio de los combustibles en Uruguay", elaborado por la consultora CPA Ferrere, establece que "adoptar mecanismos de fijación de precios alineados a la paridad de importación sería deseable para evitar restricciones sobre la competitividad y evitar un perjuicio sobre los consumidores de combustibles".

Una de las acciones a mediano y largo plazo para hacerlo es la libre importación de combustible, que podría asegurar el abastecimiento en condiciones de precio y calidad competitivas a nivel internacional, indicó el documento.

No obstante, puntualiza que hay que tener en cuenta dos aspectos ante la puesta en marcha de ello. Por un lado, que se trata de un mercado donde existen economías de escala y "la libre importación no asegura necesariamente precios competitivos para los consumidores". Esta acción, implicaría sustituir el monopolio de Ancap por un mercado oligopólico o incluso por un monopolio privado. "Desde esta óptica, asegurar la provisión eficiente bajo un esquema de libre importación requiere: analizar las economías de escala y analizar la escala mínima eficiente del negocio de importación y fortalecer el rol de las unidades reguladoras que establezcan topes de precios en función de costos, de manera de acotar el poder de mercado que podrían tener eventualmente los importadores y distribuidores", dice.

Por otro lado, que esto podría afectar la viabilidad económica de la refinería de Ancap en la medida que sus procesos podría ubicarse "potencialmente por debajo de la escala mínima eficiente". La eventual pérdida de esta podría ocasionar costos económicos como efectos patrimoniales sobre el sector público y pérdidas de empleo.

Para aportar en este punto, se pueden implementar mecanismos que limiten la discrecionalidad y que promuevan una mayor disciplina fiscal.

En concreto, "los desequilibrios macro, en particular los fiscales han condicionado la fijación de precios, las decisiones de inversión y la gestión de la liquidez (vía dividendos) de las empresas públicas, lo que implica en muchos casos que las decisiones se aparten del óptimo comercial", señala el estudio de la consultora.

Esto permitirá acotar esta subordinación de las empresas públicas a las necesidades de la política macroeconómica. "Ello implica discutir entre otras cosas la conveniencia de implementar algún tipo de regla fiscal que mantenga acotada las decisiones de expansión de gasto no sostenibles a largo plazo, o alternativamente implementar sistemas de información y que mejoren la transparencia y el control de la gestión y que reduzcan la dispersión y la discrecionalidad de las decisiones de política fiscal", indica.

Otra medida es la de redefinir el rol y los objetivos de las empresas públicas para que estas se concentren en sus "funciones sustantivas" y limitar sus roles como agencias de desarrollo. En consecuencia, se eliminarían las "confusiones de objetivos" existentes en algunos por operar como proveedores y reguladores al mismo tiempo.

De esta forma, las empresas públicas deberían focalizar su gestión en el logro de sus objetivos comerciales maximizando su retorno, fijando precios y ejecutando las inversiones necesarias para cumplir con una provisión de calidad a costos eficientes, añade el informe.

Por último, CPA Ferrere remarca la importancia de fortalecer las Unidades Reguladoras, "que están orientadas a defender el bienestar de los consumidores en materia de acceso, calidad, continuidad y costos de los servicios públicos".

SOBRECOSTO EN GASOIL ALCANZÓ A US$ 367 MILLONES