Maduro presiona y amenaza a quienes no vayan a votar; la oposición resiste protestando hasta el final en las calles.

Cuando Nicolás Maduro dijo que impulsaría un cambio de la Constitución ya Venezuela era escenario de fuertes protestas en contra de su régimen. Hoy, cuando faltan horas para la elección de los redactores del nuevo ordenamiento legal, el país vive la incertidumbre sobre qué pasará el día después.

Maduro ha vendido su Constituyente no solo como la vía para cambiar la Carta Magna, sino también como un mecanismo para obligar a la oposición a dialogar, para desmontar al Parlamento opositor y a la fiscal general "traidora", entre otras 6.120 propuestas.

Los candidatos chavistas a la Constituyente —los de la oposición se excluyeron— prometen desde "perfeccionar" la economía y elevar a rango constitucional los programas sociales y hasta el lenguaje de señas, así como preservar el "amor". Muy variopinta, en la Constituyente de Maduro cabe todo que le sirva para mantenerse en el poder, como la "comisión de la verdad" para investigar los "crímenes de la derecha" durante las protestas de estos meses contra su régimen que han dejado 113 muertos.

También han prometido elevar a rango constitucional la lealtad a la "revolución bolivariana", la congelación de precios y el poder de las "comunas" sobre alcaldías y gobernaciones.

La oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha señalado que con el Parlamento y la fiscal fuera de circulación, el régimen ya no tendría obstáculos para la consolidación de una dictadura que atornillaría al chavismo en el poder, lo que, asegura, sería el fin último de este "fraude constituyente".

El analista Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis, ha dicho que "es inadecuado, inconstitucional y antidemocrático ofrecer la Constituyente para aplastar adversarios" y que "solo eso ya la inválida y descalifica".

El dos veces candidato a la Presidencia, el opositor Henrique Capriles, ha señalado que de conformarse esta asamblea "muchas naciones sancionarán económicamente a Venezuela", lo que generará más pobreza en el país que ya ostenta la mayor inflación del mundo y una severa crisis de escasez de alimentos y medicamentos.

El miércoles el líder opositor Leopoldo López, que cumple arresto domiciliario, pidió a los venezolanos seguir luchando en las calles hasta lograr que se cumplan los tres puntos que más de 7,5 millones de personas apoyaron en la consulta popular hecha el 16 de julio, el primero de ellos, el rechazo al "proyecto fraudulento" constituyente. Los otros dos puntos fueron que las Fuerzas Armadas cumplan con la Constitución y no ser parte de un proyecto de "aniquilación de la República", y que el Parlamento convoque a elecciones.

A juzgar por estos discursos, el día después la confrontación se fortalecerá.

Mientras, el régimen sigue presionado a los venezolanos para que vayan a votar, y en ese marco el Consejo Nacional Electoral (CNE) flexibilizó ayer viernes los requisitos de votación: los electores podrán sufragar en cualquier centro de votación del municipio donde están registrados. Usualmente a cada venezolano se le asigna un lugar de votación, pero esta vez podrán elegir el que más les convenga dentro de su circuito.

La oposición llamó a un "boicot" contra la Constituyente, ante lo cual Maduro prohibió toda protesta callejera que pueda afectar la elección y advirtió que los infractores se exponen a penas de hasta 10 años de cárcel.

La Fiscalía ha recibido denuncias de funcionarios públicos a los que se les ha amenazado con despedirlos si no van a votar mañana. También hay denuncias de que se bajará de los programas sociales a los que no voten.

Las amenazas de prisión de Maduro están haciendo mella en los militantes opositores que han estado encabezando las protestas callejeras en estos cuatro meses. Ayer pocos venezolanos respondieron al llamado a una marcha sobre Caracas.

Tras concluir el jueves una huelga general de 48 horas que dejó ocho muertos, pequeños grupos bloquearon ayer viernes con barricadas de basura y con cuerdas algunas vías del este y oeste de Caracas y de ciudades como Maracaibo, segunda del país, y San Cristóbal, en la frontera con Colombia.

A ratos con fuerte lluvia, varias calles, sobre todo del este capitalino, bastión opositor, estaban desoladas, sin tránsito vehicular y con poca gente caminando, pero el comercio estaba abierto. El transporte en otros sectores funcionaba normalmente.

"Es normal que haya temor, pero la gente sigue en la calle a pesar de todo. Ellos decidieron avanzar con esa locura. A partir del lunes, si hay alguien que está en aprietos, es el señor Maduro", declaró el diputado opositor Freddy Guevara.

Cuatro directivos de la estatal Pdvsa serán imputados por el peor accidente que haya sufrido la industria petrolera venezolana, la llamada "Tragedia de Amuay", que dejó 42 muertos el 25 de agosto de 2012, informó ayer viernes la Fiscalía.

Ese día, una fuga de gas causó una inmensa explosión en la refinería de Amuay, que también dejó más de 130 heridos. El accidente coincidió con la campaña del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) para reelegirse el 7 de octubre de ese año y le valió acusaciones de la oposición por supuestamente designar en cargos clave de Pdvsa a personal sin calificación.

Desde que la fiscal general, Luisa Ortega, rompió con el presidente Nicolás Maduro hace cuatro meses, el Ministerio Público ha venido desempolvando viejos casos que involucran a funcionarios chavistas.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha sido de los mandatarios de la región que más enfrentó a Nicolás Maduro y su proyecto de una Asamblea Constituyente. Ayer Santos anunció que su gobierno no reconocerá los resultados de la elección del domingo. "Esa Asamblea Constituyente tiene un origen espurio y por consiguiente sus resultados tampoco podremos reconocerlos", declaró el mandatario.

Una media de 40 personas, en su mayoría estudiantes, han sido detenidas cada día en Venezuela por delitos como "terrorismo" o "insurrección" desde que empezara el 1° de abril la ola de protestas para exigir la renuncia del presidente Nicolás Maduro, en las que han muerto más de cien personas.

Según datos de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), más de 4.500 personas han sido detenidas desde entonces por la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), de las que unas 1.200 siguen entre rejas. "Hay arrestos en protestas en barricadas, como ahora se están llevando a cabo arrestos dentro de los domicilios", dijo Alfredo Romero, director ejecutivo del FPV.

Romero se refiere a las barricadas con que algunos manifestantes cortan calles y se enfrentan con piedras y a veces cócteles molotov y artefactos pirotécnicos a las fuerzas del orden que dispersan las concentraciones ciudadanas con perdigones de goma y bombas lacrimógenas.

"Los denuncian vecinos que están con el gobierno y van y les señalan", explica Romero sobre el origen de unas listas confeccionadas también con la identificación de quienes responden con violencia a las arremetidas de la Guardia.

EFE, AFP, REUTERS

¿Y EL LUNES?EFE, AFP, REUTERS