CRISIS FINANCIERA

Los acreedores se reunirán el lunes; Pdvsa habría incumplido el pago de un bono vencido.

Venezuela ya incumplió con algunos de sus acreedores, aunque oficialmente todavía no está en default. Un comité de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que agrupa a tenedores privados de deuda, decidió ayer viernes reunirse el lunes en Nueva York para evaluar las consecuencias del atraso de pagos de la petrolera estatal Pdvsa con sus acreedores internacionales.

Un análisis negativo de la ISDA desencadenaría un eventual default e iniciaría el pago de CDS (Credit Default Swaps), seguros contratados por los acreedores.

El régimen de Nicolás Maduro anunció hace una semana que había comenzado la transferencia de 1.161 millones de dólares del bono 2017 de Pdvsa, pero los tenedores hasta ayer no habrían recibido el pago.

Además, 81 millones de intereses del bono Pdvsa 2027 vencieron ayer, tres días antes de un encuentro con tenedores de bonos en Caracas, convocado por Maduro hace una semana cuando anunció su plan de "reestructurar y refinanciar" la deuda, de unos 150.000 millones de dólares.

Debido al pago atrasado y compromisos por vencer, las agencias Fitch, Standard and Poors y Moodys rebajaron la calificación de la deuda venezolana, advirtiendo de un default a corto plazo. "Estamos al final del juego y ahora se volvió una cuestión de días —no semanas— hasta que se confirme el incumplimiento", opinó Capital Economics.

El gobierno deberá cumplir el lunes con otros 200 millones de dólares. En total, debe cancelar de 1.470 a 1.700 millones en intereses de bonos en lo que resta de este año.

Una renegociación "de la deuda tiene bastantes obstáculos. El escenario más posible es un eventual default", comentó Andrea Saldarriaga, analista para América Latina del centro Atlantic Council.

Las sanciones que impuso Estados Unidos a Venezuela en agosto impiden que el gobierno recurra a fuentes externas de capital y que inversionistas norteamericanos negocien la deuda venezolana.

"Eso dificulta llegar a un acuerdo con sus acreedores", opinó Saldarriaga. Un 70% de los tenedores de bonos son estadounidenses y canadienses. "A esto se le suma la falta de liquidez de Venezuela", agregó.

Con la economía devastada y reservas internacionales de 9.700 millones de dólares, Venezuela encara obligaciones para 2018 por más de 8.000 millones de dólares.

Otro obstáculo es que Maduro designó como principal negociador al vicepresidente Tareck El Aissami, a quien Washington incluyó en la lista de funcionarios venezolanos sancionados, prohibiendo a los ciudadanos norteamericanos tratar con ellos. El gobierno de Donald Trump sumó el jueves otros 10 funcionarios a la lista, y la Unión Europea prevé aprobar el lunes más sanciones contra Venezuela.

Pero Maduro todavía ve salvavidas en sus aliados China, al que Venezuela adeuda unos 28.000 millones de dólares, y Rusia, que está por firmar un acuerdo para reestructurar unos 3.000 millones de los 8.000 millones que le debe.

El gobierno venezolano ha sido ambiguo: habla de "refinanciación" (oferta de canje de bonos) y "reestructuración" (que obligaría a los acreedores a aceptar nuevos términos), según Ecoanalítica.

Los expertos advierten que para ambos procesos el gobierno debe mostrar un plan de reformas económicas. "Garantías de con qué va a pagar", apuntó el economista Orlando Ochoa.

Con el desplome de los precios del petróleo, fuente del 96% de divisas del país, el gobierno recortó drásticamente las importaciones para evitar el cese de pagos, provocando una severa escasez de alimentos y medicinas.

Según Eurasia Group e IHS Markit, si dejara de pagar, Maduro tendría un alivio temporal con dinero para importar bienes básicos de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

Pero a mediano plazo, advirtió Ecoanalítica, un default profundizaría "la recesión" en un país con cuatro años de contracción (36%), al borde de la hiperinflación, y con una producción petrolera que cayó 23% desde 2008 hasta 1,9 millones de barriles diarios.

"A largo plazo, las consecuencias financieras agravarían el descontento social y potencialmente debilitarían el apoyo interno al gobierno", consideró Grais-Targow.

Venezuela enfrentaría además litigios internacionales y el embargo de activos de Pdvsa en el exterior, como Citgo, filial de la petrolera en Estados Unidos.

Dentro de este panorama, la eléctrica estatal de Venezuela incumplió el pago de los intereses de un bono por 650 millones de dólares, dijo la firma Wilmington Trust, fiduciario del título, aunque la empresa afirmó que transfirió los fondos un día antes del plazo límite.

Venezuela debía pagar el jueves sin dilación unos 28 millones de dólares por intereses demorados desde principios de octubre del bono de la antigua Electricidad de Caracas, que luego de su nacionalización en 2007 pasó a ser parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

"El hecho de que el emisor no pagara los intereses (...) constituye un incumplimiento bajo el contrato", indicó en un comunicado Wilmington Trust, que tiene su sede en el estado de Delaware, Estados Unidos, luego de que el agente de pagos le informó que no recibió el dinero. Corpoelec informó en Twitter que giró los recursos y apuntó que "cambios en la operatividad han afectado las transacciones", sin aportar más detalles.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoció "demoras" en pagos por parte de Venezuela, cuya deuda con la institución es de 6,5 millones de dólares. "Durante este año hemos registrado demoras puntuales en ciertos pagos por parte de Venezuela", afirmó un portavoz del BID.