El país encara un choque de legitimidades entre el régimen chavista y la oposición política.

La actualidad política de Venezuela, y su repercusión en la vida cotidiana de los ciudadanos, se parece cada vez más a un electrocardiograma. La intensidad de los acontecimientos pasa en cuestión de horas por picos de violencia y tensión sin apenas precedentes en el país caribeño, que tiene una historia reciente ya de por sí agitada, y por baches que parecen restablecer la rutina.

Las previsiones, incluso a corto plazo, resultan atrevidas más allá de las declaraciones de los dirigentes políticos y de las esperanzas de los venezolanos.

Lo que sí está sucediendo es que las circunstancias del choque político han llevado a la sociedad, sobre todo en Caracas, hacia una sensación de anarquía soterrada que a veces deriva en episodios de caos explícito y autoritarismo.

Las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente celebradas el domingo endurecieron desde su anuncio, hace tres meses, los enfrentamientos entre el gobierno de Nicolás Maduro y los partidos de la coalición opositora, la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

La capital del país parece dividida en dos bloques con vidas prácticamente paralelas. El oeste es considerado tradicionalmente fiel al chavismo, mientras que el este es un bastión de los críticos con el régimen.

En realidad, la situación es más compleja y la compartimentación geográfica solo ofrece una instantánea del terremoto político que a diario sacude a Venezuela.

El domingo por la mañana estas dos zonas parecían, en efecto, universos opuestos.

En el municipio Libertador, donde se encuentran el palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de la República, y el Capitolio, se observaban colas de votantes en distintos centros y en medio de fuertes medidas de seguridad.

En los barrios del este como Chacao, quedaban las huellas de las protestas de las últimas semanas mientras los manifestantes comenzaban a levantar las barricadas para la que fue una de las jornadas de protesta más sangrientas.

En Petare, un barrio humilde, el más poblado de Venezuela, en el ambiente se mezclaba la euforia de los seguidores de Maduro y de quienes se oponían a la votación.

El lunes por la mañana, tras una jornada electoral de descontrol y violencia, todo parecía volver a la normalidad. Había tráfico normal en casi toda la ciudad, los venezolanos acudieron a trabajar, aunque la oposición prometía redoblar su resistencia al gobierno, seguir trabajando en el Parlamento que Maduro pretende sustituir con los diputados electos el domingo y mantener el pulso en la calle.

En la plaza de Altamira —uno de los símbolos de las protestas, donde el domingo se registró un ataque con explosivo a la policía motorizada que dejó varios heridos y al que siguieron unos duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad— dos jóvenes ingenieros de sistemas esperan a que comience una nueva jornada de protesta, pero no saben con exactitud qué ocurrirá.

"Estamos a la expectativa. Hay una movilización aquí, en este punto, pero hay que esperar a ver qué pasa", explica Rafael Carvajal, de 23 años y que reside en el sur de la capital. "En todas las zonas de Caracas hay movilizaciones a diario, en las zonas populares también hay movilizaciones, lo que pasa es que muchas veces no son como las de aquí, que son más noticia. La gente piensa lo del este… pero eso es mentira. Está toda Venezuela en la inconformidad".

Su compañero de trabajo, Kevin García, de 22 años, es del suroeste de la ciudad. "Mis planes son de irme porque desgraciadamente las oportunidades se están esfumando y no hay cómo salir adelante. Si la situación sigue así y no da para más me tocará emigrar", asegura.

La situación que atraviesa el país se encuentra bajo la amenaza de la anarquía desde muchos puntos de vista. El primero, una vez enterrada aparentemente una posibilidad de diálogo real entre el gobierno y la oposición, es el escenario político.

La Asamblea Nacional que se constituirá este jueves va a desmantelar el anterior Parlamento, de mayoría opositora y votado hace menos de dos años. Maduro amenaza con quitar la inmunidad a los antiguos diputados, mientras las fuerzas críticas con el chavismo aseguran que seguirán trabajando con normalidad.

Maduro ya lo había advertido durante la campaña previa al domingo: las elecciones para la instalación de una Constituyente iban a ser para el chavismo una oportunidad para cobrar "todas las cuentas".

En la madrugada del lunes, Maduro auguró que los líderes de la oposición, a los que atribuye una campaña "terrorista" en marcha desde comienzos de abril, "terminarán algunos en una celda y otros en el psiquiátrico, pero hay que poner orden".

Se dará, por tanto, un choque de legitimidades entre distintos poderes que no se reconocen mutuamente, que representan a dos países encontrados y que no parecen dispuestos a ceder.

Mientras tanto, Venezuela sigue sumida en una trágica crisis económica agravada por una imparable tendencia hiper-inflacionista y el desabastecimiento.

Por la mañana, a unos metros de la Asamblea Nacional, dos jóvenes encargados de una tienda de gorras y otros complementos lamentaban la escasa afluencia de clientes y esperaban el comienzo de una nueva etapa. No quieren decir a quién apoyan. Quieren, aparentemente, normalidad.

La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) advirtió ayer martes de que Venezuela se está acercando a un "punto de quiebre" tras el encarcelamiento de los opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López.

Amnistía señaló en un comunicado que el traslado de ambos líderes políticos a la cárcel, después de que el Tribunal Supremo revocara su arresto domiciliario por supuestos planes de fuga, es un "signo revelador" de que el gobierno de Nicolás Maduro quiere "silenciar toda forma de crítica". "La administración de Maduro está enviando un mensaje aterrador a toda la gente en Venezuela: que la disidencia no será tolerada de ninguna forma," dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía. EFE

Tres diputados chavistas abandonaron ayer martes la bancada del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y crearon su propio grupo en el Parlamento de mayoría opositora, al que no acuden los legisladores oficialistas por considerarlo en desacato. "Hemos decidido constituir el Bloque Parlamentario Socialista (...) animados por la necesidad de contribuir al estudio de las soluciones que requieren los grandes problemas del país", dijo el diputado chavista Eustoquio Contreras al leer, en la sesión parlamentaria de ayer, una carta de los disidentes explicando la decisión.

Esta primera escisión del oficialismo en el Parlamento se produce dos días después de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro. "En 1999 (cuando se sancionó la actual Carta Magna) fue el pueblo quien convocó la Constituyente. Hoy solo fue convocada por un poder constituido y no podemos callar", dijo Contreras al tomar la palabra frente a los diputados y asegurar que su pequeña bancada defenderá el "legado" del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

"Seguimos siendo socialistas y compartimos el proyecto bolivariano, nuestra diferencia es en la forma de afrontar la crisis", dijo Contreras, y afirmó además que en 17 años el chavismo gobernante no pudo resolver los problemas de los venezolanos. "Tengan la plena seguridad que les recibimos con toda la dignidad de su cargo, con todo el respeto que tenemos a todos los venezolanos sea cual sea su modo de pensar", dijo el presidente de la Cámara, Julio Borges, que les dijo a los disidentes del oficialismo que su gesto "les enaltece". EFE

Sancionado por el gobierno del demócrata Barack Obama en 2011 en los inicios del conflicto sirio. También fueron sancionados por Estados Unidos el vicepresidente de Siria, el primer ministro y otros cuatro altos funcionarios del régimen.

En julio de 2016 el gobierno de Barack Obama congeló todos los bienes y activos del dictador norcoreano en Estados Unidos. La misma sanción abarcó a otros diez altos funcionarios de su régimen de Corea del Norte.

Gobierna Zimbabwe desde 1987, convirtiendo a su administración en una dictadura. Estados Unidos, bajo el gobierno del republicano George W. Bush, lo sancionó en 2003. La misma suerte corrieron otros 76 funcionarios de su régimen.

Entró el lunes al selecto grupo de jefes de Estado sancionados por Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump le congeló los bienes y activos que tenga en Estados Unidos. Hay otros 14 funcionarios chavistas sancionados.

LA CRISIS EN VENEZUELA