ENTRE LAS CUERDAS

Ultimátum de Rajoy antes de intervenir en Cataluña

Ahora Puigdemont tiene hasta el jueves; dos secesionistas fueron a prisión.

Puigdemont: el presidente catalán respondió a Rajoy pidiendo una instancia de diálogo. Foto: Reuters
Puigdemont: el presidente catalán respondió a Rajoy pidiendo una instancia de diálogo. Foto: Reuters

El presidente catalán Carles Puigdemont tiene hasta el jueves para evitar la intervención de Cataluña, en otro capítulo de la guerra que mantiene con el gobierno central español. La respuesta que dio ayer Puigdemont no convenció al presidente español Mariano Rajoy, que ahora le activó el segundo y último plazo, hasta el jueves, para que el líder catalán aclare si declaró la independencia de su región.

Así, la peor crisis política en 40 años de democracia en España continúa profundizándose, en un diálogo de sordos entre las partes.

En una sesión parlamentaria confusa, el pasado martes, Puigdemont hizo un amago de declarar la independencia al afirmar que asumía el mandato surgido del referéndum del 1° de octubre, pero dijo que su proclamación quedaba en suspenso para permitir un diálogo con Madrid. En esa consulta votó el 43% de los habilitados, y de ellos el 90% lo hizo por el sí a la independencia.

Rajoy le respondió con un requerimiento para que aclarase formalmente si había declarado la independencia, y le había dado un primer plazo hasta ayer lunes, antes de aplicar el Artículo 155 de la Constitución, que permite intervenir en una región si no acata la ley. Entre las medidas que puede adoptar el gobierno en Cataluña, podrían figurar la asunción de competencias financieras y el control de la Policía regional.

Como ayer Puigdemont eludió contestar y en su carta a Rajoy ofreció dos meses para dialogar, el presidente español le escribió que ahora tiene hasta el jueves a las 10 de España (hora 5 de Uruguay) para dar marcha atrás. "Espero que en las horas que le quedan hasta el segundo plazo (...), responda con toda la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere", escribió Rajoy.

Mireia Boya, una de los 10 diputados regionales del partido independentista de extrema izquierda CUP, esenciales para la supervivencia del gobierno de Puigdemont, reiteró que hay que declarar la independencia para negociar "de tú a tú" con Madrid. "Nosotros decimos: negociar siempre, todo, pero una vez reconocidos como sujeto, una vez hayamos declarado la República", dijo Boya.

Por su lado, Rajoy tiene el respaldo del primer partido de la oposición, el PSOE, cuyo portavoz, Óscar Puente, calificó ayer de "inadmisible" la respuesta de Puigdemont y dijo que si se aplica el artículo 155 de la Constitución será el presidente regional su único responsable.

En medio de este cambio epistolar entre Madrid y Barcelona, hay otra batalla que se sigue en los tribunales. Ayer lunes, el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, quedó en libertad provisional tras declarar por segunda vez ante la Audiencia Nacional, acusado de sedición, pero le retiraron el pasaporte y tendrá que presentarse en el juzgado cada quince días. Se le acusa de "sedición", por no haber hecho supuestamente lo necesario a fin de impedir el referéndum de autodeterminación del 1° de octubre, en el que se escudan los independentistas en su lucha por separarse de España.

También quedó en libertad provisional una subalterna de Trapero, Teresa Laplana, sometida a las mismas medidas cautelares.

En el caso de Trapero, comandante de los Mossos dEsquadra, la acusación de sedición se extiende al 1° de octubre. Y es que según la Guardia Civil, que intervino utilizando la fuerza para tratar de impedir la votación, los Mossos pecaron de inacción. El delito de sedición puede acarrear hasta 15 años de prisión.

Secesionistas presos.

Una surte distinta a la Trapero corrieron dos líderes secesionistas catalanes que también debieron ir ayer a la justicia.

La fiscalía española solicitó prisión preventiva para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, también imputados por el delito de sedición. Ambos son señalados de haber convocado y arengado a centenares de manifestantes el 20 de septiembre, que dificultaron por horas la salida de agentes de la policía española que registraban unas dependencias del gobierno catalán en Barcelona.

Sánchez es presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, y Cuixart, de Ómnium Cultural. Ayer la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, hizo lugar al pedido fiscal y los envió a prisión sin fianza.

Las cartas.

Carles Puigdemont.

El presidente de Cataluña indica que en el referéndum del 1° de octubre, "más de dos millones de catalanes encomendaron al Parlament el mandato democrático de declarar la independencia".

"La prioridad de mi gobierno es buscar con toda la intensidad la vía del diálogo. Queremos hablar, como lo hacen las democracias consolidadas, sobre el problema que le plantea la mayoría del pueblo catalán que quiere emprender su camino como país independiente en el marco europeo".

"Nuestra propuesta de diálogo es sincera, pese a todo lo ocurrido, pero lógicamente es incompatible con el actual clima de creciente represión y amenaza".
"Le traslado dos peticiones: la primera, que se revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña".

"La segunda petición es que concretemos, lo antes posible, una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos. No dejemos que se deteriore más la situación. Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo de cara, estoy seguro que podemos encontrar el camino de la solución".

Mariano Rajoy.

"Lamento profundamente que haya decidido (...) no aclarar el extremo de si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia de Cataluña".

"Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del citado requerimiento" (jueves a la hora 5 de Uruguay) "responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere".

"El requerimiento que yo le envié supone el paso previo al procedimiento establecido en el art. 155 de la Constitución que, en contra de lo que usted afirma, no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración de la legalidad en la autonomía".

"Las últimas actuaciones adoptadas por usted y su Gobierno están generando una importante fractura en la sociedad catalana, así como una enorme incertidumbre económica que pone en riesgo el bienestar de los ciudadanos".

"No resultan creíbles sus llamamientos al diálogo en nombre del conjunto de Cataluña, cuando usted se niega a hablar con una parte importante de dicha sociedad a través de sus legítimos representantes".

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