Según el gobierno, el 75% había sido condenado por homicidio, tráfico o abuso sexual.

El presidente Donald Trump defendió ayer lunes su política de "sentido común" sobre inmigración, el mismo día que su gobierno oficializó el arresto de 680 indocumentados en la última semana. Trump habló en la rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien no ocultó sus diferencias con el presidente de Estados Unidos y se comprometió a mantener una política de apertura a refugiados.

"Debemos crear fronteras", dijo Trump, quien el 27 de enero promulgó el polémico decreto —actualmente bloqueado por la justicia— que cierra temporalmente las fronteras de Estados Unidos a refugiados y nacionales de siete países de mayoría musulmana. El presidente matizó que "debemos dejar entrar a personas que amen nuestro país".

"Pero no podemos dejar a las personas equivocadas entrar y no permitiré que eso suceda en este gobierno (...). Es una política de sentido común", subrayó.

Esa política es "quizás de cierta dureza" admitió el mandatario, pero advirtió que "la vamos a mantener con vigor".

Tercer jefe de gobierno extranjero recibido en la Casa Blanca por Trump, Trudeau presentó una visión diferente.

"Seguimos con nuestra política de apertura hacia los refugiados sin comprometer la seguridad (...) y hemos sido exitosos", apuntó.

Trudeau, sin embargo, intentó matizar las diferencias, señalando que "lo último que los canadienses esperan de mí es venir a dar lecciones a otro país".

La agencia migratoria estadounidense (ICE) arrestó la semana pasada por lo menos a 680 inmigrantes en situación irregular en operaciones realizadas simultáneamente en varias ciudades, informó ayer el secretario de Seguridad Interna, John Kelly. "De ese total de arrestados, aproximadamente el 75% son criminales extranjeros" condenados por delitos como homicidio, abuso sexual, tráfico de drogas, desórdenes, conducir automóviles bajo embriaguez y posesión ilegal de armas, afirmó Kelly en una nota oficial.

Los arrestos fueron realizados por agentes del ICE en Los Ángeles, Chicago, Atlanta, San Antonio y Nueva York.

Según Kelly, esas personas "representaban una amenaza a la seguridad pública, a la seguridad de nuestras fronteras o la integridad del sistema migratorio de nuestro país".

Las expulsiones de indocumentados no son, sin embargo, exclusividad de la actual administración republicana. El gobierno de Barack Obama también había sido duramente criticado por asociaciones humanitarias por haber expulsado a cientos de miles de extranjeros clandestinos cada año. Según los últimos datos disponibles, publicados en diciembre por el Departamento de Seguridad Interna, entre octubre de 2015 y septiembre del año pasado 240.255 indocumentados fueron expulsados de Estados Unidos, tres cuartas partes de ellos apenas después de cruzar la frontera. El pico se alcanzó en 2012, con 400.000, también bajo la gestión de Obama.

Trump dijo ayer que Estados Unidos "ajustará" sus relaciones comerciales con Canadá, a diferencia de sus lazos con México, con los que enfrenta una situación más severa. "Tenemos una relación comercial muy buena con Canadá. La ajustaremos", dijo Trump en la conferencia de prensa conjunta con el primer ministro Trudeau.

Y el primer acuerdo que anunciaron ayer mismo fue la creación de un comité bilateral que abordará los desafíos de las mujeres en el ámbito laboral. Lo hicieron durante un encuentro en la Casa Blanca con empresarias y emprendedoras. Al lado del primer ministro canadiense estaba sentada Ivanka Trump, hija mayor del presidente y quien durante la campaña ayudó a su padre a promover un plan de exenciones fiscales para hacer el cuidado infantil y las guarderías más asequibles. Ivanka todavía no tiene un cargo oficial en el Gobierno, aunque en estas semanas ha tenido un protagonismo propio de una primera dama.

El consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, vuelve a estar en apuros por las controvertidas conversaciones que tuvo en diciembre con el embajador ruso en Washington, semanas antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos.

El general retirado Flynn no ha dejado de contradecirse a la hora de explicar el contenido de sus charlas con el diplomático Sergei Kislyak, llegando incluso a perjudicar al vicepresidente Mike Pence.

Los congresistas demócratas reclaman que Flynn dimita o sea despedido, mientras los republicanos han optado por guardar silencio.

La polémica estalló en enero cuando salió a la luz que ambos habían hablado, pero Flynn negó entonces haber abordado el tema de las sanciones a Rusia. El 15 de enero, cinco días antes de la toma de posesión, Pence apareció en varios programas de televisión para defender a Flynn. Pero The Washington Post primero y The New York Times informaron el viernes que los servicios de inteligencia descubrieron que Flynn pidió al embajador ruso no reaccionar de forma desproporcionada porque la administración Trump podría revisar las sanciones cuando llegara a la Casa Blanca.

El general retirado aseguró no recordar si habló de ellas, pero desde entonces ningún miembro del entorno de Trump se ha pronunciado.

El consejero adjunto de Seguridad Nacional, Sebastian Gorka, dijo ayer lunes a la radio pública NPR que no tiene "ni idea" del contenido de las conversaciones. "No hablo en nombre del presidente. Realmente, es un tema para el presidente", afirmó al ser preguntado por el tema.

VIDEOAFP, EFE, REUTERS