Anunció que abandona la batalla judicial tras fallo adverso.

Nos vemos en la Corte", había desafiado hace una semana cuando el tribunal de apelaciones mantuvo en suspenso el decreto que cerraba el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de siete países musulmanes. Pero ayer jueves Donald Trump cambió de opinión y ya no apelará el fallo judicial. En su lugar prepara un nuevo decreto que eliminaría las inconstitucionalidades del anterior.

El Departamento de Justicia anunció la decisión de Trump en una moción presentada ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el propio Trump había dicho antes que la próxima semana habría una nueva acción ejecutiva para "proteger" al país, pero sin ofrecer más detalles.

Pero el cambio de tono de Trump en su política migratoria va más allá del nuevo decreto y del abandono de la batalla judicial. En la conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente reconoció que la derogación del programa del exmandatario Barack Obama para frenar la deportación de jóvenes indocumentados, es "uno de los temas más difíciles" con los se enfrenta, y aseguró que lo encarará "con corazón".

El presidente no ofreció más detalles en referencia al Programa de Acción Diferida (DACA) de 2012, que ha permitido frenar la deportación de 750.000 jóvenes indocumentados, conocidos como "dreamers" (soñadores), y cuya derogación prometió durante la campaña electoral. "La situación del DACA es muy dura porque amo a esos chicos, algunos de ellos son totalmente increíbles (...). Tengo hijos y nietos", agregó Trump.

Aunque ha suavizado su tono con respecto a los "soñadores", Trump no termina de garantizar si podrán mantener su estatus legal. Asimismo, ha insistido en su deseo de levantar un "gran muro" en la frontera con México y deportar a millones de indocumentados con antecedentes "criminales".

El pasado fin de semana el Gobierno estadounidense llevó a cabo sorpresivas redadas en todo el país, que dejaron casi 700 detenidos.

Estos anuncios de Trump se conocieron en el marco del "Día sin inmigrantes", un espontáneo boicot contra las políticas migratorias del presidente. Un gran número de empresas de construcción, restaurantes, servicios de cuidado de niños o supermercados, cerraron ayer jueves sus puertas para demostrar a Trump que, sin el trabajo inmigrante, Estados Unidos quedaría paralizado y sus comunidades privadas de una parte integral de su vida diaria.

Inmigrantes en ciudades como Washington, Boston, Filadelfia o Los Ángeles abandonaron sus puestos de trabajo, se negaron a comprar o a tomar el transporte público, para demostrar su importancia.

"Es una protesta de ausencia, no de presencia", explicó a EFE el profesor de Sociología de la Universidad Americana, Ernesto Castañeda, en Mount Pleasant, el barrio hispano de Washington por excelencia.

Algunos supermercados colgaban el cartel de "cerrado por huelga general", mientras que los colegios recibieron masivas llamadas de padres reportando que sus hijos (nacidos o educados en Estados Unidos pero de raíces inmigrantes) se encontraban enfermos y no asistirían a la escuela.

El famoso restaurador español José Andrés decidió cerrar la mayoría de sus locales en la zona metropolitana de Washington, muy populares en la capital estadounidense. "En solidaridad con los muchos inmigrantes en nuestra plantilla que se han mostrado deseosos de participar en el Día sin Inmigrantes, ThinkFoodGroup cerrará la mayoría de sus restaurantes en la zona de Washington", explicó la empresa de José Andrés en un comunicado.

Fuera de Washington, hubo actos de protestas en numerosos puntos del país, como en Massachusetts, donde el Museo Davis, en la Universidad Wellesley, descolgó u ocultó 120 obras, el 20% de su colección permanente, que han sido creadas o donadas por inmigrantes.

Según la Oficina del Censo, Estados Unidos ha visto un crecimiento histórico de población inmigrante y, según los datos más recientes de 2013, un 13% nació en el extranjero, que equivalen a más de 41 millones de personas.

Donald Trump designó ayer jueves al cubano-estadounidense Alexander "Alex" Acosta como secretario de Trabajo, el primer hispano de su gabinete. Acosta, de 49 años, fue fiscal federal en el distrito del sur de Florida y actualmente es el decano de la Universidad Internacional de Florida, aunque llegó a integrar la división de los Derechos Civiles en el Departamento de Justicia durante el gobierno de George W. Bush.

Graduado en Derecho en la Universidad de Harvard, Acosta es integrante del Consejo de Administración del Century Bank, un banco con base en Florida y especializado en préstamos a la comunidad hispana. Fue incluido dos veces entre los "50 hispanos más influyentes en Estados Unidos", de acuerdo con la revista Hispanic Business. Sustituirá a Andrew Puzder, que el miércoles retiró su nominación por la falta de apoyo en el Senado a su confirmación.

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