MASACRE EN EL COLEGIO DE EE.UU.

Presionado por la matanza del miércoles, ahora apoya una ley sobre verificación de antecedentes

Donald Trump parece que cedió, aunque muy poquito, en su dura posición a favor de las armas. La Casa Blanca anunció ayer lunes que el presidente ahora está a favor de mejorar el sistema nacional de verificación de antecedentes para la compra de armas. “Mientras las discusiones están en curso y se están considerando revisiones, el presidente apoya los esfuerzos para mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes”, indicó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

Ese gesto supone un cambio en la posición de Trump, que durante su presidencia solo ha tomado una medida relacionada con las armas: la firma, hace un año, de una ley que suspendía una regulación del expresidente Barack Obama para impedir que las personas con problemas mentales puedan acceder a la compra de armamento.

Pero Trump se ha visto sometido a una presión cada vez mayor para tomar medidas después de la masacre del miércoles en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida. El autor de la matanza fue Nikolas Cruz, un ex alumno que abrió fuego en los pasillos del centro educativo matando a 17 personas. Cruz, de 19 años, obtuvo la autorización para comprar su arma, un fusil semiautomático, a pesar de tener antecedentes policiales de comportamiento violento.

La portavoz Sanders dijo que Trump había hablado con los senadores Chris Murphy (demócrata) y John Cornyn (republicano), patrocinadores de un proyecto de ley para establecer una base de datos nacional, exigiendo a los estados y las agencias federales que informen con más frecuencia sobre delitos que impedirían que un individuo compre un arma.

Cornyn y Murphy presentaron el proyecto en noviembre, días después de que un hombre armado matara a más de dos decenas de personas en una iglesia en Texas.

Se trata, no obstante, de una solución técnica limitada, que deja sin resolver el problema más amplio de las permisivas leyes de armas bajo una enmienda constitucional que protege el derecho a portarlas.

Trump apoya a la Asociación Nacional del Rifle (NRA), un poderoso grupo de presión que se opone a cualquier límite a la posesión de armas en Estados Unidos, y el año pasado prometió a esa organización que tendrían “un amigo en la Casa Blanca”.

Sin embargo, su anuncio de ayer no supone una traición a la NRA, dado que ese grupo aseguró en noviembre que no se oponía al proyecto de ley de Cornyn y Murphy.

De hecho, el plan de estos senadores no buscaría aumentar el tipo de control de antecedentes de armas que se hace a posibles compradores, del que actualmente están exentos, en la mayoría de los estados, aquellos clientes que negocien con vendedores sin licencia, como los que operan a través de Internet o en ferias de armas.

La propuesta de Cornyn y Murphy tiene un objetivo más modesto: fortalecer la base de datos del Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Criminales (NICS, en inglés), utilizado por el FBI para comprobar en cuestión de minutos si alguien que solicita comprar un arma ha cometido algún delito. Esa base de datos está incompleta, porque algunos estados y agencias federales no cumplen el requisito de informar al NICS cuando condenan a alguien.

El proyecto de ley daría incentivos financieros a los estados que informen al NICS de cualquier condena criminal, además de aplicar el requisito ya existente de que las agencias federales transmitan a esa base de datos la información que tengan sobre esas sentencias.

El apoyo de Trump podría generar un impulso para ese proyecto de ley, que muchos expertos consideran el único capaz de salir adelante en el actual Congreso, controlado por los republicanos.

Pero no está claro que el debate en el Congreso pueda mantenerse una vez que desaparezcan los titulares sobre el tiroteo en Florida.

En octubre pasado, después de que un tiroteo en un concierto en Las Vegas dejara 58 muertos y 489 heridos, la Casa Blanca afirmó que daba “la bienvenida a un debate” sobre la posibilidad de restringir la venta de unos dispositivos usados en ese ataque, y que permiten que las armas de fuego puedan dispararse más rápido.

No obstante, el debate sobre la regulación de esos mecanismos, llamados en inglés “bump stocks”, nunca cobró fuerza en el Congreso, y muchos estadounidenses son escépticos de que el liderazgo de Trump baste para lograr que el Senado dé prioridad al control de armas.