HORAS CLAVES EN BRASIL

La Justicia se pronunciará el miércoles en un clima de alta tensión política.

Un tribunal de apelaciones brasileño dirá el miércoles si el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva es culpable de corrupción, en un fallo que puede liquidar sus ambiciones de volver al poder e incluso llevarlo a la cárcel.

Una confirmación de la sentencia a nueve años y medio de reclusión, dictada en julio por el juez Sergio Moro por corrupción pasiva y lavado de dinero, complicaría además el panorama de las ya inciertas elecciones de octubre, en las que Lula se presenta como favorito.

El Partido de los Trabajadores (PT), sindicatos y movimientos sociales organizan caravanas de centenas de autobuses hacia Porto Alegre (sur), donde se llevará a cabo el proceso, y convocan actos en Sao Paulo, donde el exmandatario (2003-2010) debería aguardar el veredicto.

El PT recurre a una retórica incendiaria para motivar a los simpatizantes de Lula, que sigue gozando de gran popularidad en regiones y sectores que se beneficiaron de sus políticas de distribución de renta.

"Para detener a Lula, van a tener que detener a mucha gente pero, más que eso, van a tener que matar gente", advirtió la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, en una entrevista.

Grupos de derecha también organizan concentraciones para denunciar a Lula.

En un medio de un clima tan encrespado, varias asociaciones de magistrados mostraron preocupación por las amenazas que proliferan en las redes sociales contra los tres jueces del Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4), a cargo del caso.

El alcalde de Porto Alegre llegó a pedir el apoyo del ejército para evitar desbordes.

Lula, de 72 años, fue condenado como beneficiario de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá, ofrendado por la constructora OAS a cambio de contratos en la estatal Petrobras.

Si el TRF4 ratifica la condena, el ícono de la izquierda estará más cerca de la cárcel y de una invalidación de su eventual candidatura. Aunque en principio podrá seguir libre y hacer campaña hasta agotar los recursos ante cortes penales y electorales.

El exdirigente sindical se proclama inocente y denuncia una conspiración de las élites.

"La noción de golpe de Estado se ha sofisticado. Ya no se necesitan tanques, soldados; es suficiente contar mentiras que los medios reproducen como si se tratara de verdades. Unas mentiras que han anestesiado a la población", afirmó Lula el martes en un encuentro con intelectuales y artistas en Rio de Janeiro.

Lula enfrenta otros seis procesos por causas de corrupción, tentativa de obstrucción a la justicia y tráfico de influencia.

El TRF4 analiza las apelaciones relacionadas con la Operación Lava Jato, que desde 2014 ha puesto al descubierto un esquema de sobornos pagados por constructoras a políticos de todas las tendencias para ganar licitaciones en Petrobras.

El Tribunal se pronunciará, además, sobre los recursos de otros seis implicados en la misma causa.

En el expediente figuraba la esposa de Lula, Marisa Leticia, quien falleció en febrero de 2017. En sus exequias, Lula prometió luchar para que sus acusadores tengan algún día "la humildad de pedir perdón" por la "canallada" cometida contra su cónyuge durante más de cuatro décadas.

El fallo, cualquiera que sea, constituirá una nueva prueba para la democracia brasileña.

En 2016, el país vivió un impeachment que condujo a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, heredera política de Lula, por manipulación de las cuentas públicas.

Rousseff fue sustituida por su vicepresidente, el conservador Michel Temer, que se encuentra también, al igual que sus principales ministros, bajo investigaciones por corrupción, aunque protegido por el momento por sus fueros políticos.

El PT dejó claro que no elabora ningún plan B para sustituir a Lula como candidato y afirma que una elección sin su líder sería "un fraude".

La salida de Lula del juego electoral podría reducir aún más la previsibilidad política en el mayor país latinoamericano.

"Si Lula no pudiese presentarse, la elección queda indefinida y pasaríamos a tener cinco o seis candidatos con posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Eso convertiría a las elecciones de 2018 en las más imprevisibles desde la restauración de la democracia (en 1985)", dijo el politólogo Mauricio Santoro, de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ).

El fallo de un tribunal de apelación sobre el recurso presentado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva contra una condena a casi una década de cárcel tiene en vilo a un Brasil en crisis política y en año electoral.

El exmandatario (2003-2010) fue condenado a nueve años y medio de cárcel como presunto propietario de un apartamento triplex en Guarujá, un balneario en el interior de Sao Paulo, que habría recibido a cambio de favorecer contratos con la estatal petrolera Petrobras.

Lula puede ser nuevamente condenado o absuelto. En cualquiera de los casos, la sentencia puede ser apelada ante el Supremo Tribunal de Justicia.

Si el exmandatario es condenado en segunda instancia quedaría inhabilitado electoralmente (ley de Ficha Limpia). Pero podría entrar en la carrera por las presidenciales de octubre gracias a una eventual medida cautelar del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Si la candidatura es impugnada, el Partido de los Trabajadores (PT) puede reemplazar a Lula hasta el 17 de setiembre, veinte días antes de la elección de la primera vuelta, que será el próximo 7 de octubre.