La mayor amenaza para que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, siga en el cargo podría no provenir de un escándalo de corrupción que ha golpeado a la élite empresarial y política del país, sino de una investigación menos vistosa sobre prácticas contables.

Júlio Marcelo de Oliveira, un fiscal del Tribunal de Cuentas Federal de Brasil, conocido como TCU, dice que Rousseff violó la ley de responsabilidad fiscal del país al retrasar sistemáticamente los pagos a los prestamistas estatales para emplear el dinero en el financiamiento de programas sociales como el seguro de desempleo. El retraso en los pagos se tradujo en que las cuentas fiscales de la nación parecían ser más saludables de lo que eran realmente. La práctica habría tenido como objetivo mostrar que el gasto no es tan alto y mejorar las posibilidades de reelección de Rousseff.

El TCU es el tribunal más alto de contabilidad fiscal de Brasil y está a cargo de la revisión de las finanzas públicas. La Constitución brasileña contempla el juicio político y la destitución de un presidente que viole la ley de responsabilidad fiscal.

Oliveira afirma que el Gobierno de Rousseff retrasó la devolución de cerca de 40.000 millones de reales (11.600 millones de dólares) de fondos para programas sociales obtenidos de prestamistas estatales en 2012 y 2013. El Gobierno de Rousseff ha negado irregularidades y argumenta que cumplió la ley.

El Gobierno está pagando esas deudas, lo que ha reducido sus ahorros este año y ha obligado a las autoridades a recortar metas fiscales clave.

"Nunca imaginé que esto se iba a convertir en algo tan grande", dijo Oliveira, de 46 años. "Yo representé a otros casos que pensaba eran más importantes (...) pero esto ha tomado otra dimensión política", añadió. Las acusaciones han envalentonado a los opositores de Rousseff a pedir un juicio político en el Congreso.

"Sin lugar a dudas el caso del TCU es el más sólido de todos (...) sirve como la base para un juicio político", dijo Paulo Kramer, un consultor con sede en Brasilia. "El clima político se está deteriorando tan rápidamente que hay un riesgo real de que ella no termine su mandato", añadió.

El máximo órgano fiscal apunta a un mal manejo de las cuentas