Desertaron junto a sus familias; el régimen de Maduro pide que se los devuelva y los acusa de golpista.

El gobierno de Colombia confirmó ayer miércoles que recibió la solicitud de refugio de tres militares venezolanos acusados de desertores por el presidente Nicolás Maduro. "En este momento su estatus es de solicitantes de condición de refugiados y mientras estén con ese estatus y no termine el proceso de análisis de su caso no se puede afirmar que se quedarán definitivamente ni que serán devueltos", aseguró la fuente oficial colombiana.

El pasado sábado, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, pidió a Colombia la entrega de los tres militares a los que acusa de llamar a un golpe de Estado y desertar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El gobierno colombiano no reveló la identidad de los tres militares venezolanos, que junto con sus familias pidieron refugio, ya que en estos casos rige el principio de la confidencialidad, y por esa misma razón no se hizo pública la petición, a lo cual se suma la ley de hábeas data que regula la divulgación de datos.

El análisis de cada caso pue-de tardar desde una semana hasta ocho meses, dependiendo de la agilidad con que sustenten su petición, y mientras tanto, los solicitantes reciben un salvo-conducto que les permite permanecer en el país legalmente y recolectar la documentación necesaria.

"Les fue otorgado un salvoconducto válido hasta por tres meses, el cual puede prorrogarse por un período igual hasta que se resuelva su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados", añadió la fuente sobre los militares venezolanos.

Este salvoconducto no les permite salir del país ni desplazarse a zonas de frontera.

El estatus de refugiado lo concede Colombia a las personas que tienen "fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas", según un decreto de mayo de 2015.

Las peticiones de refugio, que son diferentes de las de asilo, "se analizan de manera individual" por la Comisión Asesora para la Determinación de Condición de Refugiados (Conare), con base en la documentación presentada por cada uno y en la entrevista a la que son llamados.

"En ningún momento los militares pidieron el asilo político sino el estatus de refugiados", dijo la fuente.

El régimen chavista en Venezuela acusa a estos tres militares de llamar a un golpe de Estado.

Según la canciller venezolana Rodríguez, el lunes 10 de abril los tres militares solicitaron al gobierno de Colombia asilo político, "lo que no aplica en militares" y "mucho menos" procede "en militares desertores que llaman abiertamente a un golpe de Estado". Según Rodríguez, estos militares habrían llamado al derrocamiento de Maduro a través de un video. Indicó que el 31 de marzo pasado hizo la solicitud formal de entrega de estos militares a su homóloga colombiana, María Ángela Holguín, así como ante el ministro de Defensa de ese país, Luis Carlos Villegas.

Para el gobierno de Venezuela existe un plan para derrocarlo en el que estaría involucrado Estados Unidos con la anuencia de la oposición venezolana, que rechaza esa acusación.

Ayer Amnistía Internacional (AI) denunció la proliferación de detenciones arbitrarias en Venezuela para acallar a la oposición, según el informe "Silencio a la fuerza" que difundió en México.

Amnistía recoge varios casos que muestran "las tendencias graves de violaciones de derechos humanos en cuestiones de las detenciones arbitrarias por motivos políticos", dijo su directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas. Además aseguró que "es muy preocupante que las autoridades no estén tomando medidas para garantizar la protección de todos, sin distinción de sus opiniones políticas".

Reporteros Sin Fronteras (RSF) aseguró ayer estar "muy preocupada" por la falta de libertad de expresión en Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro ha censurado el libre ejercicio periodístico. "Desde hace mucho tiempo, y acompañando ahora la crisis en Venezuela, observamos que hay un control fuerte de la circulación de información por parte del gobierno, que no tolera las críticas", dijo el director para América Latina de RSF, Emmanuel Colombié.

LA CRISIS EN VENEZUELA