Impuesto a las ganancias abre un flanco contra el gobierno

Sindicatos opositores llaman a paro nacional

La tensión entre el Gobierno argentino y sindicatos opositores aumentó ayer tras un duro cruce de acusaciones, en víspera de la huelga por reclamos salariales convocada para hoy, que paralizará el transporte, la banca, la educación y el suministro de combustibles.

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Así lucía la 9 de Julio en la huelga nacional del pasado 28 de febrero. Foto: EFE

El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, aseguró que la medida de fuerza está "absolutamente fuera de lugar" y lamentó que la convoquen "gremios que han sido privilegiados en los últimos años por las políticas del gobierno nacional".

"Es un paro con intereses políticos en un año electoral", aseguró en rueda de prensa el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien reiteró que el impuesto sobre el salario, por el que protestan los sindicatos, afecta sólo al 10 % de los trabajadores que más ganan.

Kicillof rechazó modificar el impuesto a las Ganancias, que grava los sueldos superiores a los 15.000 pesos mensuales (1.700 dólares).

"Hemos hablado todo lo que hemos podido y hay una posición de subir el mínimo no imponible incomprensible", dijo durante la rueda de prensa, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en referencia a las conversaciones mantenidas con las centrales obreras en la última semana para evitar el paro.

"El Estado paga el subsidio a los empresarios. El Estado hace el esfuerzo y garantiza la retribución de los subsidios, pero el empresariado no participa en forma activa dialogando con los sindicatos, sus sindicatos que trabajan con el sector", expresó Fernández desde la Casa de Gobierno junto al titular de Hacienda. "Llamamos (a los empresarios) para pedir una actitud responsable sobre una actividad de estas características (en referencia a los medios de transporte). Los empresarios tienen que hablar con los gremios", enfatizó.

Sindicatos.

Frente a la posición gubernamental, el secretario adjunto del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, advirtió que, si no obtienen respuesta a sus exigencias, "van a ir acrecentando las medidas".

Moyano acusó a los funcionarios de ser "provocadores seriales" y expresó su deseo de que tras el paro "llamen a una mesa de diálogo" para negociar un aumento del salario mínimo gravado por el cuestionado impuesto a las ganancias.

Por la huelga no funcionarán los trenes, los ómnibus de transporte colectivo y el subterráneo, entre otros servicios de transporte de corta, media y larga distancia.

Fernández informó además, que "habrá fuerzas de seguridad en las principales terminales" de transporte público para garantizar los servicios mínimos, aunque estos podrían verse afectados por cortes de trabajadores en las calles.

También se prevé la paralización del servicio aéreo, por lo que muchos vuelos fueron reprogramados; así como del servicio de recolección de residuos; y el cierre de las estaciones de servicio.

Asimismo adherirán a la huelga los trabajadores portuarios, los bancarios, el transporte de carga en general, así como algunos sindicatos de empleados estatales. El titular del gremio de la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmid, cuestionó las políticas del Ejecutivo de Fernández en materia laboral.

"Si el 10 % de los trabajadores paga Ganancias, deberíamos poder considerar que el 90 % no tienen muy buenos salarios que digamos. No brilla tanto la distribución de la riqueza en la Argentina, tiene estos claroscuros", dijo el sindicalista.

La última huelga general que afrontó el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue el pasado mes de agosto, cuando los sindicatos opositores, con el apoyo de movimientos de izquierda y sectores rurales organizaron un paro de 36 horas en rechazo de las políticas del Gobierno kirchnerista.

Los sindicatos esperan un alto nivel de acatamiento para la medida.

Queja por "militarización" de las Malvinas.


El canciller Héctor Timerman envió una nota al Secretario General de ONU, Ban Ki-moon, así como a la OEA, Unasur, Mercosur, Celac, el G77, y los gobiernos de la región, en la que expone su protesta por lo que denomina como la "militarización británica" de las Islas Malvinas.

En tal sentido, el titular de Exteriores expresa su preocupación por las declaraciones efectuadas una semana atrás por el ministro de Defensa británico, Michael Fallon, quien había anunciado la ampliación del presupuesto militar para reforzar la presencia en las islas debido a declaraciones del gobierno argentino consideradas hostiles.

En las notas remitidas, el Gobierno argentino afirmó que el Reino Unido alega una supuesta e inverosímil "amenaza" argentina, con el sólo objetivo de intentar justificar una presencia militar digna de una potencia colonial, y recordó que la preocupación de la Argentina por la "militarización británica" del Atlántico Sur es compartida por la región en su conjunto y ha sido objeto del rechazo de múltiples foros internacionales por cuanto genera una tensión innecesaria e injustificada en el Atlántico Sur, una zona caracterizada por su vocación pacifista y libre de armas nucleares, según expresa la Cancillería argentina en su comunicado oficial.

La nota expresa, asimismo, la necesidad de convocar al Reino Unido a una mesa de diálogo en el marco de las resoluciones aprobadas hace 50 años y ratificadas en al menos 40 resoluciones posteriores.

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