Un intento de saqueo fue reportado ayer en horas de la mañana en un supermercado Makro ubicado en el estado de Carabobo, al norte de Venezuela.

Un grupo de personas ingresó al establecimiento y comenzó a lanzar los productos desde las góndolas más altas.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana frustraron el hecho. Hasta el momento, el incidente dejó un saldo de 13 detenidos.

En este centro comercial, un reportero gráfico fue agredido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Andrews Abreu, fotógrafo del diario El Carabobeño, fue golpeado por un efectivo policial en la pierna y despojado de su cámara.

El periodista denunció en su cuenta de Twitter que fue obligado a borrar el material fotográfico para que le devolvieran el equipo.

En el mismo estado, pero en otro supermercado (en el Abasto Bicentenario), algunos clientes iniciaron una trifulca por esperar varias horas que comenzara la venta.

Las personas se aglomeraron en las escaleras del Bicentenario y exigían a gritos que expendieran los productos regulados. Entre varios de los presentes se desarrollaron peleas por el orden de las colas, así como enfrentamientos verbales con los empleados que esperaban órdenes para abrir.

Este problema de escasez se suma a la situación política que vive Venezuela en este año.

Este lunes, primer día de un proceso de inscripciones que culminará el próximo viernes, la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) intentó sin éxito inscribir ante el CNE a cinco políticos de oposición.

Omar Mora Tosta, abogado de los políticos opositores Raúl Baduel y Ricardo Tirado, informó que el fin de semana, cuando se intentaba descargar la documentación para formalizar la inscripción de ambos para el circuito 1 del estado Aragua, la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la nota "inhabilitados para ejercer cargo público".

Estos dos inhabilitaciones se sumaron a las de María Corina Machado, Enzo Scarano y Daniel Ceballos que el CNE negó para inscribirse para las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

Freddy Guevara, del grupo político Voluntad Popular, denunció que el caso "es la aberración jurídica más grande y sin precedentes en el país".

En este contexto, Estados Unidos urgió ayer a Venezuela a replantearse el "veto" impuesto a varios opositores para participar en las elecciones, e instó al Gobierno venezolano a permitir una observación electoral "creíble" de los comicios.

"Estados Unidos ve con preocupación los informes de recientes decisiones del CNE venezolano y la Contraloría general de impedir a ciertos miembros de la oposición política que compitan por un cargo público o lo mantengan", dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, en el comunicado.

"Estas decisiones tienen claramente la intención de complicar la capacidad de la oposición de presentar candidatos para las elecciones legislativas, y limitar la diversidad de candidatos que pueden ser presentados ante el pueblo venezolano", añadió.

El portavoz subrayó que "la democracia debe ser inclusiva" y que su "propósito es proporcionar una diversidad lo suficientemente amplia para que los votantes puedan expresar sus preferencias de forma significativa".

Para estas elecciones, la oposición ha solicitado la presencia de observadores de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta medida fue rechazada hace una semana por el presidente Nicolás Maduro en la sede de la ONU, cuando dijo que Venezuela "no es monitoreada ni será monitoreada por nadie".

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