De aprobarse la apertura de un juicio político, abandonará el gobierno durante 180 días.

El Senado de Brasil decidirá hoy si la presidenta Dilma Rousseff responderá a un juicio político con miras a su posible destitución, lo cual implicaría su suspensión del cargo durante seis meses y la asunción al poder del vicepresidente Michel Temer.

El proceso, que se ha arrastrado desde diciembre pasado, cuando fue aceptado a trámite en la Cámara de Diputados, llega a uno de sus puntos culminantes con la oposición envalentonada por sondeos entre los senadores que le auguran más que la mayoría necesaria para aprobar lo que en Brasil se conoce como "impeachment".

En un último intento por impedir esa votación o la aplicación de su resultado, la Abogacía General del Estado, que defiende a la presidenta, envió ayer un último recurso a la Corte Suprema a la que exige la "nulidad" del proceso, pese a que casi no existen posibilidades de que prospere.

Según ratificó el presidente del Senado, Renán Calheiros, tras reunirse con los jefes de los grupos de los partidos representados en esa cámara, la sesión comenzará este miércoles a las 09.00 hora local (misma hora en Uruguay) y puede prolongarse hasta la madrugada de mañana.

Cada uno de los 81 senadores tendrá derecho a ejercer la palabra durante 10 minutos, aunque en la oposición hay parlamentarios dispuestos a renunciar a ese tiempo a fin de acelerar el trámite, con el que acusan a Rousseff de maquillar cuentas públicas durante su campaña a la reelección

Para que el juicio político sea instaurado, los partidarios del "impeachment" precisan una mayoría simple de 41 votos entre los 81 senadores.

Sin embargo, la intención de la oposición es llegar a los 54, equivalentes a la mayoría calificada de dos tercios que, una vez que concluya el juicio, será necesaria para que Rousseff sea finalmente destituida.

En ese último caso, fuentes del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno de los principales impulsores del proceso contra Rousseff, dijeron a que con esos 54 votos se le transmitiría "el mensaje de que no hay retorno posible".

Ello responde a que, si Rousseff fuera absuelta una vez que el proceso concluya, recuperará el cargo y desplazará a Temer, que debería regresar a una vicepresidencia que, según coinciden todos los analistas políticos, sería absolutamente insostenible.

Temer, que en las últimas semanas se ha dedicado a consultas para la conformación de su eventual Gobierno, visitó ayer a Calheiros en su residencia y, según fuentes de su entorno, conversaron sobre los procedimientos para que tome posesión de la presidencia.

A diferencia de lo sucedido el pasado 17 de abril, cuando la Cámara de Diputados votó por la continuidad del proceso, hoy no se esperan grandes manifestaciones frente al Parlamento.

De todos modos, en previsión de incidentes, las autoridades han vuelto a instalar una enorme valla que divide en dos los jardines frente al Congreso, a fin de que a un lado se concentre el bloque de apoyo a Rousseff y al otro aquellos que defienden el "impechament".

La jefa de Estado ya ha aceptado que no tendrá la mayoría simple que evitaría su separación del cargo, por lo que ha empezado a retirar sus fotografías personales y vació los armarios del Palacio presidencial de Planalto pra llevar suspertenencias al Palacio de la Alvorada, su residencia oficial.

La mandataria, que sólo estará suspendida del cargo mientras dure el proceso, tendrá derecho a utilizar el Palacio de la Alvorada, que, según fuentes oficiales, pretende convertir en el "fortín de la resistencia" a lo que califica de "golpe".

De hecho, para el momento en que sea notificada de la decisión que la separará del cargo, se prevé que Rousseff encabece una marcha con simpatizantes que caminarán con ella a lo largo de cuatro kilómetros entre los palacios de Planalto y la Alvorada.

Si esa marcha se confirma, pasará frente al Palacio de Jaburú, residencia oficial de Temer y separada por un kilómetro de parques del futuro "fortín de la resistencia".

Muchos de quienes prometieron estar en esa marcha asistieron ayer al que pudo haber sido el último discurso de Rousseff durante su mandato, en el marco de un congreso sobre políticas para la mujer.

"Estoy cansada de los desleales y los traidores, pero no de luchar", dijo, y reiteró que defenderá su mandato y no renunciará, pues mientras siga "de pie, quedará claro que han cometido una injusticia".

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también saltó en defensa de Rousseff tras reunirse con ella en Brasilia, y cuestionó la legitimidad del impeachment porque es impulsado por varios legisladores investigados o acusados de corrupción.

Hay un "porcentaje alto de diputados y senadores que podrían estar involucrados o indagados o acusados en temas de corrupción. Eso definitivamente genera un problema estructural de cinismo", señaló el excanciller uruguayo, quien ayer se reunió con Dilma.

Una investigación de la ONG Transparencia Brasil reveló que 61% de los 81 miembros del Senado han sido condenados o acusados de delitos en algún momento.

"Voy a luchar (contra la destitución) con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, medios legales, medios de lucha (...) Estoy cansada de los desleales y los traidores. Soy un tipo de víctima como muchas mujeres. Víctima pero luchadora".

"Hay un porcentaje alto de diputados y senadores que podrían estar involucrados o indagados o acusados en temas de corrupción. Eso genera un problema estructural de cinismo en cuanto a las decisiones que hay que tomar sobre el impeachment".

"Revoco la decisión del 9 de mayo por medio de la cual fueron anuladas las sesiones del pleno de la Cámara de Diputados ocurridas el 15, 16 y 17 de abril de 2016". Horas antes había puesto en suspenso el juicio.

"Ellos pueden ir al cielo, (o pedirle) al Papa o al diablo", dijo el juez opositor del Supremo Tribunal Federal sobre el recurso para anular el impeachment presentado ayer por la Abogacía General de la Unión (AGU).

Una serie de protestas contra el juicio político en el Congreso bloqueó ayer carreteras en 14 de los 27 estados de Brasil, informaron fuentes oficiales. Las manifestaciones forman parte del llamado Día Nacional de Paralización y Movilizaciones Contra el Golpe, promovido por los grupos sociales que defienden el gobierno en todo el país.

El canciller de Ecuador, Guillaume Long, expresó ayer en Bogotá su preocupación por la crisis política en Brasil y advirtió que "la inestabilidad" que vive el gigante suramericano repercute en el resto de América Latina. "Los vaivenes, la inestabilidad que se vive en el ámbito político brasileño no favorece a ningún país de la región", declaró el jefe de la diplomacia ecuatoriana.

El Partido Progresista (PP) informó ayer que pedirá al presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil, Waldir Maranhao, que renuncie al cargo tras su "lamentable" decisión de intentar impedir el proceso contra la presidenta Dilma Rousseff. "Sería una salida negociada" para impedir su expulsión del PP, dijo el jefe de esa formación Aguinaldo Ribeiro.

El plenario del Senado brasileño despojó ayer de su mandato al exjefe del oficialismo en la Cámara alta Delcidio Amaral, el parlamentario que implicó a la presidenta Dilma Rousseff y a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, en el escándalo de corrupción de Petrobras. Últimamente, el senador había aceptado colaborar con la Justicia, revelar todo lo que sabía del escándalo a cambio de reducir su pena.

NUEVA ERA POLÍTICAEFE, REUTERS y AFP