Se formó la comisión que estudiará el juicio político con fines de destitución de Rousseff.

La Cámara de Diputados de Brasil retomó ayer el proceso de cara a un posible juicio político contra la jefa de Estado, Dilma Rousseff, con la aguda crisis que vive el país en plena ebullición y el apoyo parlamentario a la mandataria menguado.

El futuro de Rousseff ha quedado encomendado a 65 diputados que integraron una comisión elegida ayer mismo, que determinará si existen méritos jurídicos para la apertura de un proceso con miras a su destitución, que el pasado domingo fue exigida en unas protestas en las que participaron 3,6 millones de personas.

La elección de los miembros de la comisión fue el primer paso de un engorroso proceso, que puede prolongarse durante meses y estirar así una crisis política con gravísimas repercusiones en la economía brasileña, que se ha sumergido en una profunda recesión.

Las acusaciones contra Rousseff, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, se fundamentan en unas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que ocultó unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública. El proceso comenzó en diciembre pasado, pero fue interrumpido por "errores de procedimiento" detectados por la Corte Suprema, y fue retomado después de que este miércoles el tribunal esclareció el trámite.

Si bien las maniobras dirigidas a maquillar los resultados del Gobierno dieron pie a la solicitud, el proceso fue retomado ayer completamente contaminado por el agravamiento que ha tenido la aguda y creciente crisis política del país, desatada por los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras.

Aunque se basa en méritos jurídicos, el trámite será netamente político y la correlación de fuerzas en el Parlamento será decisiva, y, en ese sentido, Rousseff ha recibido en los últimos días dos mazazos que pueden influir en el proceso.

El pasado sábado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, acordó que se tomará 30 días para decidir si permanece en el Gobierno o rompe con el gobierno de Rousseff.

La formación de Temer, primero en la línea sucesoria en caso de una destitución, cuenta con la segunda minoría en la Cámara baja, con 66 de los 513 escaños, mientras que es la primera fuerza en el Senado, con 18 de los 81 asientos.

Este miércoles, un escándalo surgido en torno al nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo ministro de la Presidencia de Rousseff, llevó al Partido Republicano a romper con el Gobierno y engrosar la oposición con sus 21 diputados.

Las formaciones con mayor participación en la comisión son el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, y precisamente el PMDB, presionado por las alas disidentes que exigen abandonar al Gobierno.

El PT y el PMDB tienen ocho miembros en la comisión, dos más que el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), mientras que otros 20 partidos contarán con hasta cuatro diputados.

La elección de los miembros de la comisión se dio en medio de un constante alboroto, con la bancada opositora entonando "Fuera Dilma" y el oficialismo respondiendo "golpistas". El anuncio de la elección de la comisión, hecho por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, enjuiciado en el Supremo por presunta corrupción vinculada a Petrobras, fue festejado por los opositores, que entonaron el himno nacional entre las protestas del oficialismo.

La comisión ahora deberá elegir a su directiva y al diputado que actuará como instructor y notificar sobre el proceso a Rousseff, quien tendrá un plazo de diez sesiones para presentar su defensa.

Sus alegatos y los de la parte acusadora serán debatidos durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará el informe del diputado instructor.

Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por una mayoría calificada de al menos dos tercios (342 votos).

Si los diputados deciden proseguir con el proceso, la palabra pasará al pleno del Senado, que por mayoría simple decidirá si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político.

En ese último caso, la mandataria deberá separarse del cargo hasta que concluya el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días, y en ese período sería sustituida por Temer, quien completaría el mandato que concluye el 1º de enero de 2019 si se llegara a la destitución. Cabe recordar que en la Cámara alta el oficialismo tiene mayoría.

Hasta hace pocos días algunos analistas políticos se atrevían a sostener que, superada esta tormenta política, la presidenta lograría completar su mandato. Sin embargo el agravamiento de la crisis en pocas horas puede haber cambiado drásticamente los pronósticos más optimistas.

Todo el país se mantiene en vilo, en tanto, mientras la crisis evoluciona en varios planos.

El Tribunal Supremo de Brasil dio ayer cinco días de plazo para que la Fiscalía, el Gobierno y el abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, presten informaciones antes de analizar dos demandas contra el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como minis-tro de la Presidencia. Después de ese plazo, el magistrado Teori Zavascki, instructor de la causa, analizará las dos demandas presentadas por separado por los opositores Partido Socialista Brasileño (PSB) y Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

El borrador de una escritura de compraventa, publicado ayer por la Policía, muestra que el expresidente brasileño Lula da Silva habría comprado una casa de campo que usa frecuentemente y que está bajo investigación, aunque asegura que no es suya. El documento, que fue divulgado por la Policía Federal a medios locales, no está firmado por ninguna de las partes y establece la venta de la finca en Atibaia (San Pablo) a Lula en 2012. El precio de venta se fijó en 800.000 reales (US$ 400.000 de la época).

La Asociación de Jueces Federales de Brasil (Ajufe) manifestó ayer su apoyo al juez Sergio Moro, responsable de las grabaciones telefónicas al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y a su sucesora, Dilma Rousseff. "Manifestamos nuestro total apoyo a la independencia judicial del juez federal Sergio Moro y de todos los magistrados federales que actúan en los procesos de la Operación Lava Jato", afirma un manifiesto publicado ayer, que se refiere a la investigación del escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras. Sin citar a ninguna autoridad en concreto, los jueces rechazaron que ocurran "retrocesos" en la independencia del Poder Judicial. "Estamos vigilantes y atentos a las tentativas temerarias de injerencia en las decisiones judiciales por otros medios que no sean los establecidos en el orden jurídico y rechazamos con vehemencia cualquier amenaza dirigida a miembros del Poder Judicial".

La oposición acusa a la presidenta brasileña Dilma Rousseff de haber maquillado las cuentas públicas de 2014, durante la campaña electoral, para minimizar el impacto de la crisis y, de esa forma, promover su reelección como mandataria.

Rousseff habría cargado a los bancos públicos gastos correspondientes al gobierno por un total de US$ 11.200 millones en 2014. Estas prácticas se habrían reproducido al inicio del 2015, luego de su reelección, según opositores.

Los partidarios del impeachment juzgan que estas prácticas constituyen un "crimen de responsabilidad" por parte de la presidenta, uno de los motivos de destitución que están previstos en el artículo 85 de la Constitución brasileña.

El "impeachment" es un proceso político cuyo resultado dependerá del juego de fuerzas en el Congreso. El partido de centro PMDB, principal aliado del PT de Rousseff, mostró dudas sobre si la seguirá apoyando luego de 30 días.

CRISIS POLÍTICA EN BRASIL: EL “IMPEACHMENT”