Lula sigue siendo el gran articulador de Dilma para encontrar los apoyos.

La presidenta de Brasil Dilma Rousseff seguía ayer tejiendo alianzas para salvar su mandato, mientras su gobierno denunciaba un "deseo de venganza" del jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, en la tentativa de impulsar un impeachment contra la mandataria para destituirla.

Rousseff negocia, tras la ruptura del partido centrista PMDB con la base aliada, una reestructuración gubernamental en todos los niveles, con el fortalecimiento de formaciones que puedan darle los votos necesarios para impedir un juicio de destitución en el Congreso.

El último sacrificado de esa movida fue el presidente del Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), designado en 2015 por el vicepresidente Michel Temer, quien es también jefe del PMDB y virtual heredero de Rousseff si el impeachment prospera.

La semana pasada ya habían sido destituidos los jefes del Departamento Nacional de Obras contra la Sequía (DNOCS), de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) y de la Fundación Nacional de Salud (Funasa).

El PMDB, que tiene una bancada de 69 diputados, cuenta aún con seis ministros que expresaron su deseo de permanecer en sus cargos, en abierto desacato de la orden dada por la dirección partidaria.

Rousseff, de 68 años, busca premiar a partidos capaces de garantizarle un apoyo contra el proceso de destitución.

Si bien aún Lula no asumió su cargo como jefe de gabinete—debe esperar que la Justicia se expida sobre su nombramiento— sigue siendo un gran asesor de Dilma. Pese a todo, es el gran articulador de las nuevas alianzas, de acuerdo con fuentes gubernamentales y observadores.

En tanto, una comisión de 65 diputados debe indicar en un primer momento si ve causas válidas para abrir un juicio político contra Rousseff, acusada de presunta manipulación de las cuentas públicas.

Una moción de destitución de la mandataria, perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT), debe ser aprobada por 342 de los 513 diputados (dos tercios) antes de ser tramitada en el Senado.

Los cálculos y las cábalas se multiplican y cualquier conversación con un asesor parlamentario, de cualquier partido que sea, termina estos días con la calculadora en la pantalla del teléfono.

La crisis política de la joven democracia brasileña se potencia con una grave recesión. Según la última encuesta de mercado publicada semanalmente por el Banco Central, los operadores estiman que la contracción del PIB de la mayor economía latinoamericana será este año de 3,73%, casi igual a la de 2015 (3,8%).

El abogado general del gobierno, José Eduardo Cardozo, se dirigió ayer a la Comisión que tendrá luego cinco sesiones para expresar su parecer.

El voto de ese parecer por el plenario podría producirse hacia mediados de mes, lo cual significa que Rousseff puede tener apenas unos días para ganar apoyos y salvar su mandato, que normalmente debe terminar a fines de 2018.

La mandataria asegura que las acusaciones en su contra no implican un "crimen de responsabilidad" y denuncia una tentativa de "golpe de Estado" institucional.

Cardozo, que fue ministro de Justicia, "va a pedir archivar la causa por falta de base jurídica" y atribuirá la denuncia a un posible "acto de venganza" del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, adelantó la Abogacía General de la Unión (AGU), una instancia con rango ministerial.

La defensa afirmó que "todo el procedimiento de impeachment solo fue aceptado por el presidente de la Cámara después de que la bancada del Partido de los Trabajadores votara a favor de la apertura de un proceso en su contra en la Comisión de Ética", indica la nota colgada del portal de la AGU.

Cunha, tercero en la línea de sucesión de Rousseff, se convirtió el mes pasado en el primer político brasileño protegido por fueros que deberá sentarse en el banquillo de la Corte Suprema, por haber recibido, según la acusación, al menos cinco millones de dólares en sobornos procedentes de la red corrupta que desangró a la estatal Petrobras y que afectó a las arcas públicas en 2.000 millones de dólares.

La Confederación Nacional de Agricultura (CNA), que congrega a los grandes productores del campo brasileño, exigió ayer que se busquen "lo más rápido posible las soluciones legales" necesarias para que el país recupere la estabilidad.

"Ante al grave impasse político" que genera la incertidumbre en relación a un posible juicio con miras a la destitución de la jefa de Estado, Dilma Rousseff, la CNA manifestó a través de un comunicadooficial su "profunda preocupación con la marcha de los acontecimientos".

SE DEFIENDE Y BUSCA ALIADOS