EL EFECTO PIMENTEL

Rousseff quedó enredada en investigación por corrupción

La justicia va sobre el gobernador de Minas Gerais por el cobro de coimas.

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La expresidenta reapareció el jueves en Río de Janeiro. Foto: Reuters

Dilma Rousseff quedó en el radar de la Justicia: dos de sus exministros son investigados por casos de corrupción que salpican a la expresidenta, y que en uno de los casos tiene ramificaciones en Uruguay.

La expresidenta fue destituida el 31 de agosto en un juicio político donde fue hallada culpable de violar la legislación fiscal, pero no se le imputó ningún caso de corrupción.

Pero el alerta rojo sonó dos veces esta semana cuando exministros de su gobierno fueron alcanzados en investigaciones de casos de corrupción.

Ayer viernes la Policía Federal realizó allanamientos, incautó documentos y ordenó el "traslado coercitivo" de un alto funcionario de la gobernación de Minas Gerais, cuyo titular es Fernando Pimentel.

Pimentel es amigo de Rousseff desde que ambos eran adolescentes y en 2011 la entonces presidenta lo nombró al frente del ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.

En su gestión como ministro habría mantenido acuerdos irregulares con la constructora OAS y otras empresas. El titular de OAS, Leo Pinheiro, ya fue condenado por su participación en la red de corrupción en Petrobras y esta semana fue imputado por el supuesto pago de sobornos al expresidente Lula da Silva.

En junio pasado la justicia brasileña recibió una denuncia de que Pimentel habría recibido dinero para interceder ante el gobierno uruguayo para que a la empresa OAS se le adjudicara la construcción de la planta regasificadora en Punta de Sayago. Esto reforzó en su momento el planteo del diputado del Partido Nacional Pablo Abdala para que se apruebe una comisión investigadora parlamentaria.

El empresario brasileño Benedito Rodrigues de Oliveira Neto (Bené), reveló ante la justicia de su país que las empresas Odebrecht y OAS pagaron 14,5 millones de reales en "propina" al gobernador de Minas Gerais.

Según el diario Folha de São Paulo y la red Globo, Bené declaró que las tratativas con Odebrecht comenzaron en mayo de 2013.

Según Bené, Pimentel fue elegido para la gestión porque "conocía al jefe de gabinete" de José Mujica, aunque no especificó con quién habló. Según su versión, Pimentel quería que OAS le pagara 5 millones de reales, pero no tuvo éxito. OAS le habría pagado 3 millones de reales.

El soborno lo habría recibido a través de un "socio" en Bello Horizonte, dijo Bené, que aclaró que no sabe qué destino tuvo ese dinero.

Entre 2011 y 2014, cuando Pimentel era ministro también tenía influencia en el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, cuando habría hecho gestiones para liberar créditos a empresas que financiaron al Partido de los Trabajadores.

Decenas de efectivos de la Policía Federal realizaron diligencias ayer en Minas Gerais, Brasilia, San Pablo y Río de Janeiro en el marco de la causa "Acrónimo" que desde el año pasado trabaja sobre ese supuesto tráfico de influencias y arreglos con empresarios .

Según trascendió en los medios locales, el actual secretario de la gobernación de Minas Gerais, Marco Antonio Rezende Teixeira, participó en algunos acuerdos ilegales celebrados por Pimentel y empresarios durante el gobierno de Rousseff.

La expresidenta perdió el fuero especial como jefa de Estado desde agosto, cuando sólo podía ser procesada por la Corte, y a partir de entonces está expuesta a ser investigada por jueces ordinarios de primera instancia.

Sumado a los presuntos delitos abordados en la causa Acrónimos, que afectan a Pimentel, está el proceso por la trama delictiva en torno de Petrobras, conocido como el "Petrolao".

En el marco de la causa por el "Petrolao" el juez anticorrupción Sergio Moro ordenó la prisión de otro exministro de Rousseff, el otrora jefe de Hacienda Guido Mantega.

El jueves Mantega fue arrestado por su presunto acuerdo ilegal con una empresa del sector energético y minero en 2012, durante el primer gobierno de Rousseff.

Según Moro, el exministro Mantega acordó con un empresario el pago de unos 2 millones de dólares para abonar deudas de campañas electorales del Partido de los Trabajadores.

Al parecer ese pacto ilegal benefició a Rousseff, pues el dinero se destinó a costear los servicios de su publicista, Joao Santana, que ha realizado campañas en varios países latinoamericanos.

Rousseff consideró "extraño" que el juez Moro haya ordenado la prisión de Mantega, al hablar en la noche del jueves durante un acto proselitista con miras a las elecciones municipales del 2 de octubre. "La pregunta que me hago es, ¿por qué detuvieron a Mantega? y la respuesta es: para ejercer influencia en esta campaña electoral", disparó Rousseff.

La prisión de Mantega desató algunas críticas pues el ex funcionario fue apresado mientras acompañaba a su esposa enferma de cáncer e internada en un hospital. El caso es que si bien la prisión fue suspendida, no así el proceso contra Mantega que se sustancia en el marco de la causa "Lava Jato" por el escándalo en Petrobras.

Si Moro demuestra que el ex funcionario obligó a un empresario a desembolsar dinero para la campaña de Rousseff, ella puede ser citada y hasta procesada por el "Petrolao", una hipótesis publicada ayer por el diario O Globo.

Esta semana, Moro ya abrió un proceso contra el ex mandatario Lula da Silva por su participación en la red de estafas en perjuicio de la petrolera Petrobras.

Candidatos con cuentas pendientes.

La cuarta parte de los diputados que aspiran a alcaldías en las elecciones municipales del 2 de octubre en Brasil, 19 de 81, está en la mira de la Justicia, según un balance divulgado ayer por el portal especialista en información legislativa Congreso en Foco. De los 19 con cuentas pendientes, ocho responden a procesos penales por delitos contra la Administración Pública, fraudes y hasta tortura; los otros son investigados por lavado de dinero, corrupción, falsificación y violaciones a la ley electoral. La lista de Congreso en Foco solo incluye a los diputados que responden a procesos ante el Supremo Tribunal Federal (STF), el único que puede juzgar a quienes tienen fuero y no tiene en cuenta procesos abiertos en otras jurisdicciones, que aún no hayan sido remitidos a la máxima corte del país. De acuerdo con Congreso en Foco, varias de las investigaciones o procesos se refieren a irregularidades cometidas cuando los diputados ejercían alcaldías a las que aspiran a volver.

El caso más emblemático es el del diputado Veneziano Vital do Rego, quien ejerció dos mandatos como alcalde de Campina Grande entre 2005 y 2012 y ahora intenta regresar al gobierno municipal de esa ciudad del estado de Paraíba. Vital do Rego, correligionario del presidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). EFE

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