CRISIS EN BRASIL

Rousseff presenta sus alegatos para evitar el juicio político

Esta será una semana clave para impulsar el impeachment a la mandataria.

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Dilma Rousseff. Foto: AFP

La Abogacía General de la Unión de Brasil ultimó ayer los alegatos de la defensa de la presidenta Dilma Rousseff, que presentará hoy ante la comisión parlamentaria que analiza si existen méritos jurídicos para abrir un proceso destituyente contra la mandataria ("impeachment").

El abogado del Gobierno brasileño, José Eduardo Cardozo, entregará el documento de la defensa hoy, cuando acaba el plazo de 10 sesiones parlamentarias que tenía Rousseff para exponer sus argumentos.

Está previsto también que Cardozo haga una exposición de los alegatos, cuyo razonamiento técnico y jurídico ya fue adelantado el pasado jueves por el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, ante la propia comisión.

Barbosa negó que Rousseff realizara operaciones irregulares y rechazó las acusaciones, formuladas por juristas y por cuatro partidos de la oposición, y que se basan en unas maniobras contables que llevó a cabo el Gobierno entre 2014 y 2015 para "maquillar" sus balances fiscales.

La oposición también acusa a la presidenta de haber modificado los presupuestos a través de decretos y de haber acumulado deudas y contratado créditos con la banca pública, lo que está prohibido por la legislación vigente.

Barbosa señaló que "pudo" haber habido "maquillaje" en los resultados oficiales en 2014, pero que las deudas fueron canceladas "por completo" en 2015, el primer año del nuevo mandato de Rousseff.

El Ejecutivo ocultó unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública, que usó como agente de pagos para cubrir parte del valor previsto para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y otras obligaciones como créditos para campesinos.

"En 2013 y 2014 hubo valores excesivamente negativos en contra del Gobierno durante mucho tiempo", reconoció el titular de Hacienda, quien también insistió en que no se puede destituir a un gobernante por faltas cometidas en mandatos anteriores.

En relación a la modificación de los presupuestos, Barbosa argumentó que los decretos no alteraron el importe final, sino que solo afectaron a las partidas, por lo que no constituyeron un aumento del gasto, tal como esgrime la acusación.

"Con base en estos argumentos técnicos y jurídicos, y no en mis opiniones, considero que no hay base legal" para abrir un juicio contra Rousseff, subrayó Barbosa.

El ministro también hizo hincapié en que "no hay nada de lo que hablar de flexibilidad fiscal, de irresponsabilidad fiscal o de delito de responsabilidad en un momento en el que el Gobierno hizo el mayor plan de contingencia de su historia".

La comisión que recibirá la defensa encara una semana decisiva, ya que tiene previsto presentar también su informe final, que todavía deberá recibir la aprobación del Congreso.

Tras los alegatos de Rousseff, los 65 diputados del grupo debatirán el caso durante cinco sesiones más para, después, votar el informe que antes del viernes presentará el diputado instructor, lo que podría ocurrir el próximo 11 de abril.

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