BRASIL

Rousseff, marchas y huelga bancaria presionan a Temer

La expresidenta regresó ayer a Porto Alegre dejando la residencia oficial.

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La Justicia abrió una investigación por presunto abuso policial a opositores. Foto: EFE

Una ola de manifestaciones callejeras que llevó a la Justicia a investigar supuestos abusos de la Policía, una huelga bancaria de alcance nacional, nuevas denuncias de corrupción que golpean las esferas del Estado, y la destituida presidenta Dilma Rousseff regresando a Porto Alegre para reagrupar fuerzas. Los hechos que marcaron los primeros días de Michel Temer como presidente de Brasil auguran un fin de mandato tenso con varios frentes abiertos. Además, la marcha de la economía no le ayuda.

Rousseff abandonó ayer martes Brasilia, donde residió desde 2003, y partió hacia la ciudad de Porto Alegre, donde volverá a vivir tras haber sido destituida la semana pasada por el Senado.

La expresidenta salió del Palacio de la Alvorada, la residencia oficial que todavía tenía derecho a ocupar, aclamada por unas pocas decenas de partidarios que se reunieron a las puertas de la mansión para esperar su partida.

"Despedirse jamás, volveremos", gritaron los manifestantes, que agitaban banderas rojas del Partido de los Trabajadores (PT) y también coreaban "no al golpe" y "fuera Temer".

Algunos la siguieron hasta el aeropuerto, donde casi se cruza con Temer, su exvicepresidente con quien se enemistó durante el proceso que ella califica de "golpe parlamentario", y que regresó apenas unas horas antes de China, donde asistió a la Cumbre del G20.

La expresidenta, de 68 años y nacida en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, vivió en Porto Alegre desde 1973, cuando recuperó la libertad después de tres años en la cárcel por su activismo contra la dictadura que gobernaba entonces.

Abandonó Porto Alegre a fines de 2002, cuando se mudó a Brasilia. En Porto Alegre fue recibida por sus simpatizantes, que habían convocado a "Un Cariñazo para Dilma" en el aeropuerto Salgado Filho.

Abuso policial.

El Ministerio Público Federal de Brasil abrió ayer una investigación sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos supuestamente cometidas por la Policía en manifestaciones realizadas contra el presidente Temer.

Las autoridades cuestionan el "uso excesivo de violencia" para reprimir a los manifestantes en Rio de Janeiro y São Paulo, y también los "arrestos arbitrarios" cometidos por las fuerzas de seguridad, según un comunicado de la Fiscalía.

La Fiscalía también anunció que en las próximas manifestaciones tomará imágenes y audios para verificar si la conducta de los policías se ajusta al criterio del uso proporcional de la fuerza. En el comunicado, la Fiscalía citó el caso específico de un grupo de jóvenes que fue detenido en São Paulo antes del inicio de la manifestación del pasado domingo, por llevar en sus mochilas piedras, barras de hierro y otros objetos que, según las autoridades, podrían ser usados para cometer actos de vandalismo.

Un juez, que ordenó la puesta en libertad de los jóvenes, consideró ilegal el arresto pues había "graves indicios de violación de derechos fundamentales, como la libertad de manifestación y el debido proceso legal". Los 16 adultos detenidos fueron acusados por la Policía de delincuencia organizada y corrupción de menores, ya que estaban en compañía de diez menores de 18 años.

En otra protesta ocurrida la semana pasada en São Paulo, una activista fue herida y perdió la visión del ojo izquierdo cuando la Policía reprimía la manifestación con balas de goma y bombas de estruendo.

Desde que el Senado destituyó a Rousseff la semana pasada, se han celebrado actos de protesta en varias ciudades de Brasil.

Los manifestantes ponen en tela de juicio la legalidad de la destitución de Rousseff, piden la renuncia de Temer y la celebración de elecciones anticipadas, posibilidad que no está contemplada en la Constitución brasileña.

Bancarios.

En tanto, más de medio millón de trabajadores bancarios iniciaron ayer martes una huelga por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras salariales. La medida de fuerza tiene alcance nacional y afectará el atendimiento al público tanto en entidades privadas como estatales.

Los sindicatos reclaman una mejora salarial de 14,78%, que contempla una compensación de la inflación (de 9,57% de promedio en doce meses), más un 5% de aumento. También pretenden subir el piso salarial, de unos 1.800 reales (550 dólares) a 3.940 reales.

Investigan presunto fraude con fondos de pensiones estatales.

La Policía de Brasil inició una investigación sobre un presunto fraude con fondos de pensiones de grandes empresas estatales, en tanto, un juez ordenó a decenas de financistas y ejecutivos de alto rango alejarse de sus compañías, incluido el presidente ejecutivo del mayor exportador de carne del mundo.

La Policía realizó cinco arrestos, más de dos decenas de interrogatorios y ejecutó más de 100 órdenes de registro, incautando joyas, vehículos de lujo, arte, y un avión, como parte de una orden para congelar activos valorados en 2.460 millones de dólares.

El juez federal a cargo del caso, Vallisney De Souza Oliveira, ordenó que el presidente de la empacadora de carne JBS SA y otros 39 ejecutivos bajo investigación, suspendan sus roles, eviten cualquier actividad en el mercado de capitales y entreguen sus pasaportes para no ir a prisión.

Las acciones de JBS cayeron un 10 por ciento, su mayor declive en seis meses, por la posibilidad de que los hermanos Wesley y Joesley Batista, que lideran respectivamente a JBS y a la firma familiar J&F Investimentos, no puedan administrar las compañías. REUTERS

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