La presidenta habló en la sesión inaugural del año legislativo, ante un Congreso en el que hay medio centenar de diputados y senadores investigados por los casos de corrupción en Petrobras.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, defendió hoy el "castigo" a los corruptos en su discurso en la sesión inaugural del año legislativo, ante un Congreso en el que hay medio centenar de diputados y senadores investigados por un caso de corrupción en la estatal Petrobras.

"Debemos castigar con rigor a aquellos que se implicaron en actos de corrupción, pero necesitamos de instrumentos para preservar las empresas y los empleos que estas generan", afirmó Rousseff en su discurso en la sesión solemne del Congreso.

Entre los cerca de 50 legisladores investigados por beneficiarse de las corrupciones en la petrolera estatal, se encuentran los presidentes de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.

Cunha, cuya investigación es una de las más avanzadas por la Fiscalía, se está enfrentando a un juicio político que le puede costar perder su escaño debido a su supuesta implicación en el escándalo de corrupción.

El caso de Petrobras, además de a la petrolera estatal, la mayor empresa del país, ha salpicado a las mayores constructoras de Brasil, que podrían ser vetadas para participar en futuras licitaciones públicas.

El discurso de Rousseff, además de citar la corrupción, se centró en las medidas económicas que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso para sacar al país de la recesión.

Rousseff defendió la creación de un nuevo impuesto, que según el Gobierno sería temporal y gravaría todas las transacciones financieras, y que calificó como "la mejor solución posible" para equilibrar las cuentas.

Esta propuesta de Rousseff fue recibida con sonoros y reiterados abucheos por parte de numerosos diputados y senadores de la oposición.

Rousseff apeló directamente a los que "tienen dudas y se oponen" al nuevo impuesto y pidió que "consideren la excepcionalidad del momento" para cambiar de opinión y votar a favor de la medida.

Asimismo, la mandataria desgranó una serie de medidas económicas a corto, mediano y largo plazo y se comprometió a impulsar la reforma del sistema de previsión social, para lograr que el pago de las pensiones sea sostenible en las próximas décadas.

Aseguró que el gasto en pensiones compromete actualmente el 44 % de los gastos primarios del Gobierno y alertó que ese dispendio "aumentará exponencialmente", puesto que en 2050 la población activa será similar a la actual y se triplicará el número de jubilados.

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