La Carta Democrática está sobre la mesa; van 26 muertos en las protestas.

Ainstancia de Uruguay y otros quince países, la Organización de Estados Americanos (OEA) evaluará hoy miércoles la convocatoria a una reunión especial de cancilleres a fin de definir qué hacer ante el agravamiento de la crisis institucional en Venezuela. Este debate en la OEA coincidirá con una nueva jornada de protestas callejeras en Caracas convocada por la oposición. Estas manifestaciones, que comenzaron el 1° de abril, han dejado hasta ahora 26 muertos (los dos últimas en la madrugada del martes por disparos en la cabeza) y decenas de heridos y detenidos.

La sesión de hoy, la quinta en la OEA sobre Venezuela en un mes, fue solicitada por 16 de sus 34 países miembros que, "considerando la creciente preocupación" continental sobre ese país, buscan elevar el debate al nivel ministerial.

Prevista para la hora 16 de Washington (hora 17 de Uruguay), la sesión del Consejo Permanente de la OEA se anticipa tensa desde el primer minuto, y Venezuela, que denuncia una injerencia en sus asuntos internos, seguramente disputará la inclusión de la propuesta en el debate.

La petición fue presentada por Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, que le atribuyen "carácter urgente y de interés común" a la situación en Venezuela.

La gran mayoría de esos países respaldaron el 3 de abril una resolución del Consejo Permanente que declaró una "grave alteración inconstitucional" en Venezuela, basados en la Carta Democrática Interamericana, un documento de la OEA de vigilancia de la democracia en el continente. Uruguay suscribió esa declaración.

Creada en 2001, la Carta Democrática Interamericana fija mecanismos para identificar una ruptura del orden democrático en un país y fija medidas graduales "para promover la normalización de la institucionalidad democrática". Si esas iniciativas diplomáticas fracasaran, una cumbre de cancilleres podría, con la aprobación de 24 países, suspender al país de la OEA.

Venezuela vive su cuarta semana de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que dejan hasta el momento 26 muertos, 437 lesionados y más de un millar de detenidos. La oposición venezolana está en las calles desde el 1° de abril para pedir por una convocatoria de elecciones, liberación de presos políticos, ayuda humanitaria y respeto al Parlamento, único poder que controla.

"No puedo tolerar la violencia, lamento la muerte de 26 personas, sean de gobierno o de oposición", dijo ayer la fiscal general Luisa Ortega.

Para el analista Luis Vicente León, la presión opositora podría llegar a un nivel de fracturar al chavismo y al sector militar, aliado clave al que Maduro dio gran poder económico y político.

Según la consultora Eurasia Group, las manifestaciones muestran que "la oposición está más unida en torno a la estrategia de calle y se muestra revigorizada" en momentos en que el apoyo de la comunidad internacional no parece retroceder.

Analistas estiman que para disminuir la presión Maduro podría convocar pronto a elecciones de gobernadores, que debieron haberse celebrado en diciembre de 2016 y fueron pospuestas, así como las de alcaldes, pautadas para este año. Aunque la oposición quiere también un adelanto de las presidenciales, previstas para diciembre de 2018, el gobierno las ha descartado de plano.

"Las divisiones en el chavismo probablemente se profundizarán sobre todo de cara a las elecciones regionales y presidenciales. Las presiones de calle y de la comunidad internacional tienen el potencial de ensanchar sus fisuras", agregó Eurasia.

Intentando bajar la crispación, Maduro reiteró su llamado al diálogo. El lunes se reunió con el expresidente dominicano Leonel Fernández, uno de los facilitadores de la fracasada negociación que auspició el Vaticano a fines de 2016. "El único diálogo que quiere el país es el voto", reaccionó el diputado opositor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional.

Las protestas estallaron luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicó las funciones del Parlamento.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunció ayer martes que tribunales han desconocido la solicitud de liberar a personas detenidas en manifestaciones opositoras sin seguir el debido proceso. "Ni en los estados de excepción se puede suspender el debido proceso (...). El país necesita seguridad jurídica", lanzó Ortega en su primera declaración a la prensa desde que comenzaron las protestas el pasado 1° de abril. La fiscal usó como ejemplo una "situación anómala" en el estado Nueva Esparta, donde solicitó la libertad de un grupo de personas detenidas por la militarizada Guardia Nacional en una manifestación. El acta de detención "no narra la circunstancia de tiempo, modo y lugar en que fueron aprehendidas las personas. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál era la conducta que desarrolló la persona para aprehenderla?", preguntó. La fiscal pidió la libertad de estas personas, pero el tribunal se niega hasta que paguen una fianza. Ortega informó además que hasta el momento 1.289 personas fueron detenidas en este mes de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, de las cuales 217 están siendo presentadas ante los tribunales y 65 fueron acusadas. Esta fiscal general fue la que alertó en marzo sobre una ruptura del orden constitucional en Venezuela por los fallos judiciales contra el Parlamento.

VIDEOAFP, REUTERS, EFE