Grupo cárnico habría pagado US$ 121 millones; Fiscalía formaliza denuncia al presidente.

El presidente Michel Temer se hunde en el río revuelto de la red de corrupción que no deja de crecer en Brasil. Y en su caída, empuja aún más hacia el precipicio a los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff, sus antagonistas ideológicos pero que supieron ser aliados electorales para llegar al poder. Los tres son acusados de recibir sobornos de la empresa JBS, el mayor procesador de productos cárnicos de Brasil, que esta semana destapó el último tarro del escándalo.

Según documentos divulgados ayer viernes por la Corte Suprema de Brasil en base a testimonios de los empresarios, Temer recibió 15 millones de reales (4,6 millones de dólares) de JBS. También denuncian a Lula -quien ya enfrenta cinco cargos de corrupción- de haber recibido 50 millones de dólares de sobornos en cuentas en el extranjero, y otros 30 millones en cuentas de Rousseff.

Temer fue acusado ayer por la Fiscalía de Brasil de tentativa de obstrucción a la justicia. Según la Fiscalía, Temer habría actuado en coordinación con el senador Aécio Neves, suspendido el jueves, para poner palos en las ruedas de la Operación Lava Jato, que investiga la red de sobornos en Petrobras.

“Se verifica que Aécio Neves en articulación, entre otros, con el presidente Michel Temer, buscaron impedir que avancen las investigaciones de Lava Jato, sea a través de medidas legislativas o por medio del control de nombramientos de los comisarios de la policía que conducirían las investigaciones”, afirma el fiscal general, Rodrigo Janot.

Las acusaciones se basan en delaciones premiadas de ejecutivos de JBS, entre ellos sus dueños Joesley y Wesley Batista.

Temer aparece junto a sus predecesores, Lula da Silva y Rousseff, en una lista de presuntos beneficiarios de sobornos pagados por el conglomerado J&F de los hermanos Batista. La lista fue entregada a la fiscalía general por el presidente del grupo JBS, Joesley Batista, en el marco de un acuerdo de delación premiada. Además de Joesley, también declararon ante la fiscalía su hermano y socio Wesley Batista y Ricardo Saud, director de relaciones institucionales de J&F.

Brasil vive en estado de conmoción política desde que el miércoles el diario O Globo reveló una conversación entre Temer y Joesley Batista en la que, según Janot, el jefe de Estado da su “anuencia” al pago de un soborno para comprar el silencio del exdiputado Eduardo Cunha, encarcelado por corrupción.

“Se desprende de los elementos recolectados el interés de Temer en mantener a Cunha controlado”, señala.

Temer, de 76 años, rechazó tajantemente esas acusaciones, así como los llamados a que presente su renuncia.

La crisis se produce un año después de la caída de Rousseff, acusada por el Congreso de manipular las cuentas públicas. Ese impeachment posibilitó la llegada al poder de Temer, que era su vicepresidente, para completar el mandato hasta el 1° de enero de 2019.

El propio Temer enfrenta desde el jueves ocho pedidos de impeachment, aparte de un proceso en la justicia electoral que podría anular los comicios de 2014, por presuntos aportes de campaña de la constructora Odebrecht, una de las principales implicadas en el escándalo Petrobras.

O Globo, que reveló las grabaciones entre Temer y Batista, se unió a los pedidos de renuncia del presidente con un duro editorial: “La renuncia es una decisión unilateral del presidente. No es lo mejor para sí mismo, pero sí para el país”.

Al menos cuatro ministros están implicados en los sobornos que repartió la multinacional JBS durante años, de acuerdo con el testimonio de sus directivos divulgado ayer. Los cuatro ministros sospechosos, según informó la Fiscalía a la Corte Suprema, son Gilberto Kassab, de Ciencia y Tecnología; Marcos Pereira, de Industria; Eliseu Padilha, de la Presidencia; y Wellington Moreira Franco, de la Secretaría General de la Presidencia.

Varios directivos del gigante cárnico JBS firmaron una delación premiada con la Justicia en la que revelaron el pago de alrededor de 400 millones de reales (unos 121 millones de dólares) a políticos y funcionarios públicos, entre ellos Temer, Lula y Rousseff.

Los cuatro ministros citados ya están siendo investigados en base a las delaciones que firmaron directivos de la constructora Odebrecht.

Además de esos cuatro, a raíz de los testimonios de Odebrecht, se abrieron investigaciones contra los ministros Helder Barbalho, de Integración Nacional; Aloysio Nunes, de Relaciones Exteriores; Blairo Maggi, de Agricultura; y Bruno Araújo, de Ciudades.

US$ 4,6 millones. Ricardo Saud, director de relaciones internacionales de J&F, aseguró que la empresa benefició a Temer en la campaña de 2014 con pagos ilegales por un monto de 15 millones de reales (4,6 millones de dólares), en retribución de una “actuación favorable” a los intereses de J&F. Ya presidente, Temer habría pedido este año un 5% de los beneficios obtenidos para acabar con el monopolio de Petrobras en el suministro de gas, una medida que habría beneficiado a una empresa bajo control de J&F.

La mano de Mantega. Batista y Saud aseguran que J&F pagó sobornos por 50 millones de dólares en una cuenta en el exterior destinados a Lula y cerca de 30 millones en otra cuenta también en el exterior en beneficio de Rousseff, bajo la intermediación del exministro de Finanzas de ambos, Guido Mantega, investigado en el marco de la operación Lava Jato. Según los empresarios, el saldo de estas dos cuentas llegaba a cerca de 150 millones de dólares en 2014. El despacho de abogados de Lula, Teixeira&Martins, rechazó esas acusaciones y aseguró que el líder izquierdista es inocente, ya que no le fue encontrado “ningún valor ilícito” cuando los fiscales de la ‘Lava Jato’ quebraron su secreto bancario y fiscal. Rousseff también consideró esas acusaciones “improcedentes e inverosímiles” y remarcó en un mensaje en su página web que no tiene cuentas en el exterior y que “nunca” solicitó donaciones o pagos ilegales para sus campañas electorales de 2010 y 2014.

VIDEOAFP, REUTERS, EFE