INSEGURIDAD POR HUELGA POLICIAL

Recrudece la crisis de seguridad en Brasil

La cifra de muertes violentas llegó a 121 en una semana; en Río de Janeiro los militares se acuartelan.

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La policía retira el cuerpo de un hombre asesinado en la capital del estado de Espirito Santo. Foto: Reuters

La crisis de seguridad que estalló en el estado de Espírito Santo por una huelga de la Policía Militarizada, y que en las últimas 24 horas aumentó las muertes violentas de 105 a 121, amenaza con extenderse a otras zonas de Brasil, como Río de Janeiro, donde varios batallones permanecían ayer acuartelados.

Como ya ocurrió en Espírito Santo, decenas de familiares de los policías militares se manifestaron frente a las puertas de varios cuarteles de Río de Janeiro y Belem, la capital de Pará, en demanda de mejoras salariales y de una revisión de sus condiciones de trabajo.

Las protestas reflejan la gravedad de la crisis económica que sufre Brasil y los problemas financieros que ahogan a la mayoría de los estados del país, que han retrasado el pago de los salarios de los funcionarios públicos.

En Río, las concentraciones se sucedieron desde las primeras horas en varios cuarteles del norte y centro de la ciudad, y en Campo Grande y otras localidades de la llamada Baixada Fluminense, una de las zonas más violentas del estado.

En conjunto, 27 batallones registraron protestas, aunque solo cuatro fueron bloqueados y el 95% de los efectivos trabaja con normalidad, de acuerdo con un informe de la Policía Militarizada, que se ocupa de la seguridad en las calles.

La protesta, encabezada por esposas de los agentes —quienes por su estatus militar no pueden participar en huelgas— provocó algunos cortes en el tránsito pero no se tradujo en incidentes.

Un portavoz de la Policía Militarizada de Río admitió que las tropas están "insatisfechas", pero garantizó el "diálogo" con el gobierno estadual para llegar a un acuerdo sin necesidad de huelga.

En un intento por frenar el malestar de los policías, el gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, anunció esta semana un aumento del 10,22% para funcionarios de seguridad y educación.

Pezao, debilitado después de que la justicia regional electoral pidiera su cese por abuso de poder, es el blanco de frecuentes movilizaciones de funcionarios en demanda del pago de los salarios adeudados.

La posibilidad de una huelga de la Policía en Río de Janeiro, una de las ciudades más peligrosas del país, en vísperas del Carnaval —que atraerá a más de 1,5 millones de turistas— podría provocar un caos sin precedentes en el estado, que declaró "calamidad financiera" el pasado junio.

Las protestas se extendieron también a Belem, donde cientos de familiares de agentes se movilizaron y bloquearon las salidas de los cuarteles, aunque no han alcanzado la gravedad de la situación creada en Espíritu Santo, donde la huelga que comenzó el pasado sábado ha dejado al menos 121 muertos en circunstancias violentas.

Los 10.000 miembros de la Policía Militarizada de Espírito Santo perciben un sueldo básico de 2.642 reales (unos 800 dólares) y llevan tres años sin aumentos.

La presencia de más de 1.200 miembros del Ejército y la Fuerza Nacional de Seguridad en Vitória, la capital, y las principales ciudades del estado, no ha frenado la ola de violencia, según el Sindicato de Policías Civiles de Espírito Santo. En medio de la crisis, tras el fracaso de una reunión con familiares de los agentes, el gobierno del estado endureció su postura y presentó cargos contra unos 700 policías por delito de "revuelta", cuya pena puede llegar a los veinte años de prisión.

"Ha comenzado el proceso de responsabilidad, tanto en el aspecto criminal como militar", declaró el secretario regional de Seguridad Pública de Espírito Santo, André Garcia.

Las protestas pueden extenderse a Río Grande do Norte, donde la Policía Militarizada ha adelantado que decidirá la próxima semana si se sumará a la huelga.

Aunque la Policía es una competencia de los distintos estados del Brasil, la crisis de seguridad contribuye al desgaste del gobierno de Michel Temer, que ya acusó el impacto de las matanzas registradas en enero en varios cárceles del norte de Brasil que destaparon las graves deficiencias del sistema penitenciario.

Mientras en Espírito Santo los agentes quieren un aumento de salario, en Río reclaman por el atraso en el pago del aguinaldo de 2016 y de las horas extras, incluidas las que trabajaron durante los Juegos Olímpicos en agosto.

Además de la profunda crisis financiera que padece Río de Janeiro, el tercer estado más poblado de Brasil, y que impide el pago integral de sus salarios, la lucha contra el crimen organizado ha cobrado la vida de más de 3.000 agentes desde 1994, más de las bajas sufridas por las tropas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

"El pueblo no puede ser rehén".

El presidente Michel Temer dijo ayer viernes a través de un comunicado que "el derecho a la reivindicación no puede convertir al pueblo brasileño en rehén. El estado de Derecho no permite ese tipo de comportamiento inaceptable". Temer llamó a los huelguistas a volver a sus trabajos y a negociar con el gobierno "dentro del más absoluto respeto al orden y a la ley, preservando el derecho y las garantías del pueblo que paga el salario de los funcionarios públicos".

Lava Jato: también investigan a Sarney.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó a investigar a aliados del presidente Michel Temer por acusaciones de que trataron de impedir una investigación sobre pagos de sobornos en la petrolera Petrobras. El fiscal general Rodrigo Janot había acusado esta semana al expresidente José Sarney, quien ahora ocupa un puesto en el Senado, junto a los senadores Romero Juca y Renán Calheiros, de realizar "maniobras políticas" en un intento por obstruir la investigación en el caso Lava Jato. Sergio Machado, exjefe de una unidad de la petrolera controlada por el Estado, también estuvo involucrado en la trama, dijo el fiscal. Se trata de la primera investigación autorizada por el juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal desde que asumió el liderazgo del caso Lava Jato el 2 de febrero, luego de que el juez Teori Zavascki murió en un accidente aéreo. El fiscal general presentó seis horas de conversaciones entre Machado y los políticos, que Janot sostiene que demuestran su intención de obstruir la investigación. Machado, quien se convirtió en testigo del Estado, grabó las conversaciones. En las grabaciones, los hombres discuten cómo podrían crear obstáculos para la investigación sobre sobornos a políticos. Reuters

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