SECESIÓN DESVANECIDA

Puigdemont fue acusado ayer de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Las pretensiones de los secesionistas catalanes se desvanecen. El cesado presidente Carles Puigdemont y parte de su gabinete buscan refugio en Bélgica, la fiscalía presentó contra ellos una denuncia por rebelión, sedición y malversación de dineros públicos, y los partidos independentistas acataron la convocatoria a elecciones para el 21 de diciembre.

Ayer lunes el gobierno español tomó las riendas del poder en Cataluña sin hallar resistencia: los funcionarios se presentaron a trabajar y las calles estuvieron tranquilas.

En un ambiente de gran incertidumbre, todos esperaban ver si Puigdemont se resistiría a abandonar el cargo. Durante horas, decenas de periodistas aguardaron su llegada a la sede del gobierno regional en Barcelona. Pero no apareció.

¿Dónde está Puigdemont? era la pregunta en boca de todos. "Está en Bruselas", afirmó una fuente gubernamental española. El diario catalán El Periódico dijo que había ido con algunos de sus colaboradores a pedir asilo político.

Desde el partido de extrema izquierda independentista catalán CUP reclamaron explicaciones. "El país necesita saber qué hoja de ruta tiene el gobierno (catalán), por qué está en Bruselas", dijo su diputada Mireia Boya.

La vuelta al trabajo de los funcionarios catalanes se dio en un clima de normalidad y la calma reinó en las calles de Barcelona pese a los llamados a la desobediencia civil de políticos secesionistas.

La noticia sobre el viaje de Puigdemont a Bruselas saltaba minutos después de que el fiscal general español anunciara una querella contra él y su gobierno por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, penados con hasta 30 años de cárcel. Se les acusa de provocar "una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución", dijo el fiscal general José Manuel Maza.

La querella también es contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros funcionarios.

El delito de rebelión está penado en España con entre 15 a 30 años de prisión y el de sedición con hasta 15 años.

En su querella, Maza pide citar a los acusados con "carácter de urgencia", y en "caso de incomparecencia", su "inmediata detención". Maza solicita que se establezca una fianza de 6,2 millones de euros para el conjunto del gobierno catalán cesado y otra por igual monto para los dirigentes del Parlamento catalán.

Entre las medidas adoptadas para Cataluña, el presidente español Mariano Rajoy decretó la disolución de su parlamento y elecciones regionales el 21 de diciembre.

Los partidos favorables a la unidad de España lanzaron la campaña este domingo, llamando a votar masivamente a los cientos de miles de personas que se manifestaron en Barcelona contra la secesión.

También parecen dispuestos a concurrir a estos comicios los partidos independentistas que apenas dos días antes habían proclamado la nueva república.

Según las últimas encuestas, los independentistas podrían perder en estas elecciones la mayoría absoluta del parlamento regional.

El propio partido de Puigdemont, el PDeCAT, anunció ayer lunes que participará en las elecciones.

El otro gran partido independentista, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), que integra la coalición del gobierno regional, fue menos tajante pero también se mostró abierto a participar.

Falta ahora conocer la posición del tercer partido independentista, la CUP (Candidatura de Unidad Popular), de extrema izquierda.

El gabinete del primer ministro belga, el liberal Charles Michel, rechazó hablar sobre la visita a Bruselas de Puigdemont y cinco de sus ministros cesados.

En cambio, otras fuentes belgas afirmaron que, por el momento, no se ha producido ninguna demanda de asilo por parte de Puigdemont ni de sus consejeros, aunque en España el ya exdiputado Lluis Llach ha dado por hecho que se presentará esa solicitud de asilo.

Según el diario LEcho, la visita de Puigdemont estuvo organizada por el exjefe de la oficina de la Generalitat en Bruselas, Amadeu Altafaj, también destituido por el Ejecutivo central español. El rotativo apunta a que durante su estancia en la capital comunitaria mantendrá contactos con las autoridades flamencas.

En cambio, el ministro belga del Interior, Jan Jambon, del partido nacionalista flamenco N-VA, y esa formación política en su conjunto, se desmarcaron de la visita.

Otras autoridades flamencas rechazaron igualmente que tengan planificado un encuentro con el destituido presidente catalán.

Puigdemont viajó a Bruselas con cinco de sus antiguos consejeros que ocupaban las carteras de Gobernación, Meritxell Borràs; Salud, Antoni Comín; Interior, Joaquim Forn; Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret.

El destituido presidente catalán Carles Puigdemont contrató en Bélgica al abogado belga Paul Bekaert, especializado en defender a miembros de ETA."Tengo más de 30 años de experiencia en extradición y asilo político de vascos españoles, y probablemente por ello me haya llamado Puigdemont", dijo Bekaert al confirmar la noticia.

El gobierno uruguayo no reconoce la declaración unilateral de independencia de Cataluña, anunció ayer lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. La nota recuerda que el canciller Rodolfo Nin Novoa habló telefónicamente del tema con su colega español, Alfonso Dastis, en dos oportunidades, el 29 de septiembre y el pasado 14 de octubre. En ambas ocasiones Nin Novoa le dijo a Dastis que el gobierno uruguayo "sigue atentamente los acontecimientos en curso en el Reino de España, particularmente tras la independencia declarada el 27.10 por el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Catalunya. Ante estos hechos que confirman la complejidad y trascendencia del proceso histórico en el que los mismos se inscriben, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, expresa que reconoce la unidad e integralidad territorial del Reino de España y, consecuentemente, no reconoce declaraciones independentistas unilaterales. Asimismo, Uruguay hace votos para que la situación planteada se supere mediante el diálogo institucional y político en el marco del Estado de Derecho, los mecanismos y el funcionamiento democrático y la plena vigencia de las libertades y derechos de todos los ciudadanos", dice la nota.

Hasta ahora, ningún país ha reconocido la independencia de Cataluña; tampoco lo han hecho la ONU y la UE.

Las cotizaciones de los dos principales bancos de Cataluña, CaixaBank y Banco Sabadell, se recuperaron fuertemente ayer lunes en la Bolsa de Madrid, con un alza de más de 4%, después del desplome del viernes tras la declaración de independencia. CaixaBank, tercer banco de España, terminó con un aumento de 4,17% y el Sabadell de 5,67%, en un mercado en alza de 2,44%, señal de la vuelta de la confianza tras la toma de control de la región por parte del gobierno central. El viernes, los valores se habían desplomado, en particular el del Banco Sabadell (-4,85%, hasta 1,59 euros). CaixaBank y Banco Sabadell registraron una fuerte caída de sus cotizaciones en la Bolsa desde el 1° de octubre, tras la celebración del referéndum de autodeterminación organizado por el Ejecutivo catalán y prohibido por la Justicia. Los dos bancos tuvieron que enfrentar retiradas de capital por parte de sus clientes, por lo que trasladaron sus sedes sociales fuera de Cataluña.

La agencia Fitch dijo ayer lunes que continúa considerando la secesión de Cataluña como algo "muy improbable" y aseguró que la actual calificación de España refleja las persistentes tensiones con la región que busca su independencia. No obstante, Fitch advirtió que podría haber consecuencias para la calificación de España, actualmente en BBB+, si se produce una nueva escalada de las tensiones en Cataluña que empeore significativamente las perspectivas de crecimiento económico y sus finanzas públicas.

En medio de la crisis en Cataluña, región que concentra una quinta parte del PBI nacional, el crecimiento de la economía española mantuvo su dinamismo en el tercer trimestre. Entre julio y septiembre, el PIB español continuó su crecimiento a ritmo sostenido, con un alza de 0,8% con respecto al trimestre anterior. Pero esta buena noticia tuvo un eco limitado en España ya que las cifras, al 30 de septiembre, no reflejan la incertidumbre política en el país desde el referéndum de autodeterminación inconstitucional del 1° de octubre.