Negocia contrarreloj con Ciudadanos; está sin votos asegurados.

Se resistió durante 21 días, desde que recibió el encargo del Rey para intentar formar Gobierno, pero finalmente Mariano Rajoy anunció, el jueves, que acudirá al debate de investidura en el Congreso de los Diputados, el martes 30 de agosto, aunque no tenga garantizados los votos necesarios. El líder de Ciudadanos (partido liberal), Albert Rivera lo presentó como un triunfo personal: "Hemos arrancado el compromiso al presidente en funciones". Hace diez días, Rivera presentó seis condiciones, que incluyen acciones contra la corrupción, para abrir el camino a que España tenga un gobierno después de ocho meses y se evite la tercera elección en un año, que sería en Navidad.

Rajoy acepta las seis medidas anticorrupción. "Hemos dado un paso deciviso para formar Gobierno y para que no se repitan elecciones", proclamó Rel líder del PP tras pactar con Rivera y anunciar que firmará las acciones contra la corrupción y que está en condiciones de presentarse al debate de investidura, el primer requisito que exigió Ciudadanos para sentarse a negociar.

La discusión entre el equipo de Rajoy, presidente del Gobierno y líder del Partido Popular (PP) y el de Rivera incluye numerosas modificaciones institucionales, económicas, laborales, sociales y educativas a cambio del voto afirmativo de los 32 diputados de Ciudadanos. La reforma de las Diputaciones, del Senado o del Consejo General del Poder Judicial "no puede dejar de estar sobre la mesa", según José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos. Asume que el pacto con el PP necesita el respaldo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La negociación entre el PP y Ciudadanos está condicionada por tres factores. Primero, las dos partes asumen que debe ser a toda velocidad porque el debate de investidura será el martes 30. Segundo, ambas formaciones coinciden en que su pacto no tendrá la profundidad de detalle del alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos en febrero, porque aquel acuerdo fue de gobierno y este sería solo de investidura. Y tercero, en caso de conflicto con alguna medida, el equipo de Rivera desempolvará las soluciones intermedias que consensuó entonces con los socialistas, argumentando que así será más fácil lograr su abstención.

Entre las medidas que Ciudadanos quiere incluir en el acuerdo aparecen las siguientes: Transformar el Senado. Rivera está a favor de suprimir el Senado y las Diputaciones. Cuando negoció con el PSOE en frebrero llegó a un punto intermedio que no se descartaría ahora y consiste en la transformación del Senado en estricta cámara territorial con un máximo de 100 miembros, y la reducción del presupuesto de las Diputaciones, como paso previo a su supresión. Contrato Único. En el modelo laboral, Ciudadanos plantea un contraro único con indemnizaciones crecientes por despido en función de la antigüedad. Además, apuesta por una cuenta en la que la empresa hace ingresos al trabajador, que elige si los usa al ser despedido o al jubilarse. El PP ha mostrado acuerdo con esta medida. Reforma del impuesto de sociedades. Ciudadanos plantea recaudar más de las empresas, al tiempo que aspira a bajar el IVA cultural del 21% al 10%. Comisión sobre Bárcenas. Ciudadanos quiere que las medidas anticorrupción sean una base clave del acuerdo, según fuentes de su Ejecutiva. Las condiciones previas que aceptó el PP, incluyen formar una comisión parlamentaria para investigar el caso que debe su nombre al ex tesorero del PP. Luis Bárcenas, y en el que la formación está procesada por presuntamente haber borrado los discos duros que éste usó.

España está con un gobierno transitorio o en funciones desde diciembre de 2015, cuando se celebraron los comicios que marcaron el final del bipartidismo de alternativa entre los conservadores del PP y los socialistas del PSOE, debido a la entrada en el Congreso de dos partidos emergentes, los liberales Ciudadanos y el izquierdista Podemos, que lidera Pablo Iglesias.

La falta de acuerdo entre las cuatro fuerzas políticas impidió la formación de un Gobierno, por lo que se realizó la segunda elección, el 26 de junio, en la que nuevamente triunfó el PP, pero sin la mayoría absoluta, y de la que surgió un panorama fragmentado, ya que el PP tiene 137 bancas en el Congreso de los Diputados, el PSOE 85, Unidos Podemos 71 y Ciudadanos 32.

En una cámara de 350 miembros y en la que la mayoría está fijada en 176 diputados, el acuerdo entre PP y Ciudadanos no es suficiente para que España tenga Gobierno. Rajoy va a la investidura el 30 de agosto sin los votos seguros. Por el momento, solo cuenta con el apoyo de Ciudadanos y una formación nacionalista canaria (archipiélago atlántico), lo que suma el voto favorable de 170 diputados: su partido (137), los liberales (32) y un diputado canario.

La primera votación en el Congreso para la que se necesita mayoría absoluta es el 31 de agosto —el debate se inicia el 30— y de no surgir el apoyo necesario se convocará a una segunda votación, el 2 de septiembre, para la que solo se requiere más síes que noes.

Los apoyos que Rajoy tiene hasta ahora son insuficientes para superar la primera votación (tendría 180 en contra) y, en segunda ronda, necesitaría al menos de la abstención de once diputados, que todos los grupos le niegan por la vinculación de su partido a casos de corrupción y una legislatura marcada por la reducción del gasto social.

Rajoy desplazó la presión sobre el PSOE, a quien pide la abstención y con quien anunció que hablará de nuevo, pese a que su líder, Pedro Sánchez, mantiene el rechazo a su reelección.

Si Rajoy no consigue el apoyo suficiente para ser investido, se podrán presentar otros candidatos o repetir el mismo durante dos meses. En caso de que ninguno obtenga la confianza de la Cámara, la normativa vigente marca que al final de esos dos meses, se disuelve el Parlamento y de manera automática se convoca a nuevos comicios, los que se realizan 54 días después. Esta vez es en la insólita fecha del 25 de diciembre, día de Navidad.

Entre las fechas claves de este periodo se encuentran la aprobación de los presupuestos de 2015, que deben incluir el techo de gasto exigido por la Unión Europea (UE) y que deberían superar el trámite parlamentario, como muy tarde el 30 de septiembre. El PSOE dice que no votará el presupuesto.

La fecha de investidura abre una nueva vía al desbloqueo político, aunque las próximas semanas serán decisivas para saber si la oportunidad conduce a la formación de un nuevo Gobierno y un segundo mandato de Rajoy o la tercera convocatoria a elecciones.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que Mariano Rajoy se pondrá en contacto con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, esta semana, y lo hará con una "posición muy constructiva" para solicitarle su apoyo.

Hasta ahora, Sánchez reiteró la negativa de su partido a facilitar un gobierno conservador y conminó a Rajoy a "negociar" con sus aliados conservadores —los nacionalistas vascos y catalanes—, ya que su partido no será "cómplice" de la "corrupción, la precariedad, ni del desempleo" de su Gobierno.

Por otro lado, Sánchez criticó la fecha fijada por Rajoy para debatir la investidura (30 de agosto) y estimó que demuestra "poca talla política", ya que marca también la fecha de las eventuales terceras elecciones en caso de que no haya acuerdo, y que sería el 25 de diciembre, Navidad. Fuente: EFE

España lleva ocho meses en el limbo político, pero la economía sigue adelante. "Hay poca evidencia de que esté teniendo un impacto significativo", afirma Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, amparándose en que la mayoría de indicadores "muestra fortaleza". Esta dinámica, añade, se ve espoleada por el gasto de los hogares, un factor "de los más sólidos que hay en la economía española". El BBVA prevé "un crecimiento bastante potente" de dicho gasto de en torno al 3% anualizado, en la segunda mitad de 2016. El gasto se ha visto dinamizado por gente que durante la crisis no perdió su trabajo y últimamente aprovecha para, por ejemplo, comprar un coche, un fenómeno que "tiene un Límite", advierte Cardoso.

España se ha visto beneficiada por la política del Banco Central Europeo, que propicia un panorama de tipos de interés bajísimos para el Estado, que se financia a mínimos históricos, y las empresas.

"En España el efecto de la intervención del BCE ha sido doblemente más intenso que en otros países", tanto para las empresas, estranguladas en los peores momentos de la crisis, como para el Estado, cuyo bono a diez años cayó por debajo de 1%, indicó José C. Diez, profesor de economía en la Universidad de Alcalá.

Carolina Morcos, analista de Renta4, señala que "los sectores más regulados son los más afectados" por la incertidumbre política, citando las empresas de energía y construcción. Fuente: AFP

ESPAÑA INTENTA TENER GOBIERNO