Organizaciones sociales y políticas de Argentina se manifestaron ayer en contra de la subida de tarifas de los servicios públicos del Gobierno de Mauricio Macri, al considerar que muchas familias deben elegir entre "alimentarse" o pagar las facturas.
"Rechazamos los aumentos" por ser algo "confiscatorio", señaló el legislador del Partido Obrero Marcelo Rama, quien denunció que el "tarifazo" obliga a familias de trabajadores y jubilados a destinar una "tercera parte de sus ingresos" a pagar la luz y el gas.
Les hace "tener que elegir entre alimentarse, pagar el alquiler o la boleta", apuntó el dirigente del partido, el principal convocante de una movilización realizada ayer frente a las puertas de los tribunales de Buenos Aires, ya que la Corte Suprema de Justicia definía si analizaba la validez de diversos amparos judiciales dictados contra las alzas del gas. Lo que decidió fue pedirle informes al Poder Ejecutivo sobre aspectos sociales y económicos de las tarifas de gas.
Este lunes, el jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña, anunció en rueda de prensa que el Ministerio de Energía dictaría una resolución por la que se pondrá al aumento un tope del 400% frente al monto de las facturas que cada consumidor residencial abonó en igual bimestre del año anterior.
El nuevo límite se aplicará de manera retroactiva al 1º de abril pasado, cuando comenzaron a regir las nuevas tarifas, y en el caso de los clientes comerciales el máximo aumento será del 500%, informó el principal asesor de Macri.
Para Rama, esta medida es "solo un paso atrás" y en realidad, deja "en pie, a futuro, aumentos de impuestos".
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