ARGENTINA

Procesaron a De Vido en causa por subsidios a líneas de ómnibus

El juez Claudio Bonadio consideró que entre julio de 2003 y marzo de 2014 se realizó una "maniobra ilegal" que ocasionó un perjuicio a las arcas del Estado de 35,4 millones de dólares.

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Julio De Vido. Foto: EFE

Un juez argentino procesó al exministro de Planificación Federal y actual diputado Julio De Vido y a otros ex altos cargos kirchneristas en una causa por presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para combustible a líneas de autobús público, informaron hoy fuentes judiciales.

El magistrado Claudio Bonadio consideró que entre julio de 2003 y marzo de 2014 se realizó una "maniobra ilegal" que ocasionó un perjuicio a las arcas del Estado de aproximadamente 609,3 millones de pesos (35,4 millones de dólares, al cambio actual).

Por ello, a través de un auto publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez ordenó un embargo de 1.000 millones de pesos (unos 58,2 millones de dólares) sobre los bienes de quien dirigiera la cartera de Planificación Federal durante las administraciones del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y su mujer, Cristina Fernández (2007-2015).

Además, dictó el procesamiento de los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime (2003-2009), Juan Pablo Schiavi (2009-2012) y Alejandro Ariel Ramos (2012-2015), así como de los responsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) durante ese periodo: Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro.

Sobre todos ellos dispuso un embargo de sus bienes por 900 millones de pesos (52,4 millones de dólares).

El magistrado estableció que, "abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban", diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a "permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados".

A su juicio, este sistema permitía calcular los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los autobuses y, consecuentemente, se terminaran entregando "sistemáticamente" subsidios al gasoil superiores a los correspondientes.

"La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014", agregó.

En la causa se investigan si estas entregas se realizaron a cambio de declaraciones juradas por parte de las empresas concesionarias del servicio, en las que se indicaban datos como el número de vehículos o la cantidad de pasajeros transportados.

De Vido tiene múltiples causas abiertas ante la Justicia federal, que abarcan desde la presunta adjudicación de obras públicas a empresarios afines hasta sus responsabilidades por un accidente de tren ocurrido en Buenos Aires en 2012, que dejó medio centenar de muertos.

En los últimos días, su nombre ha sido objeto de polémica después de que un fiscal pidiera que le sean retirados sus fueros parlamentarios para que sea detenido e interrogado en el marco de otro expediente en el que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos.

Sin embargo, el pasado viernes el juez Luis Rodríguez rechazó esa petición al considerar que las pruebas reunidas hasta el momento "no permiten conformar el estado de sospecha" para proceder a su arresto.

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