LA CORRUPCIÓN EN ARGENTINA

Procesan a Bonafini por defraudación al Estado

Desvío de US$ 13 millones a través del plan de viviendas que les adjudicó Cristina K.

Hebe de Bonafini, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, de 88 años de edad, fue procesada ayer lunes en una causa de defraudación al Estado argentino a través de un plan de vivienda del anterior gobierno kirchnerista. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a Bonafini junto a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y el ya detenido exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros.

La Justicia decidió dictar la falta de mérito en los procesamientos de los exgobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Misiones, Maurice Closs, y el actual de Santa Fe, Miguel Lifschitz; los exministros de Trabajo, Carlos Tomada y Planificación, Julio De Vido, de Cristina Kirchner, entre otros. El juez entendió que si bien no había mérito para procesarlos, tampoco para sobreseerlos y dispuso nuevas medidas de prueba para seguir investigándolos.

El caso aborda un supuesto desvío de unos 13 millones de dólares en el programa "Sueños compartidos", plan estatal impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) para la construcción de viviendas sociales y administrado por la fundación de Madres de Plaza de Mayo.

La Justicia argentina considera probado que los hermanos Schoklender, en su calidad de apoderados de la fundación Madres, "tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones que se adjudicaran a esa institución".

La resolución judicial señala que el "éxito de la maniobra" fue posible gracias a la utilización del "prestigio y la trayectoria" con que la Asociación Madres de Plaza de Mayo cuenta en el área de la defensa de los Derechos Humanos, y "al infiel desempeño" de López y Abel Claudio Fatala, quienes tenían a cargo la asignación de los recursos del Estado.

López está detenido por presunto enriquecimiento ilícito desde junio de 2016, cuando trataba de guardar casi 9 millones de dólares en un convento.

A De Bonafini se la consideró "partícipe necesaria de la maniobra", en tanto se valoró que "conocía los desmanejos financieros" que realizaban los apoderados y que "al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución".

El caso estalló en 2011 y suscitó duras críticas de la oposición hacia el gobierno de Cristina Kirchner por la falta de controles en el otorgamiento de fondos públicos a Madres de Plaza de Mayo, organización que remonta su origen a abril de 1977, cuando un grupo de mujeres comenzó a apostarse frente a la Casa Rosada de Buenos Aires para exigir a la última dictadura militar (1976-1983) noticias de sus hijos desaparecidos.

El 10 de agosto de 2016, De Bonafini se negó a contestar las preguntas del juez, quien acudió a la sede de Madres para tomarle declaración como investigada en la causa.

"Ellos están con (el presidente Mauricio) Macri y yo estoy contra Macri; ellos están con los jueces, yo estoy con la Justicia, los jueces no son la Justicia" y "nunca vamos a ponernos de acuerdo" porque "ellos responden al poder de turno", sostuvo entonces.

Martínez de Giorgi aceptó ir a la sede de Madres a tomarle declaración después de que De Bonafini declinara por segunda vez acudir al juzgado, lo que derivó en una orden de detención contra la activista.

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