Apple enfrenta al FBI al negarse a desbloquear teléfono del agresor en caso de terrorismo.

Una y otra vez después de la introducción del iPhone hace casi una década, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió asistencia a Apple para que ayudara desbloqueando un teléfono. La empresa estuvo de acuerdo casi sin excepción.

Pero, a partir del otoño pasado, la empresa cambió de parecer. En un caso rutinario de drogas en un Juzgado Federal de Brooklyn, los fiscales buscaron una orden judicial exigiendo a Apple el desbloqueo del software —algo fácil de hacer— del iPhone 5s de un traficante de metanfetamina. La empresa reconoció que podía desbloquear el teléfono, como lo había hecho antes. Pero, esta vez, desistió. "Nos estaban obligando a convertirnos en agentes policiales", protestó en el Juzgado, Marc Zwillinger, el abogado de la empresa.

Esa postura anticipó el enfrentamiento que se produjo la semana pasada entre el gobierno del presidente Barack Obama y Apple sobre el iPhone bloqueado que pertenece a uno de los autores de los asesinatos a balazos en California, en diciembre. Cuando Zwillinger hizo la declaración en el Juzgado, Apple y el gobierno llevaban más de un año de enfrentamiento, desde el debut del nuevo sistema operativo encriptado, iOS 8, a fines de 2014.

La nueva tecnología de manera reiterada dificultó la tarea de los investigadores. Las autoridades de Nueva York dijeron, el jueves pasado, que tenían impedido el acceso a 175 iPhones en los casos que estaban investigando. Pero, las dos partes mantuvieron la esperanza de un compromiso que evitara la confrontación ocurrida en la última semana cuando un juez federal ordenó a Apple que cumpla la solicitud del Departamento de Justicia.

Zwillinger afirmó que el caso del traficante de drogas, Jun Feng, de 45 años, marcaba el límite hasta el que llegaba Apple. "Los datos de los clientes están bajo asedio desde diferentes direcciones", sostuvo. "Nunca la privacidad y seguridad de los datos de los clientes fue tan importante como lo es ahora".

Fue un periodo delicado para el gobierno de Obama, que estaba enfocado en encontrar la manera de penetrar en los nuevos iPhones encriptados. El FBI se movió intensamente para lograr apoyo a esa postura, ante el escepticismo de las empresas tecnológicas, el Congreso y el público.

El jefe ejecutivo de Apple, Timothy D. Cook, describió la privacidad de datos como un tema de derechos humanos. Respaldado por los líderes tecnológicos, Cook argumentó que si la empresa diseñaba una manera de vencer al encriptado para el gobierno de Estados Unidos, esa herramienta sería explotada por los hackers de gobiernos extranjeros como China.

Bajo el procurador general Eric H. Holder, el Departamento de Justicia contempló ese punto de vista, aún ante una campaña agresiva del director del FBI, James B. Comey. Holder era partidario de reunirse con los ejecutivos tecnológicos en la esperanza de lograr coincidencias.

Cuando Loretta E. Lynch asumió como Procuradora General y Sally Q. Yates como su vice, el FBI y otras agencias policiales encontraron oídos más receptivos.

En el caso de Feng, el abogado Zwillinger afirmó que "obligar a Apple a extraer los datos, sin que exista una base legal para hacerlo, puede amenazar la confianza entre Apple y sus clientes y manchar su marca".

Los ataques perpetrados en San Bernardino, California, el 2 de diciembre de 2015, en los que murieron 14 personas, parecían presentar al FBI el caso perfecto. Uno de los agresores, Syed Rizwan Farook, fue abatido por la Policía y dejó un iPhone 5s bloqueado y encriptado. El FBI no ha podido desbloquearlo.

Farook, de nacionalidad estadounidense y su señora Tashfeen Malik, oriunda de Pakistán, eran presuntos seguidores del grupo terrorista Estado Islámico.

El teléfono de Farook está protegido por una clave que Apple dice desconocer y que sin la misma no puede quebrar el encriptado. El FBI quiere que se escriba un programa para enviarle al teléfono una combinación ilimitada de claves hasta que encuentre la que funciona. Pero, Apple arma sus teléfonos para protegerlos de esa táctica.

El viernes pasado, impaciente ante la imposibilidad de desbloquear el iPhone de Farook, el Departamento de Justicia pidió una orden judicial para que Apple le dé las herramientas técnicas para acceder al interior del teléfono. Sostuvo que la negativa de Apple a ayudar a desbloquear el teléfono "aparenta estar basada en su preocupación por su modelo de negocio y estrategia de marketing de su marca", más que en un razonamiento legal. "En lugar de ayudar al esfuerzo de investigar totalmente un ataque terrorista mortal, obedeciendo a la orden judicial del 16 de febrero de 2016, Apple ha respondido repudiando en público esa orden".

En 2014, Apple y Google —cuyos sistemas operativos son usados en el 96% de los smartphones en el mundo— anunciaron que habían hecho la reingeniería de su software con encriptado total del disco y como resultado no podían desbloquear sus productos.

Eso fue mal visto por las autoridades, que pretenden que las empresas creen una "llave" de acceso a la información de los teléfonos.

Ahora, la decisión de la jueza federal, Sheri Pym, que ordenó a Apple ayudar al FBI a desbloquear el teléfono de Syed Rizwan Farook fue calificada por el jefe ejecutivo de Apple, Timothy D. Cook, como un paso sin precedentes que amenaza la seguridad de los clientes."Una vez creada, la técnica podría utilizarse una y otra vez en muchos dispositivos", advirtió Cook, quien lo comparó con "una llave maestra capaz de abrir cientos de millones de cerraduras, desde restaurantes y tiendas a casas". Estimó que la orden judicial significa crear "una puerta trasera" para eludir los fuertes estándares de encriptado de Apple. "Es algo que simplemente no tenemos y consideramos demasiado peligroso para ser creado". Agregó que "el FBI puede usar diferentes palabras para describir esa herramienta, pero no hay que equivocarse: construir una versión del sistema operativo que eluda la seguridad de esa manera, sin duda, crearía una puerta trasera. Si bien el gobierno puede argumentar que su uso se limitaría a este caso, no existe manera de garantizar ese control". (Fuentes: THE NEW YORK TIMES Y EFE)

Asesores en materia de inteligencia del presidente Barack Obama se reunieron, el mes pasado, con el jefe ejecutivo de Apple, Timothy D. Cook y otros líderes del sector tecnológico en lo que pareció un acercamiento tras su larga disputa sobre el encriptado en sus dispositivos.

Pero, la relación fue tensa a lo largo de los dos meses en los que se discutió el pedido del FBI de acceder al teléfono usado por Syed Rizwan Farook. Cuando las conversaciones colapsaron, una jueza federal, a solicitud del Departamento de Justicia, ordenó a Apple que eluda las funciones de seguridad en el teléfono, desatando una batalla pública furiosa entre el gobierno de Obama y una de las empresas más valiosas del mundo.

La disputa puede derivar en que el Congreso promueva una ley, con legisladores de los partidos Republicano y Demócrata criticando la postura de Apple y planteando la necesidad de imponer exigecias más duras para abrir el encriptado. El aspirante a la candidatura presidencial republicana, Donald Trump atacó a Apple en Fox News: "¿Quién se cree que son?"

Pero, Apple también tiene muchos defensores entre los que promueven la privacidad y la defensa de los consumidores, los que elogiaron a Cook por enfrentar lo que consideran es un alcance excesivo del gobierno.

"Apple merece elogios por defender su derecho a ofrecer dispositivos seguros a todos sus clientes", dijo Alex Abdo, abogado de la American Civil Liberties Union.

Las cuestiones legales suscitadas por la orden de la jueza a Apple para desbloquear el teléfono de Farook son complejas. Involucran la interpretación de la ley, más que de los derechos constitucionales y podrían terminar en la Suprema Corte. Apple señaló que en lugar de pedirle al Congreso la aprobación de una ley para resolver la lucha por el encriptado, el FBI plantea una nueva interpretación de una ley de 1789 sobre órdenes judiciales. Esa ley permite a los jueces "emitir todas las órdenes necesarias o apropiadas en ayuda de sus jurisdicciones respectivas y acorde con los usos y principios de la ley".

El gobierno dice que esa ley da amplio alcance a los jueces para requerir el cumplimiento de sus órdenes.

A su vez, Apple argumenta que el alcance de esa ley es limitado. (Fuente: The New York Times).

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