CATALUÑA

La Fiscalía general los amenaza con enviarlos presos si habilitan los locales para la consulta del 1° de octubre.

AFP, EFE, REUTERS

BARCELONA

El gobierno español desplegó esta semana toda su artillería jurídica para frenar el referéndum por la independencia de Cataluña del 1° de octubre. Ayer miércoles más de 700 alcaldes catalanes que apoyan el referéndum y que cederán los locales de sus municipios para la consulta, quedaron bajo investigación y pueden terminar presos.

El fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, ordenó a los fiscales en Cataluña citar en calidad de imputados a estos alcaldes. En caso de que no comparezcan, insta "a acordar su detención".

Esta disposición caldeó aún más los ánimos, ya tensos tras la convocatoria del gobierno catalán de la consulta, pese a la prohibición judicial y advertencias del gobierno en Madrid.

El fiscal Maza recuerda que, en una carta firmada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, se exigió a todos los ayuntamientos de Cataluña "que pongan locales a disposición del referéndum ilegal". Además, insiste en que las autoridades que faciliten la consulta pueden incurrir en delitos como el de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, penado este último con hasta ocho años de prisión.

Es un hecho "muy grave" y sin "precedentes", criticó Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), organización que cifra en 712, de los 948 alcaldes en Cataluña, aquellos comprometidos con el referéndum. En respuesta, la AMI y la asociación catalana de municipios convocaron a una manifestación este sábado en Barcelona en rechazo a una "justicia española que persigue medios de comunicación, papeletas, urnas... y ahora alcaldes".

De las diez ciudades más pobladas de Cataluña, seis de ellas, incluidas Barcelona (1,6 millones de habitantes) y Hospitalet de Llobregat (250.000) han rehusado hasta ahora implicarse directamente en el referéndum.

Los catalanes se muestran divididos ante la secesión, aunque un 70% de ellos se inclina por celebrar la consulta.

En una primera referencia al tema desde la convocatoria del referéndum, el rey Felipe VI dijo ayer estar seguro de que "la Constitución prevalecerá" sobre cualquier intento de quiebre democrático. "Los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados" frente a "quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria", dijo. Felipe insistió en que la "convivencia democrática" solo es posible "si las leyes que la regulan y organizan son atendidas y cumplidas por los ciudadanos y por las instituciones; si los derechos y libertades de los ciudadanos son tutelados y respetados por los poderes públicos".

"Por eso, ante quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria y fracturan la sociedad, estoy seguro de que los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados y de que las libertades de todos los ciudadanos serán garantizadas y protegidas", agregó el monarca.

El Tribunal Constitucional, que desde 2014 prohíbe el referéndum, invalidó la convocatoria del gobierno catalán y advirtió que las autoridades regionales en caso de desobedecer se exponen a "eventuales responsabilidades, incluida la penal".

Los separatistas catalanes, mayoritarios en el parlamento regional desde 2015, reclaman desde 2012 un referéndum de autodeterminación. Ahora han decidido ignorar las decisiones del TC, y hoy jueves lanzan la campaña por el Sí.

Los intentos del gobierno central por impedir el referéndum lo llevó a clausurar la página web de la consulta, pero ayer el presidente catalán, Carles Puigdemont, difundió desde Twitter los nuevos enlaces de la web que promueven el referéndum.