OPINIÓN

Muchos lectores quizá no comprendan del todo cómo es posible que los hechos de Cataluña hayan ocurrido en una democracia europea próspera, conocida por su libertad y tolerancia, donde la mayoría de las regiones son autónomas y cuentan con su propio gobierno.

El lugar de origen y el nivel socioeconómico son las variables que mejor explican el secesionismo en mi región: aquellos con ingresos más elevados y raíces catalanas más profundas apoyan de manera más decidida a los separatistas; quienes perciben ingresos menores, en particular si tienen vínculos fuertes con el resto de España, prefieren una España unida. Este fenómeno transforma el nacionalismo catalán, que por tradición ha sido conservador y oligárquico, en un movimiento que aprovechan los que tienen más para emanciparse.

No es trivial que un catalán como yo tenga el honor de ser candidato a la presidencia del gobierno de España. La Constitución española, aprobada en 1978, contó con un respaldo del 91% en Cataluña y dos de sus siete fundadores fueron catalanes.

En 1979, España era una joven monarquía constitucional que buscaba integrarse a Europa Occidental. Ahora es una de las economías más importantes de la Unión Europea, así como uno de los países más descentralizados y con los estándares más altos de democracia, también con las mayores libertades y prestaciones sociales.

Sin embargo, en Cataluña enfrentamos una fractura social seria. Varios fenómenos, como la crisis económica que hemos sufrido durante una década y algunos escándalos de corrupción que generaron desconfianza hacia las instituciones políticas, reforzaron notablemente el nacionalismo catalán en años recientes. El movimiento separatista sigue la misma dirección que los movimientos populistas de otros países occidentales en respuesta a la globalización y sus retos económicos y políticos. Los separatistas catalanes han actuado con astucia. El movimiento ha tomado el antiguo nacionalismo excluyente —fundamentado en la tesis de las diferencias culturales, económicas y lingüísticas— y lo ha transformado para presentarse como democrático y pacífico.

Detrás de esta transformación, lo que define al movimiento es una sensación de supremacía. Es evidente en la forma en la que ha utilizado —durante treinta años— propaganda en los medios de comunicación públicos y en el sistema educativo como una máquina de adoctrinamiento a favor del movimiento separatista iniciado hace cinco años.

Los gobiernos socialista y conservador de Madrid exacerbaron esta situación. Para obtener el apoyo de los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados de España, fueron cediendo gradualmente privilegios y autoridad a los gobiernos nacionalistas de Cataluña sin supervisión ni coordinación.

Los nacionalistas catalanes también han promovido con insistencia la idea de un referéndum. Los que nos oponemos a él creemos que no es posible someter todos los principios democráticos a votación popular: no se puede negociar con los derechos civiles, no es posible privar a millones de catalanes de su ciudadanía española y europea por querer disolver la soberanía nacional y, con ella, el derecho de todos los españoles a decidir juntos qué futuro quieren para España.

Los líderes separatistas están dispuestos a remplazar la Constitución de manera arbitraria. La inestabilidad política también ha provocado el éxodo de miles de negocios y una caída en el flujo de turistas en Barcelona, una de las ciudades más visitadas del mundo.

Por fortuna, la Constitución faculta al gobierno nacional para celebrar elecciones democráticas el 21 de diciembre. Los catalanes podremos votar en elecciones legales para ponerle fin a esta locura. Ningún gobierno regional ha causado tanto daño económico, social y moral a Cataluña como el que encabezaron Puigdemont y Oriol Junqueras, el vicepresidente depuesto.

(*) Albert Rivera es el líder del partido Ciudadanos. (The New York Times)