Prolongan despliegue de 3.130 soldados y fuerzas de élite en Espírito Santo.

Los policías militarizados del estado brasileño de Espírito Santo —situado al noreste de Río de Janeiro— ignoraron un acuerdo firmado la noche del viernes con el Gobierno regional, que facilitaba el fin de una huelga que completó una semana, y permanecieron acuartelados.

El acuerdo tenía previsto que los policías, que reclaman reivindicaciones salariales, volviesen a las calles este sábado a partir de las 7.00 hora local, pero los agentes no cumplieron con lo dispuesto entre representantes de las asociaciones de la Policía Militarizada y el Gobierno de Espírito Santo.

Ante la negativa de los funcionarios policiales a retornar a la actividad, el ministro de Defensa, Raúl Jungman, dispuso prolongar la permanencia de los 3.130 efectivos del Ejército y la Fuerza de Seguridad Nacional —un grupo de élite de las policías de diferentes estados— que realizan patrullajes y vigilancia en las ciudades de Espírto Santo. Las fuerzas usan blindados y helicópteros para cumplir su misión.

Jungman indicó que las tropas federales permanecerán allí todo el tiempo que sea necesario hasta que se restablezca el servicio policial.

"La decisión del presidente de la República es disponer todos los recursos necesarios", dijo el ministro al hablar en el 18° Batallón de Infantería. "Las reivindicaciones son justas, todos lo sabemos, pero el límite de la legitimidad de la revindicación es la protección de la vida de la sociedad. Más allá es inaceptable. Quienes son buenos policías deben honrar su uniforme y juramento. Hacemos un llamado a los buenos policías para que vuelvan a las calles".

El ministro sostuvo que la situación en la capital Vitória y en otros centros urbanos ha mejorado en relación con los días anteriores. "El martes, Vitória era una ciudad fantasma, no se veía a nadie en las calles", señaló. "Ahora veo una ciudad que está recuperando la normalidad. Vi personas circulando, ómnibus en las calles, aunque todavía no en la cantidad habitual".

En caso de que no depongan su actitud, los policías corren el riesgo de ser denunciados por el delito de revuelta armada que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

En ese sentido, el vocero de la Secretaría de Seguridad de Espírito Santo, Gustavo Tenorio, advirtió que 703 policías se enfrentan a posibles cargos de insurrección por negarse a trabajar, lo que podría llevarlos a la cárcel.

Más allá de ese extremo, las negociaciones no han finalizado. "Llegamos a un acuerdo con las asociaciones policiales para que volvieran a trabajar, pero eso no sucedió", lamentó Tenorio. "Continuamos trabajando en este problema".

La crisis de seguridad pública, por falta de efectivos en las calles, ha desatado una ola de violencia con al menos 121 muertos, principalmente en Vitória, la capital regional, en la que muchos locales comerciales, agencias bancarias y oficinas públicas permanecen cerradas.

El servicio de ómnibus, que fue varias veces suspendido por temores a robos de los vehículos, fue retomado gradualmente ayer sábado en Vitória, en gran medida, debido al despliegue del Ejército.

El secretario de Derechos Humanos de Espírito Santo, Julio César Pompeu, anunció la noche del viernes el acuerdo en una rueda de prensa y aseguró que los agentes que secundaron el paro "no sufrirán sanciones disciplinarias", pero que será la Justicia la que determine si da continuidad a los cargos presentados contra ellos.

La declaración del Gobierno regional secundó las palabras del presidente de Brasil, Michel Temer, que se pronunció el viernes por primera vez sobre la crisis en Espírito Santo, la que era hasta entonces una de las regiones con menor tasa de homicidios del país.

El mandatario expresó en una nota oficial su "condena" a la "paralización ilegal" de la Policía Militarizada, y afirmó que el Gobierno federal actuará con todo el "rigor" para contenerlas, pues se trata de "comportamientos inaceptables".

Durante los últimos seis días, los familiares de los policías militarizados han acampado en las puertas de los cuarteles para impedir la salida de los agentes, quienes por tener estatus de soldados no pueden declararse en huelga.

Las protestas policiales en Espírito Santo y las que llevan a cabo familiares de los funcionarios en Río de Janeiro, reflejan la gravedad de la crisis económica que sufre Brasil y los problemas financieros que ahogan a la mayoría de los estados, que retrasan el pago de salarios de los funcionarios públicos.

Los 10.000 miembros de la Policía Militarizada de Espírito Santo reciben un salario básico de 2.642 reales (unos US$ 820) y hace tres años que no reciben aumentos. En Río de Janeiro, en un intento por frenar el malestar, el goberador Luis Pezao anunció un incremento salarial del 10,22%. Fuente: EFE

Los reclamos surgidos en Espírito Santo se extendieron el viernes al vecino Río de Janeiro, en plenos preparativos del Carnaval, donde varios batallones de la Policía Militarizada tuvieron protestas en sus puertas realizadas por familiares de los agentes, pero unos pocos efectivos permanecieron acuartelados.

No obstante, a diferencia de lo ocurrido en Espírito Santo, en Río solo un 5% de los efectivos permaneiceron acuartelados, y algunos incluso salieron de los batallones en helicópteros del Ejército para evitar represalias de los manifestantes, según la Gobernación.

En Belem, capital del norteño y amazónico estado de Pará, también se presentaron manifestaciones similares que fueron portagonizadas por los familiares de los policías militarizados, pero como sucedió en Río de Janeiro la mayor parte del contingente continúa con sus funciones habituales en las calles de la ciudad. Fuente: EFE

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