El presidente Barack Obama presentó su nueva propuesta semanas antes de su viaje a Cuba, sin embargo es incierto el apoyo del Congreso de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos Barack Obama presentó ayer su esperado plan para clausurar el centro de detención de Guantánamo, en Cuba, pocas semanas antes de su histórica visita a La Habana.

"Se trata de cerrar un capítulo en nuestra historia", dijo Obama en la Casa Blanca, al evocar esta prisión que encarna, alrededor del mundo, los excesos de la lucha antiterrorista de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

"Por muchos años ha sido claro que el centro de detención de Guantánamo no mejora nuestra seguridad nacional. La socava", apuntó el mandatario.

A menos de un año de dejar el cargo, Obama presentó un plan que apunta a seguir enviando detenidos de Guantánamo a otros países y estima un ahorro de millones de dólares mediante la creación de 13 instalaciones alternativas en suelo estadounidense.

Unos 91 sospechosos de terrorismo permanecen detenidos en esta prisión ubicada en una base militar estadounidense en el sureste de Cuba, que en su pico albergó a 700 reclusos.

El presidente estadounidense ha impulsado el cierre de Guantánamo desde que llegó al poder en 2009, pero sus ideas han sido rechazadas por los legisladores del opositor partido Republicano, el Departamento de Defensa y algunos en su partido Demócrata.

"Este plan merece una revisión justa, incluso en un año electoral", dijo Obama.

El nuevo empuje ocurre justo antes de la histórica visita de Obama a Cuba el 21 y 22 de marzo, un gesto que corona la reaproximación iniciada en diciembre de 2014 entre los dos antiguos enemigos de la Guerra Fría.

El futuro de la base naval que alberga la prisión, que Estados Unidos mantiene en un trozo de la costa sureste de Cuba desde 1903, será, entre otros temas, parte de la agenda de discusiones de Obama con su par cubano Raúl Castro.

Según el plan, unos 35 prisioneros han sido autorizados para ser enviados a otros países en los próximos meses, un proceso por el cual 147 detenidos ya han sido reubicados por el gobierno de Obama, seis de ellos a Uruguay.

El resto, considerados demasiado peligrosos para liberar, enfrentarían detención indefinida en las instalaciones en suelo estadounidense, bajo custodia de personal del Departamento de Defensa.

Los esfuerzos por transferir prisioneros al exterior han sido suspendidos por la violencia en Yemen —destino de varios detenidos en Guantánamo— y por los casos de liberados que regresaban a las filas terroristas.

Sin embargo, el secretario de Defensa, Ashton Carter, ha agilizado los traspasos, y el mes pasado, la población de la prisión cayó por primera vez debajo del centenar.

El Congreso, donde el partido Republicano controla las dos cámaras, ha prohibido los traslados de esos detenidos a Estados Unidos, lo que complica la legalidad del plan de Obama.

Asociaciones de derechos humanos temen que el plan solo prolongará las detenciones sin juicio previo y crearán un "Guantánamo del Norte".

"La posibilidad de un nuevo sistema paralelo de detenciones indefinidas sin acusaciones dentro de Estados Unidos sentaría un peligroso precedente", indicó Amnistía Internacional en un comunicado. "Si se instala exitosamente, sería una golpe devastador a los principios básicos de la justicia criminal", añadió.

Obama reconoció los temores de algunos estadounidenses, pero les aseguró que el plan permitirá "garantizar nuestra seguridad, mantener nuestros valores en el mundo y ahorrar mucho dinero en el proceso".

El plan de cierre de Guantánamo, que tardó meses en elaborarse, ofrece pocos detalles sobre la ubicación de las instalaciones, pero funcionarios militares han señalado con anterioridad a Fort Leavenworth, en el estado de Kansas (centro), o la base naval de Charleston, en Carolina del Sur (sureste), como posibles destinos para los reos.

El costo estimado para la transición a las instalaciones en Estados Unidos oscila entre 290 millones y 475 millones de dólares, según la iniciativa.

Pero la Casa Blanca estima que el plan ahorraría dinero a largo plazo. La administración de Guantánamo cuesta 455 millones de dólares anualmente, y las instalaciones estadounidenses reducirían ese monto en 180 millones.

"Si como país no asumimos esto ahora, ¿cuándo lo haremos? ¿Dejaremos que persista por otros 15, 20 o 30 años?", se preguntó el mandatario sobre la prisión militar abierta en 2002 por su predecesor George W. Bush para albergar a prisioneros considerados "combatientes enemigos" tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La Casa Blanca ha ido recibiendo actualizaciones del plan que propone el Pentágono para vaciar la cárcel que al día de hoy alberga 91 reclusos y que en su momento de mayor ocupación tuvo 779 prisioneros. El destino de este plan en el Congreso es aún incierto. Solo un pequeño grupo de congresistas, liderados por el senador republicano John McCain, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, han manifestado su disposición a aceptar esa opción.

"El plan es presentar al Congreso lo que pensamos y lo que consideramos es el camino necesario a seguir para lograr el cierre de Guantánamo", añadió Davis. El portavoz adelantó que, efectivamente, el plan pasa por transferir presos a terceros países y reubicar en territorio estadounidense a otros. Debido a ello, el Pentágono lleva estudiando desde el año pasado instalaciones penitenciarias capaces de acoger a esos presos, tales como Fort Leavenworth, en Kansas, o una prisión federal en Colorado, donde ya está recluido el egipcio Ramzi Yusef, autor del ataque contra el World Trade Center en 1993, y el asesino en serie Ted Kaczynski, conocido como Unabomber.

La Casa Blanca no es optimista sobre la actuación del Congreso —dominado por los republicanos en las dos cámaras—, que hasta el momento ha bloqueado todos los intentos de la Administración para vaciar el vergonzoso penal. Así lo ha declarado Josh Earnest, portavoz de Obama, quien ha dicho este lunes que su pesimismo se basaba "en la manera en que muchos miembros del Congreso han tratado este asunto en los últimos siete años".

A los prisioneros de Guantánamo les vigilan y atienden hoy en la base militar más de 2.000 personas, entre militares y personal civil dedicados a ellos y al sistema de tribunales creado para juzgarlos. Según estas cifras, cada preso cuesta a las arcas estadounidenses una media de 4,4 millones de dólares al año, lo que convierte a Guantánamo en la cárcel más cara del planeta.

Obama prometió nada más asumir la Presidencia cerrar la prisión. Y aunque ha tenido en contra siempre al Congreso, puede que también le haya pesado a la hora de tomar una decisión los serios problemas legales que plantea trasladar a EE.UU. a los cerca de 50 peligrosos terroristas que se encuentran en el penal, muchos de los cuales confesaron bajo tortura, lo que podría llevar a un juez a ponerlos en libertad. Sin duda, el presidente no desea eso.

El senador republicano Marco Rubio impulsó ayer una propuesta por la que el presidente Obama no puede transferir la base naval de Guantánamo a Cuba ni hacer modificación alguna sin autorización del Congreso. "Desde el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, el presidente Obama ha dado al régimen de Castro concesión tras concesión, priorizando las promesas políticas sobre la seguridad nacional, la integridad del sistema de justicia, los derechos humanos y la democracia", consideró Rubio.

VIDEOAFP, EFE, EL PAÍS DE MADRID