Los sobrinos del presidente Nicolás Maduro detenidos en Nueva York podrían colocar al mandatario y su entorno en verdaderos aprietos.

Según una información publicada por el El Nuevo Herald, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas —sobrinos de la primera dama, Cilia Flores— solicitaron la postergación de la segunda audiencia para llegar a un acuerdo de colaboración con la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York. El acuerdo que devendría en una rebaja sustancial de la pena para los acusados por la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) supone una abundante entrega de información acerca de la operación que se concretaría con la venta de 800 kilos de cocaína.

La postergación fue aceptada por el juez, que fijó la próxima audiencia para el 17 de diciembre, según las fuentes citadas por periódico hispano en Miami.

Los jóvenes arrestados, uno de los cuales fue criado por la pareja presidencial, enfrentan cargos que conllevan una pena máxima de cadena perpetua, pero que por lo general conducen a sentencias de entre 20 y 30 años de cárcel.

Un acuerdo con la fiscalía —explica el artículo del Herald—podría conducir a una pena mucho menor, pero los testimonios y los datos que deben ser brindados bajo los acuerdos de cooperación deben ser muy valiosos, dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato.

"El caso que tiene la fiscalía contra los acusados es sumamente sólido. Tanto así que ellos están convencidos de que no necesitan una admisión de culpabilidad para conseguir una sentencia. De manera que lo que tienen los acusados que brindar tiene que ser sustancial para que ellos puedan conseguir el acuerdo", dijo la fuente con acceso a los detalles del caso y que pidió no ser identificada. "Ahora lo van a tener que decir todo. En los próximos días, ellos van a entrar en un proceso de armar todo un inventario del tipo de detalles que ellos pueden aportar para entonces allí proceder con las negociaciones", explicó.

Los atribulados sobrinos de la pareja presidencial ya habían aportados detalles adicionales durante conversaciones que sostuvieron con agentes de la DEA después de que fueron arrestados a principios de mes en Haití, al cabo de una operación encubierta de ocho meses donde los jóvenes fueron grabados en video negociando los 800 kilos de cocaína de alta pureza.

Al momento de su arresto, los venezolanos declararon que la droga pertenecía al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien es investigado por las autoridades estadounidenses bajo sospecha de que encabeza el denominado Cartel de los Soles, organización criminal que monopoliza el narcotráfico en Venezuela. Pero la versión fue desmontada rápidamente por los agentes, y los sobrinos presidenciales terminaron testificando que la droga pertenecía al gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami, quien también es investigado por las autoridades, según la información del Nuevo Herald.

Observadores consultados han señalado que las autoridades han logrado armar un caso muy sólido contra los dos jóvenes.

"Es devastador", señaló Félix Jiménez, quien llegó a ocupar el tercer puesto en importancia en la DEA antes de pasar a retiro, consultado por el periódico.

"Casi todas las conversaciones con ellos durante la operación encubierta fueron grabadas tanto en video como en voz. Si fue una reunión, esa reunión fue grabada en video, si fueron unas conversaciones por teléfono, esas conversaciones fueron grabadas. El caso es sumamente fuerte", explicó el exagente Jiménez.

Ante ese grado de evidencia, la única esperanza que podrían tener los jóvenes para reducir la condena sería cooperar con la fiscalía, para ayudar a enjuiciar a personas de mayor peso dentro de las operaciones de narcotráfico, dijo Jiménez.

Los nexos entre altos cargos del poder chavista y el narcotráfico no constituyen una novedad reciente. Un militar que integró la custodia personal del fallecido comandante Hugo Chávez, Leamsy Salazar, se prestó como testigo de la DEA para declarar sobre dichos nexos. Salazar refirió el papel del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como supuesto líder de una organización de narcotraficantes.

El propio Diosdado Cabello reaccionó con duras declaraciones tras hacerse pública la detención de los sobrinos del mandatario y su esposa.

"Yo no lo veo como una detención, en verdad, fue un avión a Haití, iba con seis personas y secuestraron a dos personas (…) el procedimiento fue totalmente irregular", dijo Cabello en una entrevista en la cadena Globovisión.

Cabello dijo que los arrestos buscan "tratar de hacerle daño a la campaña electoral y a la revolución (bolivariana)".

Lo cierto es que la resolución de esta resonante detención tendrá lugar recién 11 días después de la celebración de las elecciones legislativas.

Representantes del exilio venezolano en Miami (EE.UU.) señalaron ayer que el asesinato del opositor Luis Manuel Díaz es una "intimidación" del Gobierno de Nicolás Maduro a los votantes de la oposición a ocho días de las elecciones legislativas. "El asesinato a sangre fría de Díaz es una alerta, amenaza e intimidación para que la gente se quede en casa porque los oficialistas saben que están perdidos" en los próximos comicios, aseguró Carmen Giménez, presidenta de USA Refugees & Immigrants.

El Tribunal Supremo de Justicia venezolano declaró ayer la constitucionalidad de los decretos dictados por el presidente Nicolás Maduro que extienden por 60 días el plazo de estado de excepción en municipios de los estados venezolanos de Apure y Zulia, fronterizos con Colombia. Así lo decidió la Sala Constitucional, según expresa en un comunicado, en ponencia conjunta de las magistradas y magistrados que la integran, en las sentencias números 1545 al 1548.

Lilian Tintori, esposa del encarcelado opositor Leopoldo López, denunció que durante la campaña electoral tanto ella como miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) son víctimas de hostigamiento e incluso de un sabotaje al avión en el que viajaban. En una carta que publicó ayer el diario español "El Mundo", Tintori reitera que Maduro está ejerciendo "terrorismo de Estado" contra la oposición, y aclara que ella y sus colaboradores han sido "blanco de agresiones muy graves" durante la campaña. "El miércoles 25 de noviembre sufrimos dos atentados", relató la opositora en la misiva, en la que explica que el primero tuvo lugar en el aeropuerto de isla Margarita, cuando se disponían a realizar un acto de campaña y les "tuvieron retenidos por más de tres horas". Hasta allí, prosiguió, el equipo fue en dos aviones. "El segundo avión, donde venían seis miembros de nuestro equipo más el piloto, tuvo un fallo en los frenos al aterrizar, se salió de la pista y se incendió con los pasajeros dentro. Afortunadamente pudieron escapar del fuego, pero un experto consultado considera que el accidente fue producto de un sabotaje", denunció. Ese mismo día, recordó, fue cuando el opositor Luis Manuel Díaz fue asesinado durante un acto de campaña. "Sentí unos tiros, aproximadamente 10 y me lancé al piso, donde me salpicó la sangre y los casquillos de las balas", recordó. "Ante la censura, la persecución y el hostigamiento es crucial que el mundo sepa lo que estamos viviendo en Venezuela y el Gobierno sepa que está siendo vigilado de cerca y que no puede actuar impunemente mientras ejecuta terrorismo de Estado sobre activistas y líderes", argumentó. Tintori asegura que seguirá firme "hasta conquistar la victoria".

La crisis de Venezuela