LA CRISIS NO CEDE

Piden captura de Puigdemont y envían a prisión a sus ministros

El cesado presidente de Cataluña sigue refugiado en Bélgica; ayer criticó al “clan del 155”.

ANC convocó ayer una concentración frente al parlamento de Cataluña en Barcelona. Foto .Reuters
Jueza envía a prisión a 8 miembros del gobierno catalán

La justicia española dictó ayer jueves prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno catalán, sospechosos de sedición y rebelión, y pronto podría pedir a Bélgica la detención del cesado presidente independentista Carles Puigdemont.

La jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a la cárcel a ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado que acudieron ayer jueves a declarar a Madrid, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras. Sin embargo otorgó libertad provisional bajo fianza para el noveno, Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre, y que tendrá que pagar 50.000 euros para eludir la cárcel.

Para justificar la prisión a espera de juicio, la jueza alegó que existe riesgo de fuga, recordando el viaje de Puigdemont y parte de su gobierno a Bélgica .

"Los querellados jugaron un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudieran desviarles de su última finalidad", la declaración de independencia, indica el auto de la jueza.

La cuenta en Twitter de Junqueras publicó un mensaje en el que pidió: "Haced cada día aquello que esté a vuestro alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21 de diciembre", fecha de las próximas elecciones regionales.

Orden de captura.

Puigdemont y cuatro de sus ministros, todos destituidos, se encuentran en Bélgica y no fueron a Madrid a declarar por rebelión y sedición. El fiscal solicitó que se dicte una orden europea de captura contra ellos, sobre la que la jueza Lamela todavía debe pronunciarse.

La fiscalía solicitó específicamente que las órdenes de detención se dirijan a las autoridades de Bélgica. El escrito alega que Puigdemont y los cuatro consejeros hicieron caso omiso a reiteradas citaciones y llamadas telefónicas.

En la Audiencia Nacional estaban citados los 14 miembros del gobierno catalán depuesto y, en el Tribunal Supremo, seis diputados, entre ellos la presidenta del parlamento que aprobó la independencia, Carme Forcadell. Pero el juez del Tribunal Supremo aceptó la solicitud de la defensa de aplazar hasta el 9 de noviembre la declaración de los seis diputados.

Si Puigdemont es detenido en Bélgica, sería objeto de un proceso de extradición que podría hacer que no estuviera de regreso antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.

Aunque estos comicios fueron convocados por el gobierno de Mariano Rajoy tras asumir el control de la administración catalana, los principales partidos independentistas aceptaron participar.

"Supongo que forma parte de una estrategia judicial", dijo sobre la ausencia de Puigdemont la portavoz de su partido, el PDeCAT, Marta Pascal.

Los 20 (14 miembros del gobierno y seis del parlamento) estaban citados en calidad de investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos por su papel en la proclamación de la república catalana el 27 de octubre, a la que el gobierno central de Rajoy respondió con el cese del ejecutivo catalán y la disolución del parlamento. Se trata de delitos muy graves que pueden acarrear hasta 30 años de cárcel.

El antecesor de Puigdemont en el cargo, Artur Mas, que acompañó a los encausados hasta las inmediaciones de la Audiencia Nacional, dijo que la acción de la justicia española es contraproducente. "Si ustedes miran las encuestas más recientes, comprobarán que el sentimiento y la voluntad hacia la independencia de Cataluña está creciendo en nuestro país, en Cataluña. Y por lo tanto, insisto, ni tribunales ni violencia son la solución", dijo Mas.

En cambio, el delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, consideró que el ejecutivo catalán era el único responsable de su suerte. "Si durante todo este tiempo hubiera habido una actitud de la Generalitat de buscar un camino alternativo que no nos llevara a este callejón sin salida, seguramente no estaríamos en esta situación", dijo a TV3.

Desde Bruselas, Puigdemont condenó la prisión preventiva impuesta a sus colaboradores. "El legítimo gobierno de Cataluña encarcelado por sus ideas y por haber sido leales al mandato aprobado por el parlamento de Cataluña", escribió en la red social Twitter.

Puigdemont arremetió también contra "el clan furioso del 155" que según él desea la prisión de los miembros del que fuera su gobierno hasta el 27 de octubre. Tras la declaración unilateral de independencia, el Gobierno español aplicó el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad.

La crisis en Cataluña según The New York Times.

El diario The New York Times dijo ayer jueves en un editorial que la crisis política en Cataluña ha causado "un gran daño" a España y a esa región después de haber alcanzado un momento "que muchos temían".

En el editorial, que apareció ayer en su edición digital y es publicado en la impresa de hoy viernes, el Times hace un recuento de los hechos políticos que derivaron en la declaración unilateral de independencia de Cataluña y la respuesta del gobierno español para restaurar la legalidad.

Según el diario, la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de convocar unos comicios en Cataluña para el 21 de diciembre, tras asegurar el control político de esa región, ha derivado en que "los secesionistas se enfrenten a un dilema político". "Tienen que aceptar el control provisional de Madrid y comenzar su campaña rápidamente, o quedar fuera de una elección en la que potencialmente podrían mejorar su fuerza ante futuras negociaciones", añade el editorial, titulado "Cataluña se tambalea".

"Si los partidos políticos catalanes de hecho están preparados para participar en unas elecciones regionales, el señor Rajoy debería mostrar magnanimidad disculpándose por el comportamiento de la policía el 1° de octubre y prometiendo un mayor respeto por los anhelos nacionales catalanes", dice ese editorial. "La crisis ha hecho un gran daño a España y Cataluña", dice el Times.

El Barça pide diálogo y liberar a los secesionistas.

El FC Barcelona lamentó el envío a prisión de ocho miembros del destituido gobierno catalán investigados de sedición y rebelión, añadiendo que este tipo de actuaciones "no contribuyen a construir caminos de diálogo".

"El FC Barcelona lamenta los encarcelamientos dictados hoy (por ayer) por la Audiencia Nacional, y expresa su solidaridad con los afectados y sus familias", afirmó el club azulgrana en un comunicado. El Barça "considera que actuaciones como estas no contribuyen a construir los caminos del diálogo y el respeto que siempre hemos defendido como entidad".

"Ante la excepcionalidad de la situación actual, el FC Barcelona hace un llamamiento a la serenidad y reitera, una vez más, su compromiso con las libertades y los valores democráticos, para construir puentes que ayuden a resolver este conflicto de manera consensuada, pacífica y política", concluye la nota divulgada ayer por el club azulgrana.

El Barcelona ya se había posicionado anteriormente en favor del diálogo para resolver la crisis catalana, y el pasado 21 de octubre, el presidente del club, José María Bartomeu, había mostrado su "apoyo absoluto" a las instituciones catalanas.

EL ABOGADO DE PUIGDEMONT.

Especialista en asilo político.

El abogado elegido por el destituido Carles Puigdemont para representarle en Bélgica, Paul Bekaert, es un especialista del derecho de las minorías acostumbrado a defender a etarras.

"Tengo una experiencia de más de 30 años con la extradición y el asilo político de los vascos españoles y, probablemente debido a esa experiencia, recurrió a mí", declaró Bekaert a la televisión flamenca VRT. Entre sus clientes figuran varios miembros de ETA que solicitaron asilo político en Bélgica.

En 2004, Bekaert logró impedir la extradición de una pareja belga de origen vasco, Luis Moreno y Raquel García, lo que provocó una pequeña crisis diplomática entre Bélgica y España.

Un hecho que lo marcó fue el "caso Lovaina", en los años 1960, uno de los grandes momentos de tensión entre francófonos y flamencos en la historia de Bélgica.

Los nacionalistas flamencos habían exigido el cierre de la universidad de Lovaina, situada en una región de habla flamenca, que en 1968 había sido dividida en dos entidades independientes: una flamenca, con sede en Lovaina, y otra francófona, construida en Lovaina la Nueva, del otro lado de la frontera lingüística. El joven Paul Bekaert estuvo muy activo en ese momento, cuenta su hijo Simon. "Pero él no es separatista, ni nacionalista. Es favorable a que las regiones belgas dispongan de mucha autonomía", explica.

Nacido en Cortrique, cerca de la frontera francesa, en 1948, Bekaert pasó su infancia en Meulebeke (Flandes occidental), antes de instalarse en Tielt, una ciudad media donde todavía se encuentra su bufete.

Colgado en una pared del despacho de Bekaert figura un facsímil de la primera página del diario francés LAurore con el artículo "Yo acuso..." de Émile Zola sobre el caso Dreyfus. "Eso lo caracteriza bien", dice su hijo. AFP

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