La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó ayer que continuará en el cargo para el cual fue elegida en 2014, jaqueada por una crisis política y ante especulaciones sobre su presunta intención de presentar la renunciar.

"Soy una persona que aguanta la presión y las amenazas. Tengan la seguridad de que honraré el voto que me dieron, sé que este es la fuente de legitimidad, nadie va a quitar esa legitimidad que me dio el voto", afirmó.

"Yo respeto a la democracia de mi país, yo sé lo que es vivir en una dictadura, por eso respeto a la democracia y al voto", prosiguió Rousseff.

Por su parte el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, desmintió "categóricamente" las versiones sobre la presunta redacción de la carta de renuncia de Rous-seff y aseguró que ella continúa garantizando la "gobernabilidad" pese a la inestabilidad política. El presidente del opositor partido Demócrata, senador José Agripino Maia, opinó que Rousseff "ya no tiene el control del gobierno" y que la disparada de la inflación, que ayer llegó al 9,56% anual, es resultado, afirmó el dirigente, de su "falta de credibilidad" ante los mercados.

Por su parte el vicepresidente, Michel Temer, afirmó ayer que continuará comandando la "articulación política" del gobierno, saliendo al cruce de rumores sobre su alejamiento de esa función tras especulaciones sobre su aproximación con grupos afines al "impeachment", el juicio político.

El pasado miércoles Temer declaró que la "crisis es grave" y propuso que surja alguien capaz de tomar el control de la situación, lo cual fue interpretado por algunos como una autopostulación para asumir el gobierno en caso de que Rousseff deje la Presidencia de la República, cargo para el cual fue reelecta en octubre de 2014.

En medio de este escenario político convulsionado el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña convocó oficialmente a la marcha por el juicio político prevista para el domingo 16 de agosto. Fue la primera vez que la agrupación del excandidato presidencial Aécio Neves adhiere formalmente al movimiento por la salida de Rousseff, que hasta ahora no aceptaba partidos políticos.

Ante la creciente tensión política y el riesgo de quiebra institucional Rousseff analizó junto a sus colaboradores una reforma en el gabinete de ministros y una de las posibilidades barajadas es el nombramiento de Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente entre 2003 y 2011 y líder del Partido de los Trabajadores (PT).

De acuerdo con lo publicado también ayer por el grupo O Globo el exgobernante podría ser designado al frente de la cartera de Defensa, en la que ahora se desempeña el dirigente petista Jaques Wagner, o la Cancillería, comandada por el diplomático de carrera Mauro Vieira, exembajador en EE.UU. y Argentina.

Junto a la eventual designación de Lula el gobierno planea una ronda de consultas con los "Barones del PIB", grupo en el que están contemplados los ejecutivos de la compañía siderúrgica Gerdau, el banco privado Bradesco, que acaba de adquirir a la filial brasileña de HSBC, y el grupo de supermercados Carrefour.

Los cabildeos en torno de la nominación de Lula y la reaproximación con grandes empresarios serían dos iniciativas para capear la mala imagen del Poder Ejecutivo y recuperar fuerzas para aventar el fantasma del juicio político.

Lula da Silva se reunió ayer en San Pablo con el ministro jefe de la Casa Civil, Aloízio Mercadante, y el titular de la cartera de Comunicaciones, Edinho Silva.

Ocurre que el gobierno es reprobado por el 71 por ciento de los brasileños, y la mandataria cuenta con solo el 8 por ciento de respaldo, de acuerdo con una encuesta publicada el pasado jueves por el instituto Datafolha.

Ese mismo sondeo señala que el 66 por ciento comparte la idea de realizar un juicio político contra la mandataria petista.

Los impulsores del juicio político son, principalmente, el jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño, y el senador Aécio Neves, derrotado por estrecho margen por Rousseff en las presidenciales del año pasado.

Uno de los motivos ponderados por Dilma para convocar a Lula es, según dicen allegados al gobierno, que el exmandatario cuenta con buena interlocución en el Congreso, lo que podría limar aristas entre el Ejecutivo y el Judicial.

Además, señalan analistas, la nominación de Lula da Silva le garantizaría el foro privilegiado con lo cual gozaría de inmunidad jurídica que impediría sea detenido por el juez a cargo de la causa "Lava Jato" que investiga la corrupción en Petrobras.

En el marco del proceso "Lava Jato" esta semana fue detenido José Dirceu, quien entre 2003 y 2005 fuera el hombre fuerte del gabinete de Lula. La Procuraduría Federal denunció a Dirceu como uno de los arquitectos de esa trama de sobornos y contratos sobrefacturados en perjuicio de Petrobras, que sufrió pérdidas estimadas en 2.000 millones de dólares.

Este giro llega horas después del gigantesco "cacerolazo" con que el público acogió la televisación de un mensaje dirigido por la presidenta y Lula. Cacerolas, petardos, cornetas y gritos de "Fuera Dilma" se oyeron en São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Recife, Salvador, Florianópolis y otras grandes ciudades del país durante los diez minutos que duró el programa del PT, trasmitido en cadena nacional de radio y televisión. Los mismos grupos que promovieron la protesta sonora en todo el país, impulsan ahora una manifestación para el próximo 16 de agosto.

Los retiros de las cuentas de ahorros de los brasileños en los siete primeros meses del año superaron los depósitos en 40.990 millones de reales (unos 11.711,4 millones de dólares), valor récord para el período, informó el Banco Central. La pérdida de los ahorros de los brasileños en los siete primeros meses de este año casi dobla el saldo positivo del año pasado, cuando los depósitos superaron los retiros en 6.865,7 millones de dólares.

La situación no está fácil y la crisis ya llegó a nuestras casas", pero garantizó que esta "no es la peor crisis" por la que ha pasado el país. Según Lula, Brasil cuenta con "todo para tener un futuro mejor que este presente y mucho mejor que su pasado".

Nunca aceptaré los intentos por apuntarme como el conspirador detrás del juicio político de la presidenta Dilma Rousseff", escribió Cunha. "He reiterado que las impugnaciones no son un recurso para los que pierdan una elección", agregó en alusión a Aécio Neves.

Según el vicepresidente, los partidos tienen que unirse para aprobar el ajuste fiscal con que el Gobierno intenta equilibrar las cuentas públicas y sacar a flote la economía, que el año pasado solo creció un 0,1% y este año puede sufrir una contracción del 1,8%.

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